Después de una repercusión escasa al cese de comercialización de la semana pasada, la Mesa de Enlace se declaró en estado de alerta, asamblea y movilización. Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro evaluaron ayer el resultado de ese lockout e indicaron que si “no se normaliza el mercado de trigo”, seguirán con las protestas. En este sentido realizarán un seguimiento diario del precio que reciben los productores trigueros. Por otro lado, Eduardo Buzzi, titular de FAA, calificó el cese de comercialización como “exitoso”, aunque aclaró que hubo algunos movimientos de granos. Tal como reveló Página/12 en su edición del sábado pasado, durante los primeros tres días del lockout se comercializaron en el circuito interno 640.302 toneladas de trigo y más de un millón si se tienen en cuenta el resto de los cultivos. Por su parte, Biolcati volvió a denunciar la existencia de cupos para la exportación en beneficio de los “grandes exportadores”, mientras que Carlos Garetto, presidente de Coninagro, reconoció ante este diario que la Asociación de Cooperativas Argentinas, empresa vinculada con su entidad, no paga el precio pleno a sus productores.

Los dirigentes agropecuarios realizaron una reunión para evaluar su primer lockout de 2011. La semana que viene volverán a reunirse y podrían anunciar nuevas medidas de protesta. Según indicó el presidente de FAA al término del encuentro, la Mesa de Enlace armará un observatorio de precios para controlar que los productores reciban el FAS Teórico, es decir el precio pleno del trigo con el descuento de las retenciones. “El Gobierno dice que se paga el precio pleno a partir de un acuerdo con molinos y exportadores. Ayer (por anteayer) y hoy (por ayer) hubo un poco más de movimiento pero hay que controlar que se cumplan los anuncios”, indicó Mario Llambías, titular de CRA.

–¿Por qué ACA, que es una empresa vinculada con Coninagro, no les paga el precio pleno a sus productores?–preguntó este diario a Garetto.

–Del total que se produce, sólo 500.000 toneladas son para la exportación. Después hay 2,5 millones de toneladas que son para el mercado interno y ahí hay que trasladarles a los productores el precio que se encuentra en el mercado.

–¿Pero como sistema cooperativo no deberían pagarles a sus productores el precio que reclaman? –repreguntó este diario.

–Donde se puede pagar el precio pleno, se paga –respondió el dirigente de Coninagro.

La Mesa de Enlace pretende modificar el esquema de seguridad alimentaria fijado por el Gobierno. “El mercado interno necesita sólo 4 millones de toneladas, no 7 millones. El saldo de la seguridad alimentaria es también el saldo para el negocio de los exportadores y molinos. En realidad les dan la seguridad del negocio a empresas como Cargill”, indicó Buzzi, sin exhibir más prueba que sus palabras. Así coincidió con su compañero de ruta, Hugo Biolcati: “No hay competencia y hay cupos manejados en la Asociación de Exportadores con la anuencia de (Guillermo) Moreno”.

–¿Por qué los productores no denuncian formalmente los problemas para comercializar su producción? –preguntó Página/12 a Biolcati.

–Cuando después de mendigar para que les compren su producción y encuentran a alguien, el productor no denuncia, vende. Yo no tengo que denunciar a nadie. De eso tiene que ocuparse la AFIP o la Oncca –respondió el titular de la Sociedad Rural.

Las entidades volverán a verse las caras el próximo martes. Buzzi afirmó que “la pelota está otra vez del lado del Gobierno”. En este sentido, Biolcati intentó ser premonitorio. “El Ejecutivo dice que seguirá garantizando el mercado interno, que no se correrá de ahí. Eso fue lo que originó el conflicto y si no se cambia el esquema, seguiremos con el conflicto”, indicó el ruralista. En el menú de opciones de la Mesa de Enlace, siguen manejando otro cese de comercialización o medidas más simbólicas aún, como el uso de granos para pagarles a sus acreedores o realizar campañas publicitarias.

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