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La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, cuestionó a la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s por la reciente baja de la nota de las emisiones de deuda de la economía griega. La agencia disminuyó la calificación de BB+ a BB y llevó la de Portugal a BBB-. Ambas situaciones reflejan, de acuerdo con los parámetros de S&P, una merma en la credibilidad y la solvencia de esos países. Esas consideraciones fueron rechazadas por las autoridades de la debilitada Zona Euro: “Tenemos nuestras dudas y críticas sobre la forma en que funcionan las calificadoras de riesgo”, esbozó a manera de defensa el portavoz de la Comisión Europea luego de asegurar que la degradación en la nota de Grecia, que la deja por debajo de países como Egipto, no refleja la situación del país mediterráneo.

A pesar de los reiterados reclamos internacionales para reestructurar los sistemas de regulación financiera, las tres compañías calificadoras de riesgo más poderosas del mundo –Fitch, Moody’s y S&P– continúan evaluando sin controles o estándares mínimos de calidad el “riesgo” de las emisiones soberanas de deuda, títulos corporativos y distintos activos financieros. La baja en la estimación del riesgo de los títulos de Portugal y Grecia no sólo estimula la inestabilidad financiera en esas economías sino que agrega presión para que esos países profundicen sus compromisos de ajuste fiscal y su dependencia de los paquetes de rescate que ofrecen los organismos financieros internacionales.

En tanto, tres años después del estallido, el Fondo Monetario Internacional publicó ayer un breve documento técnico donde utiliza complejas estimaciones matemáticas para descubrir que una baja en la calificación agrega una cuota significativa de inestabilidad en los mercados financieros y la economía de los países europeos periféricos como Grecia, Portugal, España o Irlanda durante la actual crisis estructural de la Eurozona.

Aunque reconoce los efectos negativos sistémicos de una baja en la nota sobre las economías europeas –sobre esos países se basa el estudio–, los investigadores del FMI concluyen que los hacedores de política de los distintos países deben “actuar preventivamente, comunicando para disipar las dudas sobre lo que los participantes del mercado perciben como una debilidad y, además, deben estar preparados para enfrentar la posible inestabilidad en el sector bancario y el no financiero a través de un plan de contingencia”. Finalmente, los autores del estudio arriesgan que “como la inestabilidad puede provenir de la existencia de regulaciones basadas en las agencias calificadoras, los hacedores de política deberían revisar si es apropiado utilizar esas agencias en la regulación de los mercados”.