El Poder Ejecutivo le reclamó ayer al Congreso de la Nación que brindara su apoyo a la sanción de la ley contra el lavado de dinero, para cumplir con los tiempos comprometidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Si no se aprueba, el que será sancionado es el Estado argentino y no el Poder Ejecutivo”, expresó el ministro de Justicia, Julio Alak, en referencia al riesgo de que el GAFI coloque al país en la lista de “no cooperantes”, que supone una seria descalificación ante los inversores extranjeros.

El proyecto respectivo, enviado por el Ejecutivo al Congreso a mediados del año pasado, sigue sin dictamen de comisión ni fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. En diciembre pasado se designó a un grupo de expertos, a pedido de la Comisión de Legislación penal, a fin de limar las diferencias y avanzar con un proyecto de ley unificado. Las conclusiones de dicho grupo se plantearon ante la comisión el pasado 15 de marzo, pero a partir de ese momento no se dieron más pasos para la definición del tema.

El trabajo de los profesionales presentaba una posición de consenso sobre la necesidad de tipificar el lavado como un delito autónomo. En cambio, mantuvieron las diferencias respecto de las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, instruyó ayer a su jefe de Gabinete y al ministro de Justicia para que insistan ante el Congreso para que la ley se vote cumpliendo los plazos comprometidos con el GAFI, del cual Argentina es miembro pleno junto a otros 35 países. El reclamo ya había sido enunciado en oportunidad del discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del año.

“La Presidenta nos instó a aprobar el proyecto para que Argentina no sea incluida en un listado de países no cooperantes. Por eso necesitamos que la oposición acompañe con su voto, porque el que va a ser condenado no es el Poder Ejecutivo sino el Estado argentino”, advirtió Alak. En el encuentro con la primera mandataria y en la posterior conferencia de prensa en Casa de Gobierno también estuvieron presentes los jefes de bloques del oficialismo, el diputado Agustín Rossi y el senador Miguel Pichetto.

Argentina está siendo actualmente examinada por el GAFI en lo que respecta a la adecuación de su legislación para combatir nuevos tipos de delitos, relacionados con las transferencias de dinero y encubrimiento de operaciones para posibilitar el lavado de activos ilícitos. Alak señaló que el Estado argentino “debe fortalecer la estructura para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” y que en esa línea fue elaborado el proyecto de ley enviado en junio pasado al Congreso, tal como lo recomendara el GAFI.

“Vamos a insistir en el Congreso para que se cumplan los plazos previstos y se dé una sanción definitiva en mayo”, señaló Aníbal Fernández. Durante la conferencia, los representantes del Ejecutivo reclamaron también un mayor compromiso de parte de la Justicia. Alak reveló que la Unidad de Información Financiera elaboró 10.300 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales casi un millar terminaron en presentaciones ante los tribunales. “Sólo se obtuvo una condena”, de la cual resultó afectada una parrilla de la provincia de Córdoba, constituida como “miniempresa familiar”. Para el ministro, el compromiso de la Justicia en la lucha contra el lavado “es una asignatura pendiente”.