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Producción: Tomás Lukin

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Un análisis clasista

Por Mariano Féliz *

El debate sobre la inflación se asienta sobre el supuesto de que es un problema que “afecta a la sociedad”, que genera un impacto parejo a toda “la gente”. Como suele ocurrir, esta forma de ver la cuestión deja de lado el hecho de que la sociedad está compuesta de diferentes estratos, sectores y clases sociales y que la inflación –como cualquier otro proceso de naturaleza económico-social– no los involucra de igual manera.

La inflación es primero y ante todo la manifestación del conflicto de clases por el control social del proceso de producción y apropiación de la riqueza. Esa disputa entre el conjunto del pueblo trabajador y las clases dominantes puede manifestarse en determinadas condiciones en una dinámica de precios crecientes. Por esto queda claro que la inflación es un fenómeno estrictamente ligado a las decisiones empresariales de incrementar sistemática y sostenidamente sus precios y pone a las empresas formadoras de precios –las más grandes y concentradas en rama– como las primeras responsables y beneficiarias de la misma. Subir los precios de sus mercancías les permite bajar la participación de los salarios en el valor creado y diluir parte de sus costos. Este es, además, un mecanismo privilegiado para financiar sus inversiones al bajo costo de depreciar la fuerza de trabajo en lugar de –por ejemplo– contraer el consumo suntuario de propietarios y gerentes del capital.

Lo anterior significa que los trabajadores son los primeros perjudicados por la inflación. Ahora bien, dentro del pueblo trabajador no todos están en la misma posición a la hora de desplazar el impacto de este fenómeno. Por un lado, los trabajadores del sector privado con empleo formal y fuerte organización sindical son quienes mejor equipados están para trasladar el efecto real de la inflación sobre sus ingresos. Esto no quiere decir que siempre lo logren, pero al menos están en mejores condiciones objetivas de hacerlo. Por otro lado, quienes se encuentran empleados en condiciones más precarias son claramente más afectados por la inflación que el primer grupo. Sus posibilidades de negociar recuperaciones en su poder de compra frente al aumento de los precios son mucho menores y tardías.

Por último, los principales perjudicados por la inflación son un conjunto fuertemente heterogéneo en términos de clases, lo cual configura una situación paradójica. Quienes reciben beneficios sociales fijos y quienes tienen activos financieros son los principales afectados por el crecimiento en los precios. Mientras los primeros enfrentan al Estado que paga esos beneficios sin ajuste o indexación, los otros son propietarios de activos de precio fijo que pierden valor sistemáticamente con el aumento general de los precios. El economista polaco Kalecki señalaba la singular contradicción latente que existía entre el tándem capital productivo-trabajo (formal) y los sectores rentistas (capital financiero).

En este contexto, se entiende por qué el conjunto de los sectores capitalistas pueden acordar en sus demandas por contener las exigencias salariales. Un freno al aumento de los salarios facilitaría la generación no inflacionaria de fondos para inversión productiva garantizando simultáneamente la valorización del capital en su forma financiera. Esta es la salida con más consenso entre las clases dominantes pues las otras opciones los enfrentan diametralmente. Por un lado, la estrategia de apreciación del tipo de cambio privilegiada por los sectores financieros ataca la inflación cargando el peso del ajuste sobre las empresas que exportan o compiten con las importaciones, quienes deberán a su turno encarar una disputa abierta contra las demandas de sus trabajadores. La alternativa del ajuste del gasto público asume que la inflación es provocada por el exceso de demanda, en particular provocado por una política fiscal sobreexpansiva. En tal sentido, los sectores financieros exigirán contener el gasto público en aquellos rubros no financieros, mientras los sectores del capital productivo privilegiarán la caída del gasto social o el gasto en salarios de los trabajadores estatales frente a otros gastos que los benefician directa o indirectamente (como subsidios u obra pública). Este podrá ser el punto de acuerdo –parcial– entre ambas formas del capital: atacar el gasto social o en salarios públicos como formas de cargar sobre una parte del pueblo trabajador el efecto inflacionario de la incapacidad empresarial de sostener la inversión sin depresión salarial.

Frente a la disyuntiva planteada por las clases dominantes las alternativas son varias, pero entre ellas se destacan algunas. Primero, atar los beneficios sociales a las negociaciones salariales de manera de evitar su desvalorización. Segundo, poner en discusión el peso del consumo suntuario y su rol improductivo. Tercero, avanzar en el control social de la producción de forma de poner en manos del conjunto del pueblo la información y los instrumentos para la orientación de la inversión y el consumo.

* Investigador del Conicet. Profesor de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

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Moderar incrementos

Por Emiliano Libman *

Aunque desconocemos a cuánto asciende la tasa de inflación, como es de público conocimiento tras la intervención del Indec, la cifra real es mayor que las oficiales. Para este año en las paritarias se negocia entre 20 y 30 por ciento de aumentos. Aunque la inflación puede ser bastante volátil, es sensato esperar que, de no mediar alguna sorpresa desagradable como puede ser otro shock en los precios internacionales de las commodities, la cifra se ubique dentro de dicho rango.

¿Es un número preocupante? No de acuerdo con los patrones de nuestra historia, ya que nuestro país supo convivir con tasas hasta 100 veces mayores. Tampoco es, como se suele afirmar, un grave problema en términos distributivos. No es claro que la inflación afecte siempre a los más pobres, particularmente en una economía que crece fuerte impidiendo que los sectores empleados pierdan poder de compra y en la que existen medidas muy concretas que han paliado sus efectos sobre los sectores más marginados, por ejemplo la Asignación Universal por Hijo.

¿Por qué importa la inflación en la Argentina de hoy? El verdadero problema aparece a la hora de cotejarnos con nuestros vecinos; no porque una comparación con los países “serios” nos ubique entre los “parias” de la economía global, planteo bastante recurrente entre los críticos de la actual gestión, sino porque es al compararnos con nuestros competidores en el mercado mundial en donde pueden aparecer los problemas que suelen ser de los más graves: los externos.

Ciertamente, el peso no está tan apreciado en términos reales debido a que nuestros vecinos, por caso Brasil y Chile, han dejado que la cotización del dólar descienda en sus respectivos mercados de cambio. Pero el ritmo que vienen exhibiendo los aumentos de precios argentinos y la dinámica casi estática de nuestra moneda nos indican que a futuro pueden surgir tensiones. Tarde o temprano habrá que hacer algo: o se estabiliza la inflación o se indexa el tipo de cambio nominal.

Visto esto, ¿por qué el Gobierno no parece optar entre alguna de las opciones? La alternativa concreta para bajar la inflación consiste en dejar apreciar el peso en términos reales. En países como el nuestro, donde el tipo de cambio sigue siendo una de las variables de control con mayores impactos directos sobre la dinámica de los precios, el empleo y el sector externo, una apreciación real puede ocasionar problemas graves.

Bajar la inflación impone un costo que es difícil de medir a corto plazo, cuando entre los efectos de la apreciación real –que ha acompañado las experiencias de estabilización– se encuentran episodios de aceleración del crecimiento. En contraste con episodios como una hiper, donde son claros los perjuicios que se producen y se forma consenso en torno de la necesidad de estabilizar la economía, actualmente la inflación no parece imponer costos directos sobre la marcha de la economía, y al ser el costo difuso el consenso antiinflacionario no está del todo articulado.

¿Y la opción de indexar el tipo de cambio? En términos históricos, indexar el tipo de cambio implica perpetuar tasas de inflación como la actual o incluso superiores, sin necesariamente lograr los beneficios de una política de “tipo de cambio competitivo”, como la utilizada con bastante éxito hasta la fecha. Esta opción, si no se complementa con políticas industriales, tiene los riesgos de generar a la larga únicamente tensiones inflacionarias.

La alternativa “óptima” consistiría en lograr acuerdos que posibiliten un ritmo de incrementos más moderado, logrando un tipo de cambio que posibilite sustituir importaciones y promover exportaciones, sin afectar el salario de los trabajadores. El mix de políticas que permiten esto es algo discutible: las opiniones oscilan entre sólo acuerdos de precios y salarios o la restricción fiscal y monetaria “pura”, encontrándose quienes enfatizan un mix de ambos. Confesando no saber la respuesta al problema, tengo una única certidumbre sobre este tema: el éxito de un plan antiinflacionario requiere como ingrediente sí o sí acuerdos sectoriales y políticas de ingresos. Sin ellos los remedios tradicionales provocan resultados indeseables. Durante 2009 asistimos a una brutal contracción de la demanda agregada y el efecto no fue una estabilización de los precios. Resulta menos claro en qué medida son posibles procesos de estabilización exitosos que no impliquen gestionar la demanda agregada; vale decir, simplemente con políticas de ingresos y acuerdos sectoriales.

De cualquier forma, está claro que el desafío es lograr un control de inflación que no implique una fuerte apreciación real ni una fuerte contracción del nivel de actividad. ¿Por qué es difícil esto? Cualquier economista debería ser educado para ofrecer siempre una respuesta de este tipo: “Las políticas económicas siempre tienen algún costo o dificultad de implementación y favorecen a un sector de la sociedad en desmedro de otro”. Por esta razón incluso ante las disyuntivas más obvias puede observarse una paradójica inacción por parte del sector público.

* Economista de Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentino (Aeda).