El secretario general de la Federación Argentina de Petróleo y Gas, Alberto Roberti, designó ayer a Carlos Flaquier al frente de la seccional de Santa Cruz para que avance con la normalización del gremio. La decisión se tomó luego de que la Justicia suspendiera el viernes a la comisión directiva, debido al enfrentamiento que mantienen entre sí los referentes locales del sindicato y que había llevado a la fracción disidente a interrumpir la producción de crudo en la provincia. El mismo viernes, luego de que se conociera la decisión judicial, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había nombrado a Roque Vitale para que garantice el normal funcionamiento del gremio. Sin embargo, fuentes de la cartera explicaron ayer a Página/12 que lo habían hecho hasta que la Federación tomara cartas en el asunto y, ahora que lo hizo, Vitale permanecerá en la provincia sólo para colaborar con Flaquier en lo que haga falta. Resta esperar la reacción del destituido Héctor Segovia, quien ayer se “acuarteló” en la sede de la entidad en rechazo a la intervención ordenada por la Justicia.

El conflicto comenzó el 1º de abril cuando el entonces titular del gremio, Héctor Segovia, negoció un aumento salarial de 23 por ciento que se introducirá en cinco cuotas de 5000 pesos cada una. Otro sector, encabezado por el Nº 2 del gremio, Rubén Retamoso, cuestionó la legitimidad del acuerdo y reclamó la renuncia de Segovia para poder realizar una nueva negociación paritaria. Para presionar, los disidentes paralizaron la producción de crudo en el norte de Santa Cruz, donde operan YPF, Pan American Energy y Occidental. En esos yacimientos se produce cerca del 20 por ciento del petróleo del país. Por lo tanto, rápidamente la atención estuvo puesta en Santa Cruz.

A medida que pasaron los días, la tensión fue subiendo y comenzó a estar más cerca la posibilidad de que se registren faltantes de combustible a nivel nacional. El ministerio había declarado la conciliación obligatoria e incluso amenazado con dejar a las empresas en libertad de acción para que procedieran con los despidos correspondientes. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores mantuvo su postura y, a fines de la semana pasada, lo único que reclamaban para levantar el paro era la renuncia de Segovia. En el ministerio habían intentado establecer distintos canales de diálogo entre las partes, pero su margen de acción se había reducido porque el conflicto estaba planteado exclusivamente como un enfrentamiento interno del sindicato y ya no como un reclamo salarial.

En ese momento intervino la Justicia. El juez de instrucción, Mario Albarrán, suspendió a los máximos dirigentes del gremio. “La comisión directiva no escucha a sus afiliados, además no se acatan las resoluciones del Ministerio de Trabajo. En procura de la paz social, es necesario intervenir mínimamente y provisoriamente en la vida sindical del gremio”, sostuvo el magistrado, quien le pidió a la Federación y al Ministerio de Trabajo que se hicieran cargo de la situación.

El ministerio designó en ese momento a Roque Vitale para que garantice el funcionamiento del gremio porque desde la Federación no se habían pronunciado, pero ayer Alberto Roberti nombró a Flaquier. La intervención de la cúpula nacional del sindicato le quita presión al ministerio, que no quería aparecer terciando en una interna gremial. De este modo, es la propia conducción sindical la que toma cartas en el asunto a pedido de la Justicia para llevar orden y poner freno al enfrentamiento entre sus referentes locales, los cuales ayer se mantenían en pie de guerra en Santa Cruz.

Trabajadores petroleros que responden al jefe provincial del sindicato, Héctor Segovia, tomaron ayer la sede del gremio en Caleta Olivia y se mostraron dispuestos a resistir la intervención encabezada por los delegados normalizadores enviados por el Ministerio de Trabajo nacional. “Vamos a defender nuestro sindicato a como dé lugar; no vamos a usar armas de fuego, pero si hay que poner lo que hay que poner para defenderlo, lo vamos a poner”, aseguró ayer Luis Cárdenas, uno de los dirigentes suspendidos. Habrá que ver si mantienen su postura ahora que el “interventor” no es un hombre del ministerio sino de la propia Federación.