El radicalismo frenó el primer debate sobre el proyecto del Ejecutivo que pretende regular la venta de tierras a extranjeros. La legisladora Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), titular de la Comisión de Legislación General, había convocado para el jueves a una reunión plenaria con las comisiones de Agricultura, a cargo del radical Juan Casañas, y Asuntos Constitucionales, dirigida por la peronista federal Graciela Camaño. Sin embargo, el radical afirmó a Página/12 que no accederá al tratamiento conjunto y que sólo iniciará el debate cuando la Comisión de Legislación General emita un dictamen. “Queremos sacar este proyecto, pero a mí no me van a manejar ni los tiempos ni la comisión”, señaló Casañas.

Todos los proyectos de ley que tienen giro a varias comisiones deben tratarse en reuniones plenarias. Esto es lo que marca el reglamento de la Cámara de Diputados, aunque en la práctica no siempre ocurra. “Los temas que tienen algún grado de complejidad política los tratamos en plenarios. Así lo marca el reglamento y es lo recomendable para tener una mirada completa sobre un tema complejo como es la ley que regulará la tenencia de la tierra en manos extranjeras”, afirmó a este diario un legislador cercano al oficialismo. Como caso testigo está el tratamiento de la resolución 125, que abarcó varias comisiones por la complejidad del tema.

El plenario fue convocado hace dos semanas. El primer encuentro estaba pautado para el pasado jueves 2 de junio, pero como la Comisión de Agricultura tenía previsto sesionar en el interior del país, Ibarra decidió postergarlo una semana. Sin embargo, Casañas nunca se comunicó con la diputada de Nuevo Encuentro para decirle, finalmente, cuál sería su actitud. “(Ricardo) Alfonsín y (Ricardo) Gil Lavedra quieren sacar este proyecto, yo quiero aprobarlo, pero cada comisión marca el tiempo que necesita. Una vez que Ibarra saque su dictamen, nosotros vamos a tardar a lo sumo entre una y dos semanas”, agregó Casañas, quien mañana presidirá una reunión de comisión con la Mesa de Enlace para analizar el mercado del trigo y maíz.

La iniciativa del Ejecutivo establece que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional y una misma persona no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. Por otro lado, establece que la compraventa de tierras no podrá considerarse como una inversión. Ayer el PRO presentó su propia iniciativa, que como diferencia central establece que la comercialización de los inmuebles rurales debe estar comprendida por los alcances de la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382).

El plenario previsto para este jueves iba a contar con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el abogado Eduardo Barcesat, quien trabajó en la letra fina de la iniciativa. Sin embargo, por temas de agenda, el funcionario ya había comunicado su decisión de reprogramar el encuentro. Así y todo, la intención de Ibarra era continuar adelante con la reunión para instalar el tema públicamente. Sin embargo, la decisión de Casañas de no asistir a un plenario de comisiones podría modificar tanto la estrategia del oficialismo como la de la propia Comisión de Legislación General.

[email protected]