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En la Ciudad de Buenos Aires, el reconocimiento y la plena vigencia del Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, están garantizados por la Constitución de la Ciudad, los tratados internacionales que ésta incorpora y por las leyes nacionales y locales vigentes. Allí se fijan con claridad las obligaciones negativas que el Gobierno de la Ciudad tiene (aquello que no debe hacer, a fin de evitar violaciones), así como las positivas, es decir, aquello que debe hacer para lograr la plena materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, durante los cuatro años que Mauricio Macri ha pasado en el Palacio Municipal, se observa una sistemática política de desjerarquización, desatención y recorte al conjunto de políticas, programas y recursos destinados a niños, niñas y adolescentes. Contrariamente al slogan “Prioridad 1: los niños”, proclamado por la publicidad oficial, la política implementada evidencia falta de interés y desprecio por lo público, y ha debilitado el Sistema de Protección Integral de la Ciudad de Buenos Aires. La acción del actual gobierno porteño se caracteriza por un modo de intervención estatal subsidiario, asistencialista, regresivo y negligente en materia de políticas de infancia y adolescencia.

Desde el punto de vista presupuestario, este rol subsidiario se verifica en la creciente participación de las transferencias al sector privado en la composición presupuestaria de los programas. El desinterés se traduce en la subejecución del gasto y en la acción mínima como auxiliar de la Justicia ante los fallos de ésta que obligan a intervenir al gobierno, sin importar las sanciones a los propios funcionarios del gobierno: prefieren pagar multas, antes que corregir su política.

Hay que recordar el fallo contra el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por incumplimiento de la obligación de asegurar acceso a la educación de nivel inicial a niños y niñas de la Ciudad. También, la multa diaria impuesta al ministro Esteban Bullrich por no proveer transporte escolar a chicos de la Villa 31 y 31 bis. Por último, el fallo que impidió la construcción de un muro en el predio Puerto Pibes (donde funciona un programa de recreación para chicos en situación de vulnerabilidad, un jardín de infantes y una escuela primaria) y evitó la instalación de una sede de la Policía Metropolitana en dicho lugar.

La situación actual evidencia la puesta en práctica de una ideología que se traduce en el deterioro del conjunto de los mecanismos orientados a la efectivización de los derechos de la infancia y en el menosprecio por los principios constitucionales que los consagran. Al respecto, una de las políticas destacadas del ministerio a cargo de la ahora candidata a vicejefa de Gobierno, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en hogares, no sólo incumple los principios establecidos en la Ley Nacional 26.061 y en la Ley de la Ciudad 114, sobre el carácter excepcional de dicho alojamiento, sino que además registra importantes irregularidades en materia de procedimiento, de garantías y de control de las medidas de protección especial, que dieron lugar a diversas presentaciones y recursos de amparo por parte del Ministerio Público. En lo que hace a la garantía de derechos fundamentales, se reiteran de manera sistemática graves omisiones en materia de reglamentación y aplicación efectiva de las leyes de Salud, de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, de Creación de casas abiertas para chicos de y en la calle, de Salud Mental, de Extensión de la obligatoriedad de la educación, de Creación del Consejo de Juventud, de Creación del Sistema de Acogimiento Familiar, de Educación Sexual integral y de Políticas públicas para la inclusión educativa plena, entre otras.

En materia de niñez, el PRO ha optado por respuestas aisladas, fragmentadas, asistencialistas, de bajo presupuesto y por el debilitamiento institucional de todo el sistema de protección integral de derechos. Todo ello está en las antípodas de las soluciones que la problemática de la infancia demanda y que hoy es urgente revertir.

* Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.