ECONOMíA › EL ESTADO DE LOS TRENES URBANOS, SEGUN LA JEFATURA DE GABINETE

Hasta el Gobierno vio la calamidad

Pese a que la calificación de los distintos análisis señala que el servicio es, en general, calamitoso, el estado de emergencia en que el Gobierno declaró el sistema pocos meses atrás protege a las concesionarias de una eventual rescisión de contratos.

 Por Cledis Candelaresi

La Jefatura de Gabinete entregó ayer a Eduardo Duhalde el informe con los datos obtenidos en el veloz relevamiento sobre el estado de los trenes urbanos, cuyo resultado estuvo dentro de lo previsible: gran disconformidad de los usuarios y deficiencias en las formaciones, básicamente en la línea Roca de Trenes Metropolitanos. “Somos tan víctimas como los usuarios: el deterioro es por los permanentes actos de vandalismo y actividades delictivas”, se quejó ayer ante este diario Mario Montoto, presidente de esa sociedad adjudicataria. Más allá de la polémica, difícilmente el Gobierno vaya a tomar alguna medida drástica con cualquiera de los concesionarios. En gran medida, porque está condicionado por sus propias normas.
El trabajo organizado por la Jefatura, “con la colaboración de la Unión Ferroviaria, mediante muestreo directo y sin costos operativos”, incluyó el resultado de una inspección ocular para evaluar el grado de confort de los coches, una encuesta de opinión y una síntesis de más de 10 mil denuncias receptadas a través de un 0-800, especialmente habilitado.
La tarea de los improvisados técnicos oficiales permitió identificar a Trenes Metropolitanos –operadora del Roca, San Martín y Belgrano Sur– como la peor de todas, en consonancia con lo que ya consignaron los técnicos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte en un trabajo algo más exhaustivo al que encargó Alfredo Atanasof. El 91 por ciento de los asientos y el 95 por ciento de las ventanillas del Belgrano Sur están “deteriorados, rotos o faltan”. En el caso del Roca eléctrico, el 80 tampoco tiene ventanas o éstas están destruidas y en el Roca Remolque ni siquiera existen las aberturas. Los trenes operados por TBA, en tanto, parecen tener como talón de Aquiles el sistema de iluminación: el 72 por ciento de los coches del Sarmiento sufren problemas, deficiencia que afecta al 57 por ciento de los coches del Mitre.
Montoto, titular de la empresa que integran Ormas y los colectiveros de Trainmet, decidió ayer salir al ruedo para defenderse de lo que interpretó como una embestida del Gobierno en su contra por razones presuntamente inconfesables públicamente. “A nosotros nos duele cuando a un usuario le golpean la cara con una piedra. Y también nos duele que no se hable de que llevamos gastados millones en la reposición de ventanillas, o que no se hable de que electrificamos el ramal Glew-Alejandro Korn o que vamos a incorporar coches nuevos, fabricados en Materfer”, se defendía ayer ante Página/12.
Pero, a pesar de la supuesta campaña en su contra, Montoto por ahora respira tranquilo. Sabe que el decreto de necesidad y urgencia por el que este gobierno declaró meses atrás la “emergencia ferroviaria” le da a su empresa y al resto de las concesionarias de trenes urbanos un buen paraguas para resistir una eventual rescisión, en caso que el Gobierno quisiera seguir ese camino. Esa norma dejó en pie los contratos, que en el caso de Metropolitano no fue renegociado. Pero suspendió todos los planes de obra y por resolución complementaria relajó el sistema de penalidades, todo en atención al especial estado de deterioro del sistema y sus problemas para conseguir ingresos.
Las nuevas inversiones de la emergencia debían surgir de propuestas a elaborar por las empresas, que en su mayor parte serían financiadas por recursos públicos: los concesionarios las elevaron, el Ministerio de Producción las aprobó, pero aún no está previsto de dónde saldrán los fondos para costearlas.
Metropolitano y Ferrovías, concesionaria del Belgrano Norte, se presentaron en convocatoria de acreedores en diciembre del 2001, algo que permitiría rescatar la concesión. Pero así como esto no decidió al Gobierno a quitarle la concesión al Correo Argentino, en la misma situación, en el caso de los trenes ni siquiera inhibió el dictado del DNU disponiendo la emergencia. Aun así, la iniciativa de Atanasof no sería totalmente estéril. De ella surge la expresa recomendación de incrementar entre un 20 y un 30 por ciento el personal para reforzar “el tema de seguridad”. Mejor aún: por el solo hecho de la inspección, en algunas líneas habría mejorado la limpieza y aumentó la cantidad de policías contratados.

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El Gobierno hizo su propia evaluación del servicio, que no difiere de las ya conocidas.
 
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