La Argentina aprobó ayer otro examen en la lucha contra el lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio el visto bueno a los avances que mostró el país en los últimos meses en el plan de acción presentado el año pasado para prevenir y combatir estos ilícitos. La comitiva argentina defendió su posición durante el plenario que se desarrolló esta semana en México. El presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, confirmó a Página/12 que la Argentina mantiene su condición de país cooperante, y que no recibió sanciones del organismo (ver nota aparte). Las autoridades del GAFI destacaron la aprobación de la reforma del Código Penal, a partir de la cual pasó a tipificarse el lavado como un delito autónomo. El país recibió recomendaciones, aunque la mayoría están ya cumplidas en la ley que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, en simultáneo con el plenario.

La Argentina se comprometió a encarar una serie de reformas luego de que el organismo publicara un duro reporte respecto de la gestión durante el período 2004-2009. El GAFI realizó el año pasado una evaluación en la que concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que consideraba necesarias para hacer un seguimiento exhaustivo de operaciones sospechosas de lavado. El Gobierno presentó, en respuesta, un plan de acción que incluía esos señalamientos, tras lo cual logró un período de gracia –hasta noviembre próximo– para que los pusiera en práctica. La Unidad de Información Financiera argentina (UIF) emitió más de 25 resoluciones en las que se determinaron los sujetos obligados. A esto se sumó la aprobación en el Congreso de la ley antilavado, que modifica la normativa para perseguir y castigar ese delito.

“El GAFI reconoció el gran esfuerzo normativo del gobierno argentino, el fortalecimiento de la UIF y la articulación de ese organismo con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP”, explicó a este diario el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario encabezó la comitiva que integraron también el presidente de la UIF, José Sbattella, el vice del Central, Miguel Pesce; el titular de la CNV, Alejandro Vanoli; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena. El martes, el Gobierno promulgó la modificación del Código Penal, a través del cual se tipifica el lavado de dinero como delito autónomo.

El plenario del GAFI no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en sus estatutos. En tal sentido, la Argentina mantiene la membrecía plena y se la consideró “país cooperante”, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales. Institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino países dentro de las categorías “no cooperantes” o de “bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción”. “En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina”, coincidieron el titular del GAFI y el ministro de Justicia. “El país fue solamente mencionado en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo”, resaltaron en un comunicado desde la cartera de Justicia.

“El GAFI efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema”, precisó Alak. Tanto el comité como el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la reciente ley 26.683, tarea que sí fue efectuada por el Gafisud, ala regional, que con ella dio por cumplidas cinco de las seis recomendaciones relevantes auditadas por ese foro regional. Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en octubre. Un punto que fue muy valorado por las autoridades del departamento sudamericano del GAFI es el nuevo capítulo en el Código Penal referido al orden económico y financiero. Este artículo abre la puerta para que se gesten normas que sirvan como herramienta para evitar y sancionar otras maniobras de elusión monetaria y cambiaria.