La investigación sobre irregularidades en la venta de tierras en Río Negro entró en su etapa judicial. La fiscal de Viedma, Daniela Zágali, imputó penalmente a los funcionarios provinciales Juan Acattino, ministro de Producción; Jorge Belacin, subsecretario de Tierras, y Daniel Tait, director de Tierras, por operaciones que abarcan aproximadamente 40.000 hectáreas de tierras fiscales. Según la denuncia, las distintas transacciones inmobiliarias beneficiaron a empresarios extranjeros, como el inglés Joe Lewis –dueño de la estancia Lago Escondido, con más de 11.000 hectáreas– y nacionales, como Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y la hidroeléctrica Lago Escondido. Los otros imputados son José Luis Martínez Pérez, presidente de la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Enfor), encargado de intermediar ante Lewis, y el propio Mindlin, dueño de tres campos por 19.000 hectáreas, adquiridos a través de dos intermediarios vinculados con la familia Van Ditmar, un operador inmobiliario que trabaja para Lewis.

“Las denuncias involucran miles de hectáreas, que por la acción decidida de la autoridad de aplicación terminan en manos de grupos empresarios e inversores que nada tienen que ver con los intereses productivos y sociales de las poblaciones y habitantes de las áreas rurales de la provincia”, señaló a Página/12 Luis Bardeggia, legislador provincial del bloque Foro Rionegrino, uno de los denunciantes en la causa. Según el legislador, los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz no estarían cumpliendo los alcance de la ley provincial de tierras, que dice que los campos fiscales “sólo podrán ser revendidos luego de cinco años de su ocupación”. Además, una persona no puede ser propietaria de más de un inmueble. Tampoco se cumplirían las restricciones fijadas por la ley de seguridad de frontera.

La última denuncia realizada por Bardeggia y su compañero de bloque, Luis Bonardo –incluidas en la imputación de la fiscal–, comprende tres inmuebles rurales: el principal abarca 14.689 hectáreas y otros dos son de 3700 hectáreas y 815. Los compradores son Uberfil Carrillanca y Miguel Guajardo, en el primer caso, y Miguel Menegazzo Cané, en los otros dos. Según el registro catastral, los tres inmuebles rurales están en el mismo lugar, y conforman una zona rural común. Después de transcurrido no más de dos años de la adjudicación original, los tres campos fueron revendidos a Marcos Marcelo Mindlin, quien se transformó en propietario de un área rural común de 19.279 hectáreas.

El intermediario de la operación, Uberfil Carrillanca, fue empleado de Van Ditmar Patagonia y Asociados (entre 2006 y 2010), con un sueldo de 2719 pesos, según los registros de la Anses. Por otro lado, Cané es socio de Van Ditmar en la Estancia del Foyel desde 1999, según Bardeggia.

Por esta operatoria, la fiscal de Viedma sólo imputó a Mindlin. “En 2009 adquirí dos propiedades en Río Negro, como parte de mis inversiones personales. En ambos casos compré de buena fe a personas físicas que eran titulares de las mismas, no habiendo efectuado jamás negociación alguna con la provincia de Río Negro. Los asesores legales y escribanos que fueron contratados para las operaciones me confirmaron que no existía restricción alguna para dichas compras por mi parte”, manifestó a Página/12 el titular de Pampa Energía y agregó: “Respecto de una de las dos propiedades, debía darse un derecho de preferencia previo a la provincia, requisito que fue cumplido sin que la misma hiciera opción de ese derecho”.

El dueño de Pampa Energía también es propietario de la hidroeléctrica Lago Escondido, que funciona dentro del campo de Lewis. Sin embargo, voceros del empresario indicaron a este diario que el proyecto “está frenado”.

El otro imputado por la fiscal de Viedma es José Luis Martínez Pérez. En febrero de 2006, el gobierno provincial le adjudicó un predio rural de 329 hectáreas, que fue revendido en diciembre del mismo año a Nicolás Bernardo Van Ditmar, que realizó dicha operación por “gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake”, propiedad de Lewis. La fiscal también apunta a otra venta de más de 10.000 hectáreas, cuya beneficiaria final fue Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez.

El instrumento central que utiliza Zágali para llevar adelante la imputación es la ley de tierras provincial, que tiene más de treinta años y que fue incluida recientemente en un nuevo digesto jurídico de la provincia. Las maniobras apuntarían a una presunta defraudación contra el Estado provincial.

Según el Ministerio de Producción, “la norma (la ley de tierras) cayó en desuso”. Página/12 intentó comunicarse con Accatino, pero desde su oficina indicaron que “no está emitiendo opinión sobre el tema hasta tanto no sea notificado por el juez”.

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