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Es todo un clásico. El campo en pie de guerra contra los impuestos, aunque esta vuelta sin tractorazo. Tampoco cortarán rutas, para no ser confundidos con piqueteros. La medida de lucha que se inicia mañana es un lock-out cerealero que se extenderá por toda la semana, buscando paralizar el comercio de granos y oleaginosas y, eventualmente, la liquidación de dólares por parte de los exportadores de esos commodities fundamentales en el comercio exterior argentino. Pero la protesta no tiene por qué afectar la provisión de alimentos y ni siquiera la paridad cambiaria, salvo una eventual oscilación temporaria. Sin embargo, el paro verde no es un hecho político menor: abre unas hostilidades que muy probablemente continúen después que asuma el nuevo gobierno, mientras que al actual le deja un inopinado rédito de imagen. Al duhaldismo y a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, les encanta mostrarse en combate con los lobbies, trátese de las petroleras, de los bancos o de los ruralistas, en supuesta defensa de la gente, lo cual hasta puede ser verdad.
Ya en agosto, Eduardo Duhalde omitió incluir en su agenda la inauguración de la Exposición Rural de Palermo. Un presidente que reimplantó las odiadas retenciones no iba a ser bien recibido en el picadero, y prefirió abstenerse. Esa herida tributaria le duele al negocio agroexportador aún más que entonces, ya que el tipo de cambio descendió en los últimos meses alrededor de 15 por ciento, desgastando el enorme beneficio que obtuvo el sector con la devaluación. Las retenciones reducen un 20 por ciento la paridad para estas exportaciones, la que así fluctúa levemente por encima de los $ 2,50 por dólar. Una característica saliente de este gravamen es la dificultad de evadirlo.
Prácticamente resignado a aceptar por el momento las retenciones como un mal inevitable, el agro levanta otras reivindicaciones impositivas. Una que no le es particular es la exigencia de que se reimplante el ajuste de los balances por inflación para evitar que el impuesto a las Ganancias considere como tales a beneficios solo aparentes. Las empresas agropecuarias figuran, típicamente, entre las favorecidas por la disparada del dólar, pero ésta, al elevar bruscamente el valor de una parte sustancial de sus activos (stocks a precio actual, producido con insumos comprados a precio predevaluación, y además con maquinaria tasada a valor histórico), hace aparecer importantes utilidades en sus libros y aumenta el impuesto a pagar. Que luego deban afrontar insumos a valor dólar para la siguiente campaña es algo que al fisco no lo enternece.
En todo caso, la no admisión del ajuste conduce a aumentar temporariamente la presión impositiva sobre el sector, lo cual es en realidad una consecuencia buscada por el equipo económico, como una manera de repartir de modo menos inequitativo los costos de la crisis. Uno de los argumentos oficiales advierte que la recaudación que se perdería en caso de admitirse el ajuste (creen que dejarían de ingresar unos 3000 millones de pesos en el año) debería ser lograda mediante algún otro impuesto, con lo que alguien pagaría el costo. ¿Y quién tiene hoy mayor capacidad contributiva que un sector fuertemente exportador como el agro?
La negativa de Economía al ajuste de los balances es terminante y general, entre otras razones porque –dicen– implicaría reconocer el retorno de la inflación y resignarse a convivir con ésta. Tampoco se concibe reconocerle a las empresas el derecho a indexar sus estados contables cuando ni trabajadores ni jubilados fueron compensados por la inflación, que para ellos fue perjuicio puro.
A propósito de esto, el agro es el sector que peor remunera a sus trabajadores, al menos dentro de la economía formal. Según cifras oficiales sobre los salarios de los puestos declarados al sistema jubilatorio, mientras la retribución bruta promedio general era en eltercer trimestre de 2002 de 989,70 pesos (incluyendo el aguinaldo devengado), el campo apenas pagaba $ 551,40, muy por debajo de los $ 1385,80 de las industrias capital intensivas. Los terratenientes no se apresuraron a repartir con la peonada los jugosos frutos de la devaluación.
En cualquier caso, la presión del lock-out granario choca contra el escaso margen de maniobra con que cuenta Lavagna después de haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario, porque si bien no parece que Hacienda tenga problemas para cumplir la meta de superávit primario fiscal comprometida para este primer trimestre, el objetivo se duplica en el segundo. Esto configura todo un desafío, considerando que los números con el FMI se garrapatearon con la hipótesis de un dólar a $ 3,85. Y aunque es verdad que para el fisco un dólar más barato tiene también su parte buena porque alivia el contravalor en pesos de los intereses de la deuda, éstos no entran en el cálculo del superávit primario, que es la variable en cuestión.
La otra queja campestre concierne al IVA de alícuota diferencial: 10,5 por ciento para las ventas del sector y 21,0 por ciento para sus compras. Esto, según argumentan, les lleva a acumular crédito fiscal por pagar más impuesto que el cobrado, quedándose con una acreencia contra la AFIP que, en definitiva, se convierte en un costo adicional. Los técnicos oficiales no creen en estos números porque no son congruentes con la estructura de costos del agro, salvo cuando parte de las operaciones se realizan en negro. En todo caso, la alícuota reducida para el IVA ventas es un instrumento utilizado para atenuar el impacto de la devaluación sobre el precio final de los alimentos básicos.
Como quiera que sea, el empeño gubernamental por apropiarse de una tajada de las altas rentas que generó el brusco cambio en los precios relativos ha conseguido aglutinar un amplio arco opositor de 26 entidades vinculadas al negocio agropecuario, que abarcan desde el surco hasta el muelle portuario. Es un frente que seguirá dando pelea, más allá de Duhalde y Lavagna.