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Producción: Tomás Lukin

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Constituye un incentivo

Por Fernando Groisman *

Desde fines del siglo XIX la fijación de un salario mínimo ha sido un mecanismo habitual en las economías modernas para contrarrestar los perjuicios que ciertas deficiencias en el mercado de trabajo –en particular un elevado desempleo– tenían sobre los salarios de los trabajadores. Los primeros antecedentes se remontan a 1894 –New Zealand Industrial Conciliation and Arbitration Act– y 1896 –Factories and Shops Act– en Victoria, Australia. El sistema se extendió rápidamente y en 1909 se sancionó en Gran Bretaña uno similar –Trade Boards Act—. La imposición de un mínimo salarial estaba orientada a sostener las remuneraciones de aquellos trabajadores más vulnerables a la reducción de sus haberes: mujeres, niños y jóvenes en ciertos sectores de actividad –por ejemplo, en talleres textiles– y a los hombres que realizaban tareas pobremente remuneradas.

En Argentina, la Ley 16.459 de Salario Mínimo, Vital y Móvil data del 15 de junio de 1964. El Consejo del Salario, integrado por representantes del Gobierno, los empresarios y los sindicatos, tenía por función la fijación de su valor. Entre los objetivos planeados para esta legislación figuraba la necesidad de “evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra”, “asegurar un ingreso mínimo adecuado” y “mejorar los salarios de los trabajadores más pobres”.

A pesar de las razones que dieron origen a su implementación, el salario mínimo ha sido objeto permanente de controversia en razón de su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos. El debate se ha centrado, tradicionalmente, en torno de las consecuencias que su implantación tiene sobre el nivel de empleo. Precisamente, si el empleo se reduce como consecuencia de la instauración de un mínimo salarial cabría objetar su pertinencia para salvaguardar las condiciones de vida de los más pobres. Tal valoración se desprende de los modelos clásicos de funcionamiento del mercado laboral que postulan que al fijar un piso salarial por encima del salario de equilibrio –entendido como aquel que despeja el excedente de oferta de trabajo– se producirá una reducción en el volumen de ocupados. Este diferencial entre el salario mínimo y el salario de equilibrio –cuando el segundo es inferior al primero– ocasionaría así una retracción de la demanda de empleo. En estos modelos, el mismo argumento puede extenderse a toda situación en la que se constaten mecanismos que impidan el ajuste del salario a la baja –por ejemplo los convenios colectivos de trabajo y/o el accionar de los sindicatos—.

En nuestro país, luego de permanecer más de una década sin cambios, el salario mínimo se incrementó a 300 pesos mensuales a partir del 1º de diciembre de 2003. Desde entonces experimentó aumentos en 18 ocasiones y su nivel llegó a ser de 1840 pesos a partir del 1º de enero del corriente año. Tanto en términos históricos como comparativos, el nivel del salario mínimo en Argentina alcanzó una marca elevada. Téngase en cuenta que en 2010 su nivel se ubicó cerca del 60 por ciento del salario promedio de la economía.

La proporción de trabajadores asalariados con remuneraciones inferiores al salario mínimo osciló en torno del 17 por ciento en el último quinquenio. Por su parte, un tercio del total de asalariados, considerando en forma conjunta a los trabajadores con remuneraciones inferiores al salario mínimo y a aquellos que perciben salarios en el tramo del mínimo legal, estarían expuestos a los posibles efectos que tendrían las modificaciones a este instituto laboral.

La evidencia del caso argentino permite sostener que los incrementos en el salario mínimo no inducen una retracción del empleo. Efectivamente, el análisis de la información longitudinal disponible para nuestro país –aquella que posibilita realizar un seguimiento de las trayectorias laborales de las personas– permite sostener que los asalariados registrados en la seguridad social con remuneraciones inferiores al –y en el tramo del– mínimo (es decir, quienes estarían más afectados por las variaciones en el mínimo legal) no mostraron mayores probabilidades de perder su condición de ocupación. De la misma manera, los trabajadores asalariados registrados que perciben el salario mínimo tampoco mostraron mayores chances de perder esa protección laboral e ingresar a un puesto de trabajo precario.

Tal conclusión justifica profundizar la utilización de las regulaciones laborales para sostener los niveles salariales así como mejorar globalmente la calidad del empleo. No debe descuidarse que las normas laborales constituyen un claro incentivo para que las firmas eviten recurrir al ajuste de salarios y/o del nivel empleo y encaren, en cambio, mejoras tecnológicas y organizacionales que suelen redundar en procesos sostenibles de aumentos de la productividad.

* Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Conicet y de la UBA.

Presidente de la Sección de Estudios Laborales de la Asociación de

Estudios Latinoamericanos (LASA).

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Un crecimiento sostenido

Por Ariadna Somoza Zanuy * y Agustín D’Attellis **

Una de las características más visibles del modelo económico actual es la disminución lograda en la tasa de desempleo, que pasó de 21,6 por ciento en el año 2002 al 7,3 por ciento actual. Estas tasas implican que la cantidad de personas desempleadas cayó de 3.650.000 en el 2002 a 1.382.000 en la actualidad. Esta evolución del mercado de trabajo se puede analizar desde diferentes ángulos. Uno de ellos es analizarla a la luz de su relación con el crecimiento del producto que se registró durante este período. El empleo desde el 2003 en adelante registra un crecimiento sostenido. Esto no es casual. Desde el punto de vista macroeconómico, la vocación política de mantener un tipo de cambio competitivo desencadenó un proceso de reindustrialización de nuestra economía. Pero esto además se fue complementado con otras políticas de incentivo al empleo y a la demanda, que producen el círculo virtuoso que nuestro país ha logrado mostrar como ejemplo a otros países para explicar su crecimiento económico.

Entre las políticas implementadas para mejorar la situación del mercado de trabajo es importante destacar las relacionadas con la mejora del salario mínimo, que se fue incrementando sistemáticamente desde 2003 en adelante, posicionándolo como el de mayor poder adquisitivo de Latinoamérica. Desde el año 2003 el salario mínimo se incrementó en un 820 por ciento. Actualmente se ubica en 1840 pesos y el Consejo del Salario discutirá en los próximos días un incremento significativo. Esta política sobre los salarios, en un contexto de creación de empleo, mejoró sustancialmente la distribución del ingreso y logró reducir los niveles de pobreza. La pobreza alcanzaba en la Argentina en el año 2002 un nivel de 47,8 por ciento. El último dato disponible, correspondiente al segundo semestre de 2010, arroja un 9,9 por ciento. La distribución del ingreso presenta una importante mejora durante el proceso. La participación de los salarios en el ingreso total asciende ya a casi el 50 por ciento (esto fue un objetivo explícito de política económica), y el coeficiente de Gini se redujo desde 0,475 a un 0,379 para el primer trimestre del año en curso, ubicando a la Argentina entre los países menos desiguales de Latinoamérica.

Al relacionar evolución del empleo con crecimiento del producto cabe destacar que el actual modelo heredó altísimas tasas de desempleo y una economía estancada y en crisis. En ese sentido, no bien se comenzó a reactivar la economía, cada punto de crecimiento del producto impactaba fuertemente en la creación de empleo. La elasticidad empleo-producto era de 0,93 en el año 2003 y actualmente es de 0,14. Es decir, cada punto de crecimiento del producto impacta menos en la creación de empleo. Pero ¿cuál es la lectura de esta situación? ¿Se desacelera la economía? ¿Se crece menos? ¿Se frena el crecimiento del empleo? Nada de eso, lo que ocurre es que se acercan las brechas crecimiento/empleo. En la etapa inicial del modelo actual altas tasas de crecimiento implicaban una fuerte creación de empleo. Hoy la economía continúa con altas tasas de crecimiento, pero la tasa de desempleo es menor.

Reducido fuertemente el desempleo, las políticas sobre el mercado de trabajo apuntan a llegar al núcleo duro del desempleo, así como también a resolver el problema del trabajo precario e informal. El empleo no registrado alcanzaba casi el 50 por ciento de los trabajadores en 2003 y hoy asciende al 33,7 por ciento. Esta performance evidencia la aplicación de políticas activas en este sentido. Debe tenerse en cuenta que la informalidad en el mercado de trabajo es un problema presente en las economías latinoamericanas, donde la Argentina muestra una mejor situación en términos relativos. Una definición homogénea para realizar la comparación indica que es considerado informal un trabajador cuando es un asalariado en una firma pequeña –menos de 5 trabajadores– o un cuentapropista no profesional. Según esta definición, la Argentina presenta el porcentaje más bajo de Latinoamérica, exceptuando los casos de Colombia y Chile, que presentan niveles levemente inferiores.

Las mejoras comentadas sobre la situación del mercado de trabajo a través de los diferentes indicadores son el resultado de políticas activas, y no sólo consecuencia de un planteo macroeconómico que apunta a la industrialización. Sin embargo, aun teniendo en cuenta los logros al momento, existen desafíos pendientes que tienen que ver con poder pensar un mercado de trabajo cada vez más grande y homogéneo, que permita a la clase trabajadora mejorar sus condiciones de vida como tal. Para lograr este objetivo, debe ponerse especial énfasis entre los objetivos de profundización del modelo en curso en la aplicación de políticas microeconómicas de estímulo a la inversión en sectores específicos de la economía, identificando aquellos sectores dinámicos, de alto valor agregado y capacidad de creación de empleo.

* Socióloga de la Gran Makro y QQ Economista de la Gran Makro.