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Los nuevos fallos del Poder Judicial que redolarizaron depósitos (Corte Suprema), créditos privados y préstamos garantizados (tribunales de primera instancia) volvieron a poner en el centro del debate de la política económica un punto que la administración Duhalde-Lavagna preferiría mantener en voz baja: la transferencia al conjunto de la sociedad, por vía del significativo y continuo aumento del endeudamiento público, del costo de la crisis financiera. De acuerdo a un reciente trabajo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, salvar a los banqueros podría terminar costando a los argentinos, incluidos los casi 10 millones de indigentes y aquellos que jamás pisaron un banco, cerca de 27.000 millones de dólares. una estimación que también es compartida por las consultoras más cercanas al establishment. De esta cifra, unos 9000 millones corresponden a deuda emitida en los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa, más de 11.500 millones a deuda emitida tras la pesificación asimétrica, mientras que el resto representa el costo potencial de la redolarización, siempre que la vuelta al dólar se limite sólo a los depósitos. En consecuencia, el gobierno que surja de las próximas elecciones deberá comenzar su gestión con un endeudamiento cercano a los 170 mil millones de dólares.
Cuando la materia es utilizar la capacidad de regulación del Estado para transferir inmensos recursos al poder económico, las distintas conducciones que tuvo la Argentina pueden dar cátedra. El proceso, que se intensifica a partir de 1976 y se supera a sí mismo durante la convertibilidad, no fue detenido por la actual administración.
A comienzos de la convertibilidad la deuda externa rondaba los 58 mil millones de dólares, a su fin era de 144 mil millones. Durante ese período el país pagó 80 mil millones y vendió empresas por un valor de 30 mil millones (recibiendo en pago títulos de deuda a valor nominal). Aunque el país pagó dos veces lo que debía, el endeudamiento se incrementó 2,5 veces. Pero la implosión de la convertibilidad disparada por la fuga de capitales de 2001 –fuga que según la Comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el tema fue motorizada por los propios bancos– no significó el fin de las transferencias. A pesar de su belicoso discurso contra “los sectores que más se enriquecieron durante los ‘90”, la dupla Duhalde-Lavagna podría dejar el poder habiendo premiado al sector financiero con nada menos que 17.660 millones de dólares, más de 56.500 millones de pesos. Sólo la mitad de esta cifra corresponde a la potencial redolarización completa del stock de Cedros.
Según reseña Alejandro López Mieres, autor junto a Claudio Lozano de la investigación del Idef-CTA, el “blindaje al sistema financiero” fue iniciado por Domingo Cavallo, cuando habilitó a los deudores morosos (categorías 3, 4, 5 y 6) a cancelar pasivos con títulos públicos, operatoria que estuvo vigente hasta mayo de 2002. El mecanismo permitió que los bancos no deban previsionar considerables pérdidas por incobrabilidad y que reciban a cambio títulos públicos depreciados (que cotizaban al 35 por ciento de su valor nominal), papeles que después se transformaron en préstamos garantizados al 100 por cien de su valor. Principalmente por esta operación, al momento del default el Estado tenía con los bancos un endeudamiento de más de 9000 millones de dólares (ver punto 1 del cuadro).
La segunda gran transferencia, que redituó beneficios especiales a la población bancarizada, fue la pesificación asimétrica. Para compensar la diferencia entre 1 y 1,40 más CER, el Tesoro emitió bonos en pesos que hoy representan cerca de 4400 millones y papeles en dólares por casi 8700 millones (ver punto 2). Aquí se destaca no sólo el beneficio extraordinario que recibieron aquellos cuyas deudas se pesificaron 1 a 1, sino también el de quienes, a diferencia de la gran mayoría de lasociedad, recibieron 0,40 más CER por cada “peso” previo a la devaluación. Como se ve, los beneficiados no fueron sólo los bancos, sino también muchos de sus clientes.
El salvataje al sistema financiero continuó con la emisión de bonos para reprogramar los depósitos atrapados en el corralito. Primero, en el canje I de junio de 2002, el Tesoro emitió los Bonos del Estado Nacional (Boden) en pesos a 5 años y en dólares a 3 y 10 años por más de 5400 millones de dólares, a cambio recibió de los bancos préstamos garantizados y bonos en cartera por unos 3500 millones. Por esta vía, la deuda pública se incrementó en más de 1900 millones de dólares (punto 3). El Estado también canjeo a los bancos Boden 2007 en pesos mediante 2012 en dólares, para cubrir posiciones externas de los bancos, lo que significó según el IdefCTA un nuevo incremento de deuda de más de 920 millones de dólares (punto 4).
Estos 4 puntos representan el costo total que el Estado lleva asumido hasta hoy para salvar a un sistema financiero, el mismo que durante la década del ‘90 fue ponderado por los economistas del establishment como solvente, dinámico y moderno. En conjunto se trata de más de 20.500 millones de dólares, de los cuales 11.500 millones fueron concedidos por el gobierno de Eduardo Duhalde. Pero la historia no terminó.
Los recientes fallos judiciales y las demandas que, en consecuencia, realizará el poderoso lobby financiero permiten prever la generación de nueva deuda. En este punto la investigación del Idef-CTA es optimista. Considera que el Estado compensará a los bancos por lo pagado por los amparos, así como por la diferencia que existe entre el ajuste de los depósitos vía CER y el ajuste de los créditos hipotecarios por el CVS (coeficiente de variación salarial), lo que representa casi 2800 millones de dólares (punto 5), valor que fue reconocido en la carta de intención consensuada con el Fondo Monetario Internacional. A esto suma también el costo neto de la redolarización del stock de Cedros, con un bono en dólares a 10 años, unos 3350 millones de dólares (punto 6).
En el mejor de los casos, entonces, la redolarización significará un incremento de deuda de más 6100 millones de dólares, lo que completa el citado costo final del rescate al sistema de 27 mil millones de dólares, cerca de 90 mil millones de pesos, mucho más que el propio valor patrimonial del conjunto de los bancos.
De acuerdo al último informe semanal del Ieral-Fundación Mediterránea, la contrapartida de endeudamiento de esta ingente transferencia de recursos sociales significará que los pasivos del sector público podrían sumar en junio cerca de 170 mil millones de dólares. Pero la cifra es todavía provisoria. Los alcances de la redolarización son imprevisibles. La única certeza es que la batalla judicial no detendrá su marcha. Los reclamos podrían incluir un retroactivo para quienes hayan retirado sus depósitos pesificados, la redolarización completa de los préstamos garantizados y también de todos los créditos. Incluso no se descarta que los bancos reclamen que el erario se haga cargo del costo del dinero ya restituido a los amparistas.
Mientras tanto, la conducción económica continúa actuando como si esta realidad no tuviese nada que ver con su gestión. Escondido tras un contradictorio discurso anti lobby, intentan tapar el sol con las manos. Su objetivo es no aparecer como responsable del aumento de la deuda y evitar asumir el costo político de decirle a los ahorristas que los dólares reconocidos por la Corte “no están”. Y en el contexto actual asumir que no se cuenta con los dólares puede llevar, casi directamente, a instrumentar la solución más cara a los banqueros: resolver la redolarización con un bono compulsivo a 10 años.
De la investigación de la CTA surge entonces que el corralito y el corralón puestos en marcha por Domingo Cavallo y mantenidos por la gestiónactual brindaron el tiempo suficiente para ejecutar el traslado de la crisis financiera hacia el conjunto de la sociedad. En consecuencia el rojo de los banqueros será cubierto por toda la población, incluso de aquellos que jamás pisaron un banco. El procedimiento a emplear es conocido y bien recomendado por los organismos financieros internacionales: el ajuste fiscal. Pero si la crisis financiera fue desatada porque “los mercados” percibieron la incobrabilidad de la deuda pública, los 170 mil millones de junio deberían ser insostenibles. Más cuando los niveles de ingresos públicos y del PBI cayeron a más de la mitad medidos en dólares. Mientras desde algunos sectores del poder económico se sigue considerando al Estado como el “gran compensador”, con una capacidad infinita para emitir nuevos papeles, los vencimientos de deuda de corto plazo representan ya más del doble de las reservas del Banco Central.
Lo paradójico es que, a pesar del inmenso costo social que deberán afrontar generaciones de argentinos, el sistema financiero sigue sin cumplir con lo que, se supone, es su función esencial. Esto es, brindar crédito para superar el estancamiento.