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Los médicos, los maestros y los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en un verdadero corralito: quieren tener su propia obra social, según los autoriza una ley, pero se encuentran cautivos en la prestadora de los empleados municipales que, según afirman, no cubre sus expectativas en materia de salud. La desregulación de la obra social del personal de la ciudad (ObSBA) debió comenzar el 1º de enero, pero no se lleva a cabo debido a que sus autoridades no hicieron la inscripción en la Superintendencia de Salud, requisito indispensable para que los afiliados puedan optar por otra obra social. El presidente de la ObSBA es Patricio Datarmini, que junto a Amadeo Genta mantiene la hegemonía del gremio municipal en las últimas dos décadas. Ambos son contrarios a la desregulación: de concretarse, la obra social perdería unos 45.000 afiliados, que aportan cerca de un millón de pesos mensuales. Ante la situación, maestros y médicos se encuentran en estado de movilización.
De acuerdo con la ley 472, sancionada en el 2000, el 1º de enero de este año los afiliados a la ObSBA tendrían libertad para elegir su obra social. Para garantizar el cumplimiento de la norma, los gremios interesados en la movida –la Asociación de Médicos Municipales (AMM), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Profesionales de la Salud– presentaron en diciembre un petitorio con 30.000 firmas al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Pero los trámites de traspaso que se iniciaron a partir de enero no prosperaron. La razón: la ObSBA no se había inscripto en la Superintendencia de Salud.
“Venimos sosteniendo el hospital público, nos brindamos en el peor año de la Argentina y de golpe nos encontramos con que no podemos tener nuestra propia obra social porque la ObSBA no cumple la ley”, se quejó el titular de la AMM, Jorge Gilardi. Se trata de un viejo reclamo del gremio, que nuclea a unos 10.000 profesionales y ya tiene en carpeta la creación de una obra social propia.
Tan antigua como la de los médicos es la demanda de los docentes. “Un decreto de 1978 y otro de la época de (Carlos) Grosso incorporaron compulsivamente a la obra social de los municipales a los docentes de las escuelas que fueron transferidas a la ciudad y no eran titulares, situación que afecta a la mayoría de los afiliados”, explicó a este diario Francisco Nenna, secretario general de la UTE. Los maestros quieren volver a Osplad, su obra social de origen, porque “la ObSBA es una obra social inexistente, con mala administración y problemas en el 80 por ciento de los servicios que presta”, agregó Nenna. Similar argumentación esgrimen lo médicos.
La ObSBA tiene unos 110.000 afiliados a quienes, desde el año pasado, se les descuenta el 5 por ciento de su sueldo como aporte, dos puntos más que los de cualquier otros gremio, según estableció la misma ley 472. Hasta enero, estuvo conducida por una comisión normalizadora, integrada por representantes del gremio y, en forma minoritaria, del Gobierno de la
Ciudad. Esa comisión, presidida por el propio Datarmini, era la que debía inscribir a la obra social en la Superintendencia de Salud.
“El jefe de Gobierno (Aníbal Ibarra) pidió por nota a la Comisión que cumpla con los pasos necesarios para cumplir con la ley”, dijo a este diario el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. Según confirmó a este diario el superintendente de Salud, Rubén Torres, “la ObSBA en ningún momento inició trámites para colocarse dentro de las reglas de la desregulación”. Según las leyes nacionales 23.660 y 23.661, la adhesión a ese sistema es voluntaria e implica, entre otras cosas, inscribirse en el Sistema Unico de Recaudación que depende de la AFIP –que permite pagar en forma automática las prestaciones realizadas en hospitales públicos– y aportar a un Fondo Solidario de Redistribución. La ObSBA no sólo esquivó la inscripción sino que su apoderado legal presentó un recurso de amparo que la Justicia federal aceptó, al disponer que no se innove en el tema de la desregulación.
Pese a varios intentos, este diario no pudo consultar a Datarmini, quien hizo conocer su posición a través de una carta abierta donde expresa que “la desregulación significa la ruptura del sistema solidario de salud”. “La huida de los que tienen ingresos altos provocará la caída de aportes, deteriorando la prestación para quienes no sean recibidos por otras prestadoras”, sostuvo el gremialista.
El conflicto no parece tener una solución inmediata. Los médicos dispusieron profundizar las medidas gremiales y los maestros evaluarán si siguen el mismo camino. “Para resolver el tema de los docentes, evaluamos la derogación de los decretos que los obligan a afiliarse a la ObSBA”, dijo el jefe de Gabinete a Página/12. Para los profesionales de la salud, en cambio, la situación parece más difícil: “Una salida puede ser la sanción de una nueva ley, que disuelva la ObSBA y cree nuevas obras sociales sindicales”, agregó el funcionario.