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En estas horas previas a la crucial jornada electoral para la elección del presidente de la Nación para los próximos cuatro años, la conflictiva relación del Gobierno y las entidades que representan al sector del campo privilegiado es una oportuna referencia para comprender la lluvia de votos que se adelanta recibirá mañana Cristina Fernández de Kirchner. Es un acontecimiento al que economistas del establishment le siguen buscando respuestas, acostumbrados a pronosticar deseos no realizados. Como si estuvieran hablando de sí mismos, resumen un proceso complejo y contradictorio, con matices económicos, políticos y sociales muy interesantes, en el carácter mezquino y especulador en materia electoral de la población por la bonanza “consumista”, que explicaría la mayoritaria satisfacción por la actual situación. Esa pereza analítica podría despertarse si se indaga qué ha sucedido desde el estallido de la crisis en marzo de 2008, con la resolución en julio de ese año con el voto no positivo de quien hoy es una figura política poco significativa, hasta la sorprendente visita de Cristina Fernández de Kirchner a la sede porteña de Coninagro, asociación que forma parte de la Mesa de Enlace, el 17 de octubre, fecha simbólica para el peronismo.

La derrota legislativa de la Resolución 125 que establecía derechos de exportación móviles para cuatro cultivos clave (soja, trigo, maíz y girasol) precipitó sentencias contundentes de “fin de ciclo”. Existían antecedentes históricos para arribar a esa presurosa conclusión, más aún después del retroceso electoral del oficialismo en las elecciones de medio término de 2009. Raúl Alfonsín, con la “economía de guerra” que anunció en abril de 1985, que derivó en una alianza con grupos económicos locales denominados “Capitanes de la Industria”, fue el preludio para que, luego del veranito de estabilidad del Plan Austral, comenzara un acelerado deterioro, con la derrota electoral de 1987 en el medio, para concluir en el estallido de la hiperinflación, y entrega anticipada del poder. Carlos Menem enfrentó una segunda hiperinflación, que aceleró la subordinación política a una comunión de negocios entre el poder económico local y la banca acreedora, y al principio confluyeron intereses para después separarse y generar un puja entre devaluacionistas y dolarizadores. Fernando de la Rúa no supo ni intentó resolver esta tensión, agudizando las contradicciones que derivaron en la explosión de la convertibilidad. En cada una de esas experiencias, momentos de debilidad económica implicaron resignación en la gestión política, generando las condiciones o precipitando crisis de proporciones.

El acontecimiento distintivo de la presente etapa ha sido que el desenlace fue el opuesto, en comparación con esos episodios traumáticos pasados, lo que explica la desorientación de economistas de vertientes diversas y del propio establishment. Lo que se esperaba que fuera no fue, según indicaba el manual clásico del poder económico para derrotas políticas de gobiernos democráticos. En su última obra, Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual, el investigador Eduardo Basualdo ilustra que la derrota legislativa del proyecto oficial de la Resolución 125 es el fin de una disputa específica acerca del sistema de retenciones pero, al mismo tiempo, “abre una contradicción profunda e insuperable entre una parte significativa del establishment local (grupos económicos y grandes propietarios rurales) y el gobierno”. Señala la paradoja, que aún hoy aturde a analistas de la cadena nacional de medios privados y a gran parte de las fuerzas políticas de la oposición, de que los “que ganaron de una manera indiscutible en términos institucionales (la ‘Mesa de Enlace’) perdieron también indiscutiblemente en términos orgánicos, y a la inversa, los que perdieron institucionalmente (el Gobierno) ganaron a nivel orgánico”.

Con una confluencia de fundamentales conceptos de la economía, la ciencia política y la sociología, Basualdo desarrolla en ese libro una dimensión de análisis no habitual. Esa forma de abordar los acontecimientos lo diferencia de los representantes del saber convencional, que todavía se siguen preguntando qué pasó. Le permite interpretar e interpelar el presente rumbo económico y político, y en particular el abierto a partir del conflicto por las retenciones móviles. Así precisa con categorías gramscianas que su desenlace trajo aparejada la consolidación de una “hegemonía clásica” por parte del segundo gobierno kirchnerista y no una recreación del “transformismo argentino”. Este notable proceso político provoca a puristas de los cambios sociales porque, según Basualdo, “lo notable de la nueva situación es que no es el resultado de un intento gubernamental por avanzar en un plan de reformas económicas y sociales, sino (una reacción defensiva de la gestión CFK) a una ofensiva del establishment local sobre el gobierno para subordinarlo a fin de que actúe en consonancia con sus intereses”. Este consistía en imponer “un patrón de acumulación de capital sustentado en la producción primaria exportadora”.

En una evaluación estrictamente política, considera que “es digno de destacarse que no sólo resistió la tentación de claudicar, incluso ante oportunidades de hacerlo de una manera muy decorosa, frente a la ofensiva de las entidades agropecuarias en diferentes y complicadas instancias del conflicto, sino que enfrentó la agresión del establishment local acentuando el carácter popular de su gestión”.

Este se expresa en medidas que buscaron incrementar la participación de los asalariados en el ingreso, convalidando aumentos en paritarias por arriba del índice de inflación, ya sea el oficial del Indec, el confeccionado por institutos de estadísticas provinciales o los preparados sin referencias metodológicas por consultoras privadas. También se manifestó en la instrumentación de una de las reformas estructurales más sustancial desde el 2003: poner fin al negocio especulativo con el aporte previsional de los trabajadores por parte de bancos y compañías de seguros asociados en empresas llamadas AFJP. Esa recuperación para los trabajadores y jubilados del sistema previsional fue acompañada por la definición de un aumento bianual de los haberes dependiendo de la suba de la recaudación de la seguridad social y del salario, eliminando la discrecionalidad de los gobiernos. Para luego avanzar en la igualación de derechos con la extensión de la asignación familiar por hijo a desocupados y trabajadores informales con la AUH.

Basualdo interpreta que desde mediados de 2008 las políticas económicas y sociales del Gobierno se inscriben, en algunos casos, profundizando los procesos que se habían iniciado en la primera etapa del kirchnerismo (2003-2007) y en otros innovando en medidas no contempladas hasta ese momento (2008). “Todas ellas se aplican, tal como ocurren en las administraciones de corte popular y especialmente en este gobierno en particular, al calor de los acontecimientos de diversa índole que surgen de la coyuntura, aunque sus efectos sean muy importantes en el mediano y largo plazo.” Por eso considera que se trata de una “divisoria de aguas”, no sólo porque mueve el fiel de la balanza hacia medidas de carácter popular que adopta este gobierno del ciclo kirchnerista, sino también porque como contrapartida de la actitud oficial ante el conflicto (con el sector del campo privilegiado) “comienzan a disiparse las dudas de los propios sectores populares sobre la identidad y propósitos de la administración gubernamental”. Basualdo ofrece así una base interpretativa desde la economía política sobre el resultado electoral que se anticipa abrumador cuando se abran las urnas mañana, opacando esas visiones economicistas de la city que tanto seducen y poco entienden.

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