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El proyecto para reformar el régimen penal tributario, que endurece las penas contra los delitos de evasión fiscal, recibió ayer dictamen de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La sanción de esta iniciativa fue solicitada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de asunción del último sábado. El proyecto, que será tratado en el recinto mañana, contempla responsabilidades penales para los evasores, aun cuando éstos regularicen su situación, al tiempo que duplica los montos de las penas. La iniciativa prevé además la eliminación de la “probation” para los delitos penales tributarios y aduaneros e incorpora nuevas situaciones en la evasión agravada.

La reunión de las comisiones parlamentarias duró sólo media hora y contó con la asistencia de casi la totalidad de los diputados que las integran. El encuentro tuvo lugar en el edificio anexo de la Cámara de Diputados y fue presidida por el titular de la Comisión de Legislación Penal, el kirchnerista rionegrino Oscar Albrieu, y su par de Presupuesto, Roberto Feletti.

“Lo más importante de la medida es que quien sea denunciado y verificada la falta será responsable penal, aunque pague el total de la deuda”, explicó a Página/12 la diputada (FpV) Diana Conti. Actualmente, junto con la denuncia se inicia un proceso penal, el cual queda sin efecto en caso de que el responsable acepte regularizar su situación y pagar lo adeudado. “Con la reforma, sólo no será penalmente responsable si se pone al día antes de que exista una denuncia en su contra o una inspección de la AFIP que detecte su falta”, explicó Conti. El proyecto multiplica por cuatro los montos a partir de los cuales la evasión constituye un delito, al elevar esa cifra de 100.000 a 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual. “Nos parecía prudente multiplicar los montos para adecuarlos a la realidad económica”, argumentó Albrieu, uno de los legisladores que trabajaron en el articulado del proyecto que ya había sido presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo.

Según explicaron fuentes oficiales, la medida se enmarca en la creación en junio último de un capítulo dentro del Código Penal para establecer el “bien jurídico protegido”, bajo el título de “Delitos contra el orden económico y financiero”. Este artículo, introducido por pedido de la Presidenta durante el tratamiento del lavado de activos como delito autónomo, es clave para implementar normativas que eviten y sancionen las maniobras de elusión cambiaria, monetaria y fiscal. “Al votar este tipo de leyes penales, estamos llevando a que el delito de cuello blanco sea llevado a la Justicia”, agregó Conti.

Desde el radicalismo, Ricardo Gil Lavedra anticipó que acompañará el dictamen con disidencias parciales, aunque aclaró que su bancada realizará algunos planteos con el objetivo de introducir cambios en el texto. La diputada Natalia Gambaro (Frente Peronista) destacó el trabajo realizado por la comisión en los últimos meses para consensuar una iniciativa conjunta y anticipó la voluntad de ese bloque de acompañar el proyecto.