El juez Fernando Juan Lima, quien concentró los cuatro amparos contra el aumento en el boleto del subte, habilitó ayer la feria judicial y, antes de tomar una decisión, pidió la opinión legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la concesionaria Metrovías. Las empresas y la administración de Mauricio Macri tienen 48 horas para argumentar su posición. El magistrado porteño en lo contencioso, administrativo y tributario determinará la próxima semana si otorga la medida cautelar para frenar el aumento hasta que se celebre una audiencia pública o convalida el alza de 127 por ciento en la tarifa. Hoy es el último día para que los usuarios de SUBE y Monedero que habían cargado sus tarjetas antes de conocerse el aumento dispongan de una tarifa bonificada de 1,10 peso. Desde mañana comenzarán a pagar 2,50, como el resto de los usuarios.

La Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte continuará hoy y mañana con la apertura de molinetes en repudio al aumento de tarifas: de 7 a 10 y de 16 a 19 en las cabeceras de todas las líneas. Fuentes del gremio que conduce Roberto Pianelli indicaron a Página/12 que la intención es continuar con la medida la próxima semana e incluso analizan ampliar el horario. Sin embargo, señalaron que la decisión se conocerá el viernes y será tomada en conjunto con la multisectorial conformada por la Federación Universitaria de Buenos Aires, los partidos políticos de la oposición, asociaciones de usuarios y las dos vertientes de la CTA.

El juez Juan Lima –de apellido compuesto– compartió el criterio de la fiscal en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad, Ana Di Iorio, para habilitar la feria judicial y dio traslado a las partes involucradas. El Gobierno de la Ciudad, Metrovías, empresa controlada por el Grupo Roggio, y Sbase serán notificadas formalmente hoy de la resolución del juez y tienen hasta el próximo lunes para contestar el amparo. Así, el magistrado estará en condiciones de decidir si otorga la medida cautelar para que Macri convoque a una audiencia pública del ente regulador de servicios públicos donde se discutan las razones y el porcentaje de la suba y se explicite el destino que tendrá el dinero recaudado.

Mientras el juez espera que las partes ofrezcan sus argumentos sobre el aumento en el precio del subterráneo de 1,10 a 2,50 pesos, el gremio presentará en el juzgado las más de 80 mil firmas que recolectaron junto con la multisectorial para incorporarlas en la demanda. En la FUBA aseguran que el viernes superarán las 100 mil adhesiones. El gremio de trabajadores del subte está juntando las firmas en distintas estaciones, con una amplia adhesión. Por su parte, el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires y firmante de uno de los amparos, Eduardo Ep-szteyn, advirtió que “si bien la decisión del juez de correr traslado de la demanda a las partes es correcta, me preocupa que se extienda la incertidumbre judicial”. En la misma sintonía se expresó el legislador porteño Aníbal Ibarra: “La decisión del juez es correcta, esperemos que la próxima semana se frene el tarifazo”.

Por su parte, Gustavo López, subsecretario general de Presidencia, cuestionó la “política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri”. El funcionario consideró que “Macri en lugar de hacerse cargo de los servicios públicos, de estudiar el tema y analizar si no es posible hacerse cargo de una parte de los subsidios, traslada los costos a los usuarios. Es una política totalmente diferente a la desplegada por el gobierno nacional, que desde 2003 subsidia a los sectores más vulnerables y cuando elimina algunos de esos beneficios sigue protegiendo a los que menos tienen a través de distintos instrumentos”, evaluó.