El ministro de Justicia, Julio Alak, viajará hoy a Roma para participar de una reunión plenaria del GAFI, donde le solicitará al organismo internacional que coordina las acciones contra el lavado de activos que envíe una misión al país para que verifique los avances de la Argentina en la materia y concluya con el proceso de seguimiento intensivo que realiza sobre el país desde 2010. “Hemos cumplido plenamente con el Plan de Acción que presentamos en febrero de 2011, aprobado inclusive por el Grupo, para superar las deficiencias detectadas en forma previa”, explicó el funcionario.

Alak señaló que “la Argentina aspira al pronto reconocimiento de los progresos realizados, a partir del despliegue de numerosas acciones políticas e institucionales, destinadas a consolidar la aplicación concreta de las reformas normativas”. Durante el encuentro de Roma, anticipó además el ministro, “vamos a ratificar la condena a los paraísos fiscales, que distorsionan el funcionamiento financiero global y encubren maniobras de evasión en perjuicio, particularmente, de países en desarrollo”. Junto con el funcionario, participarán en el plenario del GAFI el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y el director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.

Alak destacó que el Plan de Acción permitió en el último año y medio “cumplir con gran parte de las 16 recomendaciones claves para el GAFI”, comenzando por la reorganización del sistema antilavado en cabeza de la UIF y el fortalecimiento de este último organismo. Se dictaron además resoluciones tendientes a reordenar el sistema de prevención y sanción de los sujetos obligados y se modificó el Código Penal en materia de lavado de dinero (ley 26.683). Alak resaltó asimismo la unificación registral a nivel nacional y el dictado de resoluciones y readecuaciones administrativas de los organismos de fiscalización y control: Comisión de Valores, Superintendencia de Seguros, Banco Central y AFIP. En este período también se sancionaron las leyes 26.733 y 26.734, que incorporaron al Código Penal nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero, y un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista.