Desde Río de Janeiro

La muerte de 18 personas, entre ellos 11 campesinos, ocurrida el viernes pasado cuando la policía desalojó sin diálogo previo una hacienda ocupada por campesinos sin tierra en el nordeste de Paraguay, en una zona próxima a la frontera con Brasil, fue una “matanza, y tenemos informaciones de que hay más compañeros muertos en el monte” denunció el representante de una organización campesina, mientras la vocera de otra agrupación alertó sobre un plan desestabilizador contra el presidente Fernando Lugo.

“Esto que ha pasado fue una matanza contra nuestros compañeros, muchas mentiras se están diciendo para perjudicar lo que la gente dice de los campesinos que están luchando por tener tierra donde trabajar, que están peleando por el derecho a la reforma agraria. Le confirmo que hasta este momento son once los compañeros que fueron asesinados”, declaró Damasio Quiroga, secretario general del Movimiento Campesino Paraguayo, en comunicación telefónica con Página/12.

“Ahora le estoy hablando desde donde fue la matanza. Vinimos con 300 compañeros de varias organizaciones al departamento de Camendiyú. Tenemos informaciones de que hay más compañeros muertos, se nos dijo que hay heridos y también hemos sabido que algunos fueron ejecutados después de que los tuvieron presos”, relata Quiroga.

La versión mediático-policial de lo ocurrido es que un grupo de agentes fue atacado cuando ingresaba a la finca de un millonario, Blas Riquelme –que estuvo vinculado y se enriqueció a la sombra del dictador Alfredo Stroessner–, ocupada por miembros del Movimiento Campesino de los Carperos. La Asociación Rural de Paraguay agrega a ese relato el “seguro” vínculo entre los labriegos y los guerrilleros del Ejército Popular de Paraguay. “Este hecho, más el empleo de armas automáticas y de dispositivos explosivos, habla de algo más que de un simple grupo de ‘sintierras’. Era un grupo fuertemente armado y organizado capaz de asestar un golpe mortal a fuerzas policiales regulares.”

Se trata de una versión de los hechos que luce poco verosímil pues el saldo de víctimas indica, hasta el momento, que hay más peones rurales muertos (11) que policías (7), entre ellos dos efectivos del Grupo de Operaciones Especiales.

El relato del campesino Quiroga difiere del divulgado por la mayoría de los medios, la policía y la asociación de estancieros. “No tiene nada de verdad decir que había armas automáticas en el campamento de nuestros compañeros. Yo le puedo decir a usted, compañero, que no tenemos relación con ninguna guerrilla, para nosotros el EPP no existe. Ellos lo están inventando para perjudicar al campesinado cuando se organiza mejor, porque nosotros ahora no queremos seguir esperando que alguna vez se nos den las tierras mal habidas, los campesinos estamos peleando por nuestros derechos.”

–Los estancieros y la policía, que están juntos en todo esto. Este nuevo jefe de policía que nombró Lugo es una persona muy peligrosa, muy corrupto, con denuncias contra él –alega Quiroga.

“El atropello con violencia es un mecanismo que siempre utilizaron las instituciones estatales como policías, militares y fiscalía para amparar a empresarios nacionales, transnacionales, latifundistas siempre a favor del sector privado”, señaló en un comunicado la Organización Nacional de Indígenas Independientes.

La tensión entre campesinos y terratenientes, sector donde predominan los productores de soja brasileños, ha crecido desde la llegada de Fernando Lugo al gobierno en 2008, cuando prometió llevar adelante la Reforma Agraria y resolver el problema de las “tierras malhabidas”, grandes superficies de terrenos fiscales que el dictador Stroessner distribuyó entre militares y seguidores, como el acaudalado Blas Riquelme, el “Carlos Slim paraguayo”, según la definición de Martín Almada, el principal activista de derechos humanos del país.

El ex obispo Lugo tuvo como principal sostén social y electoral al campesinado, que ya no lo respalda en la forma que lo hizo años atrás.

“Ya le dejamos de creer al presidente, el no nos está cumpliendo las promesas. Después de esta masacre nombró a personajes corruptos y de muy malos antecedentes. El gobierno que había prometido hacer la reforma agraria está olvidando su compromiso y está nombrando a colorados corruptos”, dice Quiroga a este diario.

Se refiere al nombramiento como ministro de Interior de Rubén Candia Amarilla, miembro del stronista Partido Colorado, quien al asumir prometió mano dura contra los campesinos y anunció que de ahora en más los desalojos de las estancias ocupadas se realizarán sin establecer diálogo con los “carperos”.

“Lugo tuvo que dar un paso atrás y aceptar a gente del Partido Colorado, fue una imposición de los sectores más reaccionarios, que dejó a un sector de los campesinos descontentos con el presidente, esto es verdad. Y al mismo tiempo hay otros campesinos que todavía le tienen confianza y lo respaldan críticamente, como un mal menor, porque si cae ahora sin concluir su mandato, que se acaba en 2013, será una victoria de las fuerzas conservadoras”, sostiene Martín Almada, quien opina que está en curso un plan para desestabilizar a Lugo.

El enfrentamiento causó un tsunami político en Paraguay con repercusiones aún imprevisibles sobre el destino del primer gobierno sin vínculos con el stronismo tras el fin de la dictadura. “Acá sigue candente la situación, la derecha está muy metida en todo esto”, dijo Magui Balbuena, de Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Malhabidas.

“La masacre del departamento de Camindeyú fue consecuencia de un conflicto de clases histórico en la sociedad paraguaya, producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos... la violencia seguirá si no se inicia de una vez por todas la devolución de las tierras que pertenecen al pueblo paraguayo, que hoy están en manos de personas no sujeta a Reforma Agraria”, señala un comunicado de la Coordinadora por la Recuperación de las Tierras Malhabidas.