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Las secuelas de la sistemática subejecución de partidas destinadas a construcción y mantenimiento de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, por cuya ineficiente administración de recursos no se utilizaron durante los ejercicios presupuestarios del período 2008-2011 511 millones de pesos que el gobierno porteño tenía a su disposición para infraestructura escolar, se expresan tanto en restricción al acceso a la educación como en las deficientes condiciones edilicias que presentan muchos establecimientos.

La insuficiente cantidad de vacantes en escuelas de nivel inicial y sus implicancias sociales y educativas ha sido analizada, debatida e, incluso, judicializada sin que se resuelva luego de más de cuatro años de gestión macrista.

Un informe del Ministerio de Educación de la Ciudad reseña que “el sistema de inscripción ordena a todos los inscriptos emitiendo los listados respectivos, una vez cubierto el cupo de la sala, los excedentes quedan en lista de espera (sic)”.

En consecuencia, este año 4421 niños/as de salas de lactario a cuatro años se registran como “excedentes”, a quienes la administración agravia por partida doble, tratando de disimular sus propias limitaciones para asumir “la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”, como lo establece el artículo 24º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Las familias que conocen o intuyen las dificultades para que sus hijos/as ingresen a las escuelas de nivel inicial una vez conformadas las extensas “listas de espera” optan, de acuerdo con sus posibilidades, por inscribirlos/as en otras instituciones: privadas, comunitarias, asistenciales, socioeducativas o los publicitados Centros de Primera Infancia (CPI), dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. Estos centros son gestionados “asociadamente” con “actores de la sociedad civil” que reciben del gobierno porteño 780 pesos, en concepto de “becas por cada vacante efectivamente ocupada”. De esa manera, se institucionaliza subrepticiamente en la jurisdicción una nueva modalidad de subsidio a través de la cual se asignaron en 2011 partidas por 21.407.770 pesos, inaugurando un nuevo circuito socio-educativo-asistencial, al que asisten 1977 niños/as “beneficiarios” del programa –de claro sesgo neoliberal– “seleccionados en base al índice de vulnerabilidad social oportunamente construido por el equipo técnico”.

No sólo faltan vacantes en el nivel inicial. Como informó Página/12 en su edición del 30 de marzo último, en la nota titulada “Chicos sin lugar en la escuela”, en el nivel primario, este año –a un mes de iniciado el ciclo lectivo– no habían podido comenzar sus clases 350 alumnos/as inscriptos en escuelas de los Distritos Escolares 19º (Bajo Flores, Pompeya, Soldati) y 21º (Villa Lugano, Riachuelo). En el Distrito Escolar 13º (Mataderos) se identificó igual problemática con relación a 70 alumnos/as. Por su parte, el Supervisor del D.E. 5º (Barracas, Parque Patricios) viene reclamando que se construyan escuelas de jornada completa debido al sostenido incremento de la matrícula.

La contracara de los “excedentes” por la subutilización –de la que no rinde cuentas el Gobierno de la Ciudad– de los recursos destinados a las escuelas estatales es la profundización de la fragmentación del sistema educativo a partir de la política de cierre de cursos y el sostenido incremento de las partidas a la educación de gestión privada.

En estos días la Presidenta de la Nación ejerció la docencia reprobando públicamente el acto de censura perpetrado por la rectora de un colegio confesional subvencionado por el Estado de la provincia de San Juan en perjuicio de una estudiante a quien sancionaron por recordar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Es éste un marco propicio para que la sociedad toda se involucre en el debate acerca de los criterios pedagógicos, sociales y de transparencia en materia de asignación de subsidios a las escuelas de gestión privada, en cuyo contexto sean explicitados y revisados aspectos poco conocidos de ese universo educacional, como los fondos que la sociedad en su conjunto les transfiere para su financiamiento, los aranceles que cobran y los controles que ejercen las jurisdicciones sobre la utilización y rendición de esos aportes, la forma en que aplican el llamado “derecho de admisión”, las cláusulas contenidas en sus reglamentos internos, el cumplimiento de la obligación de otorgar becas a alumnos/as en situación de vulnerabilidad socioeconómica, el abordaje de –entre otros contenidos– el terrorismo de Estado, la diversidad cultural o la educación sexual integral y las supervisiones pedagógicas llevadas a cabo por parte de las dependencias oficiales, como así también acerca del respeto de los derechos laborales de los/as docentes y los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los colegios privados.

* Jefe del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.