[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La decisión de obligar a los bancos de mayor envergadura a otorgar crédito para la inversión tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que hay un Estado activo que dispone la aplicación de políticas anticíclicas para enfrentar la desaceleración de la economía. La segunda interpretación es que se ponen en funcionamiento los nuevos objetivos del Banco Central señalados en su Carta Orgánica, que debe aplicarlos “en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional”, y por lo tanto es la presidenta de la Nación quien anuncia las nuevas medidas crediticias, dejando su implementación a la autoridad monetaria.

Cristina Fernández subrayó que “el Estado tiene mucha confianza en los empresarios, y por eso apuntala el modelo con record de préstamos a los que quieren invertir” (a través del Banco Nación), y agregó: “Ahora necesitamos que los banqueros les tengan confianza (a los empresarios) y les presten”.

Entonces, la normativa del Banco Central extiende los alcances de las políticas del Ejecutivo, una lógica muy positiva. Y lo hace en cumplimiento de sus potestades, ya que la nueva redacción de la Carta Orgánica lo faculta para “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”, al igual que para “establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales”.

Los bancos deberán aplicar a préstamos a las empresas destinados a proyectos de inversión un 5 por ciento del saldo total de depósitos privados que poseían a junio último, a una tasa fija a tres años, cercana al 15 por ciento anual.

Una característica que ha pasado inadvertida en los medios es que este programa obliga a que la mitad de esos préstamos se direccionen a las MiPymes, cuando históricamente los distintos programas de fomento asignaban la mayoría de los fondos a las grandes empresas, y sólo un 20 por ciento, o menos, a las MiPymes. Un cambio significativo.

Las medidas constituyen un gran paso hacia la orientación del crédito a la producción en su aspecto más sensible, que es la inversión. Queda aún mucho por avanzar, son modificaciones estructurales que hay que ir aplicando gradualmente. Esta normativa transita el mismo camino que nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros, que establece que los bancos de mayor envergadura orienten el 50 por ciento de su cartera a préstamos a pymes, para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares y a microemprendimientos.

Otra de las interpretaciones es que se comienza a poner una cuña en la lógica rentística de los bancos, por la cual privilegian los préstamos al consumo que son los que más ganancia producen, a costa de los préstamos a la producción. En resumen, una medida que avanza en el buen camino de la profundización del modelo.

* Diputado nacional. Frente Nuevo Encuentro.