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Los movimientos sociales en defensa de sus territorios utilizan variadas formas de acciones para lograr sus cometidos. En esto también ayuda que además de las organizaciones territoriales, que están poniendo el cuerpo, aparecen otras organizaciones que, sin estar allí, llevan a cabo otras acciones para el mismo fin: preservar los territorios, respetarlos, cuidar las riquezas naturales que son bienes comunes.

Muchas veces con razón, las acciones legislativas y judiciales no convencen totalmente al gran conjunto de quienes resisten las devastaciones y contaminaciones, básicamente por los tiempos que consumen, la paciencia que ameritan y por los vericuetos que “expertos” manejan para lograr frenarlas, vetarlas, demorarlas en sus aplicaciones. Un ejemplo muy elocuente fue la Ley de Glaciares: sancionada en 2008 y vetada por la Presidenta; reiterada en 2010 por un acuerdo entre el senador Daniel Filmus y el por entonces diputado Miguel Bonasso, en un trabajo de transversalidad democrática que ameritó una ingeniería política interesante y que, al lograrse su aprobación, fue suspendida para la provincia de San Juan.

En efecto, el juez federal Miguel Angel Gálvez dictó las medidas cautelares que suspendían la Ley de Glaciares en territorio sanjuanino y, como decíamos en este mismo diario por entonces, aplicaba el Principio Precautorio al revés: ante la duda, primero los negocios (Página/12, 15/11/10). No obstante, un duro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de revocar estas medidas cautelares solicitadas por la empresa Barrick Gold, el gremio minero AOMA, con apoyo del gobierno de San Juan. Así, la Ley de Glaciares recobra su plena vigencia en dicha provincia, justamente donde se encuentran los emprendimientos mineros más cuestionados por su altísimo e irreversible impacto sobre glaciares y ambiente periglaciar: Veladero y Pascua-Lama, ambos de la Barrick. Si bien queda resolver aún por la Corte Suprema la cuestión de fondo, esto es la constitucionalidad de la Ley de Glaciares: nuestro máximo tribunal, con este contundente fallo, parece anticipar su decisión positiva. Mientras tanto no hay más escollos legales para que el Ianigla realice el inventario de glaciares en la provincia y las auditorías ambientales sobre los emprendimientos Veladero y Pascua-Lama, y si están violando la ley (como lo señalan y reconocen los informes de impacto ambiental realizados por la propia empresa), deberán cesar inmediatamente sus actividades. En rigor, no hay ninguna duda, como lo han demostrado expertos independientes de los intereses mineros, de que estos emprendimientos están asentados sobre glaciares y ambiente periglaciar, en flagrante violación al artículo 6º de la Ley de Glaciares, no sólo por la autoincriminación de la empresa minera al cuestionar la validez de la norma sino también porque así lo hemos fundado –con detallada prueba– en demandas judiciales que también están en estudio de nuestro máximo tribunal y donde se solicita el cese inmediato de actividades tanto en Veladero como en Pascua-Lama.

Estas disputas en los marcos de la democracia necesitan usar todas las formas de acción para hacer explícitas las razones por las cuales nos oponemos a estas actividades extractivas, que “en su razón de ser” tienen graves consecuencias no sólo al ambiente sino a la salud y a la vida en general. La crítica a este modelo de desarrollo no es ni fundamentalista ni snob sino que se basa en conocimientos científicos y en experiencias históricas así como otras actuales (Africa, por ejemplo). Pretende hacer comprender que nuestro país tiene muchas formas de lograr sacar de postraciones a los territorios que lo necesitan y tiene grandes posibilidades productivas en regiones donde el interés extractivo califica de “desiertos”, y que no hay ninguna necesidad de incrementar la reserva de oro de los países ricos, que es la principal finalidad exportadora de su extracción; esto último se denomina “colonialidad del poder”. Simplemente aspiramos a expandir derechos, los sociales, los identitarios, pero también aquellos conducidos a elegir las actividades económicas que preserven los territorios, la vida para nosotros y para las generaciones futuras.

* Socióloga (Instituto Gino Germani) y abogado ambientalista, respectivamente.