Desde Roma

La urgente revisión de gastos del Estado impulsada por Mario Monti se concretó en un decreto emanado por el gobierno italiano en la madrugada de ayer, luego de siete horas de discusión. Se hicieron recortes en materia de salud, educación, Justicia, en el número de las provincias y en la administración pública en general, por un total de 26 mil millones de euros en tres años. La medida despertó el enojo de muchos italianos que vienen ajustándose el cinturón desde hace ya largos meses. En particular los sindicatos que han prometido guerra, pero también los que sostienen que no se tocaron suficientemente los privilegios –abundantes en el mundo político– ni los gastos militares.

La más alucinante contradicción sigue siendo la de los gastos militares, porque si bien el decreto establece recortes a nivel del personal militar (-10 por ciento), del fondo para las misiones de paz (-8,9 por ciento) y del fondo para los armamentos (-100 millones), entre otras cosas, sigue en pie por lo visto la compra de 90 cazabombarderos F35 que gobiernos precedentes habían encargado a la empresa estadounidense Lockheed. En principio los F35 eran 131, pero el gobierno de Monti bajó el número a 90. Se trata de una inversión de entre 15.000 y 20.000 millones de euros nada menos, que debería realizarse en 2015. ¿Para qué gastar todo este dinero?, se preguntan los que se oponen. Además, ¿cuál es su utilidad teniendo en cuenta el tipo de actividades que llevan adelante los militares italianos?

“El gobierno impone a las regiones hacer recortes en la salud, pero deja todavía demasiado altos los gastos militares. No han sido eliminados todos los gastos improductivos. ¿Es posible que en el balance del Estado se siga incluyendo la compra de los inútiles cazabombarderos cuando se habla de cerrar hospitales en todo el país?”, comentó Felice Belisario, jefe de los senadores del partido Italia de los Valores, muy crítico del gobierno de Monti.

En materia de privilegios, entre los que los autos de representación usados a diestra y siniestra por los parlamentarios y a veces hasta por familiares y ayudantes son sólo una parte, el gobierno estableció la disminución del 50 por ciento respecto de lo gastado en 2011.

Con este decreto –ya oficial, pero que deberá ser discutido por el Parlamento a partir del 31 de julio–, se piensan ahorrar unos 4500 millones de euros en 2012, 10.500 millones en 2013 y 11.000 millones en 2014, dijo el gobierno. Lo ahorrado en 2012 permitirá no aumentar hasta 2013 el IVA, el Impuesto al Valor Agregado que se paga en cada producto elaborado y que actualmente es del 21 por ciento, pero también dar una serie de ayudas a los damnificados de los terremotos de mayo pasado.

Como se había anunciado hace algunos días, se efectivizó la reducción del 20 por ciento de los dirigentes de la administración pública y del 10 por ciento del personal de otras categorías menores. Este es uno de los puntos más polémicos que los sindicatos no quieren dejar pasar. La CGIL, la central sindical más combativa de las tres existentes en Italia, dice no a lo que ellos llaman “una nueva maniobra económica –la quinta– contra los empleados públicos”, dijo uno de los dirigentes de esa organización, Michelle Gentile. “Una nueva maniobra recesiva”, precisó la secretaria de la GIL, Susanna Camusso.

En realidad los sindicatos tendrán varios motivos más para protestar por otras medidas que tienen pocos precedentes en la historia reciente. Una de ellas establece que los representantes sindicales serán sólo informados de las reducciones de personal, es decir no existirá la posibilidad de negociación. La otra, que serán disminuidos en un 10 por ciento los permisos retribuidos para ausentarse del trabajo por motivos gremiales.

Uno de los temas que más preocupaban al simple ciudadano, pero también a los administradores de regiones, provincias y municipios, era la eliminación de varios pequeños hospitales (con menos de 80 camas) localizados en el interior del país. Esta medida no pasó en la ardua discusión de ayer, pero se aprobó en cambio la reducción de 18.000 camas entre clínicas privadas y hospitales públicos que se hará efectiva antes del 30 de noviembre. Los sindicatos aseguran que de esta manera se arriesga en realidad la clausura de unos 1000 servicios especializados en los distintos hospitales.

El gobierno, se precisó, ha hecho un análisis detallado de los derroches en 72 categorías de mercaderías y ha establecido que los precios deberán alinearse a los conseguidos por algunas administraciones públicas “virtuosas”. Dicho en otras palabras, el Estado comprará sus insumos a los precios más convenientes conseguidos por las administraciones más eficientes. Y para llegar a estas conclusiones, no sólo se valió de expertos, sino que abrió un portal en Internet donde los ciudadanos podían denunciar los derroches que veían. Una nueva manera de proceder que al parecer, por cuanto agradeció Monti al público, por lo visto dio sus resultados.

Otras cifras incluidas en el decreto hablan de la eliminación de 37 tribunales y de 38 fiscalías además de otras secciones judiciales –ninguna de ellas en las zonas con alta densidad mafiosa, hizo saber la ministra de Justicia, Paola Severino–. No habrá despidos, el personal será redistribuido y esto comportará ahorros que van de 2 millones en 2012 a 31 millones de euros en 2014.