El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma integral de la ley que regula el mercado desde 1968, lo que permitirá ponerle fin a la autorregulación de la actividad bursátil, según confirmó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto realizado en el Museo del Bicentenario. “Siempre es necesario crear confianza, y lo hacemos con mayor regulación estatal, porque cuando lo regula el propio mercado es cuando aparecen las crisis”, señaló la jefa de Estado, secundada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El proyecto redactado originalmente por el equipo de Vanoli y consensuado con Economía le otorga a la CNV pleno poder sancionador, prevé nuclear todos los mercados en una plataforma integral, eliminar el secreto cuando el pedido de información provenga de otro organismo regulador y realizar la oferta pública obligatoria para la venta de acciones. La Presidenta también anunció que las compañías de seguro deberán destinar parte de su cartera de inversiones en fondos hacia el sector productivo e infraestructura a largo plazo (ver aparte).

“Estamos enviando un proyecto para un nuevo marco institucional, por un mercado de capitales más transparente, simplificado y confiable, para que la gente pueda acceder”, señaló la jefa de Estado al presentar la iniciativa por la cual Vanoli viene batallando hace más de tres años. “Queremos un mercado de capitales sólido para todos, por eso llevamos este proyecto para que pueda discutirse en el Congreso nacional”, agregó Cristina. La ley actual fue promulgada en 1968 y desde entonces no sufrió modificaciones de fondo pese a las transformaciones –y profundas crisis– que se sucedieron en el país y en todo el mundo. “Esto permite reformar una ley heredada de una dictadura militar, como es el caso de la ley 17.811, que regula la oferta pública de valores negociables y los agentes bursátiles”, dijo Lorenzino durante el anuncio. “El objetivo es movilizar de forma eficiente y equitativa los recursos de la economía, entendida esa misión como el componente fundamental de potenciación y sostenibilidad del crecimiento”, agregó.

La actual crisis mundial puso en evidencia la fragilidad de los mercados producto de la falta de control, lo que derivó en que muchos países actualizaran sus marcos regulatorios. El proyecto que el Ejecutivo envía al Congreso pone fin a la autorregulación, a partir del fortalecimiento de las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la CNV. El proyecto, a cuyo borrador pudo acceder este diario, contempla una ampliación de las facultades de la CNV y lo designa como el único organismo de control de la oferta pública, asumiendo funciones que en el actual régimen están en manos de entidades privadas. “Esto implica que ahora tendrá pleno poder sancionador con los agentes que incumplan las normativas”, señaló a este diario Vanoli. El proyecto introduce también como novedad la facultad de la CNV de requerir a los mercados que implementen mecanismos para la interconexión de sus sistemas informáticos de negociación. “Actualmente existen muchas instituciones en Capital Federal e Interior del país. La intención es generar una plataforma única que derivará en una baja en los costos de compra y venta para los ahorristas”, explicó Vanoli.

En otro punto vinculado con favorecer el acceso de la gente a los mercados, la reforma prevé la “desmutualización”. La mutualización implica que un grupo de socios y dueños de la inversión soportan la organización y se benefician en conjunto de la misma. Para acceder es imprescindible formar parte de este grupo. “Ahora dejará de ser un club cerrado, ya que no será necesario un agente de Bolsa ni ser accionista para acceder al mercado”, explicó Vanoli. Además, se prevé que las empresas que quieran vender parte de su paquete accionario tendrán que hacerlo mediante oferta pública”. Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley aplican los estándares internacionales y las mejores prácticas de regulación por el G-20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (que regula las operaciones contra el lavado de activos y financiamiento del Terrorismo). “Con este proyecto el gobierno nacional está dando un paso más en la reforma del sistema financiero en su conjunto, que se inició con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y continúa ahora con la reforma del mercado de capitales”, dijo Lorenzino.

Entre las reformas se destaca el mayor control para las calificadoras de riesgo. “Las calificadoras, gran verso y gran estafa. Califican a sus clientes, quienes les pagan por su calificación. ¿Dónde estaban cuando pasaba la crisis en Grecia, Estados Unidos o Europa? Por eso ahora sumamos la participación de controlador desde el Estado”, señaló la presidenta Fernández de Kirchner. Actualmente, el mercado de calificación está en manos de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. “El tema es romper con este oligopolio”, señaló el titular de la CNV. El proyecto refuerza el rol de la CNV en materia de autorización de entidades de calificación, seguimiento activo y poder sancionatorio de esta actividad. La supervisión estaría a cargo de universidades públicas con financiamiento estatal y sus resultados podrían ser de libre acceso para los inversores. Por último, se permitirá el intercambio de información entre la CNV, Economía, el Banco Central, la AFIP y la Superintendencia de Seguros, con el fin de cerrar el cerco para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.