El estudio de abogados que representa a la Argentina presentó el viernes ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York el escrito con el rechazo al pedido de los fondos buitre para que se les pague unos 1330 millones de dólares equivalentes al precio nominal de sus tenencias en bonos defaulteados. El Gobierno ofrece, bajo el criterio de equidad, la alternativa de reabrir el canje para que entren con las mismas condiciones que lo hicieron los bonistas en 2010. Las partes que acompañen esta posición tienen plazo hasta este viernes, aunque las principales entidades financieras y el gobierno de Estados Unidos lo hicieron en simultáneo con el envío del escrito argentino. El 25 de enero será el turno de los demandantes, encabezados por el NML Capital, de Paul Singer, mientras que a partir del 27 de febrero, luego de una audiencia oral, la Cámara emitirá su fallo. La definición del tribunal será clave no sólo para este caso, sino para toda deuda que mantenga la cláusula de pari passu. Se estima que tanto el país como los fondos buitre, dependiendo de la sentencia, agotarán todas las instancias judiciales. Lo que sigue es un detalle de los escenarios que se pueden abrir a partir de ahora.

El último canje

En caso de que se agoten las instancias judiciales y prospere la oferta argentina de reabrir el canje, el Gobierno deberá enviar al Congreso el proyecto para suspender nuevamente la ley cerrojo. Lo que todavía no queda definido es si la reapertura se realizará sólo para el ingreso –que deberá estar garantizado por la Justicia– de los 1330 millones de dólares de los fondos buitre o si quedará abierto a todos los holdouts, sumando los tenedores de deuda con jurisdicción en mercados de Europa o Japón. En ese contexto –con la orden de la Corte– los fondos especulativos tendrán sólo dos opciones: ingresar al canje o quedarse con nada. “Paul Singer, luego de una sentencia en contra, se quedaría con pocas opciones”, señaló el abogado Eugenio Bruno, del estudio Garrido.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York cuenta habitualmente de 15 días a tres meses para emitir su fallo, tras lo cual se iniciarán nuevas instancias. Sin embargo, la expectativa se encuentra en la posibilidad de que por primera vez en la historia –hace 100 años que se utiliza la cláusula– se dé una interpretación en juicio de la igualdad de trato en el marco del pari passu para deudas soberanas reestructuradas. Esto dejaría sin margen de acción a los fondos buitre, ya que Nueva York es la única plaza donde mantienen privilegio. En Europa no lograron fallos a favor y los papeles bajo jurisdicción japonesa se abonan sin el uso de las cámaras compensadoras.

La demanda buitre

La sumatoria de resultados de los canjes de 2005 y 2010 lleva a un nivel de adhesión del 92,4 por ciento. Según cifras de Economía, el 80 por ciento de ese remanente –de 7,6 por ciento– que rechazó sistemáticamente el convite mantiene unos 3600 millones de dólares –valor técnico– de deuda defaulteada y aproximadamente poco más de un tercio de esa emisión está bajo jurisdicción de Nueva York. Los fondos especulativos presentaron ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York un pedido de embargo por los 1330 millones de dólares en bonos en cesación de pagos, utilizando una reinterpretación de la cláusula pari passu para denunciar una supuesta discriminación del país.

Esos fondos solicitan que el país pague en simultáneo a sus vencimientos de deuda reestructurada el cien por ciento de su bonos defaulteados, lo que recibió el aval del fallo del juez de Distrito Thomas Griesa. La Cámara de Apelaciones reconoció una supuesta discriminación, pero solicita una fórmula a prorrata. Griesa había dispuesto que se abone todo en efectivo y en un solo pago antes del 15 de diciembre último. Esto fue considerado un exceso de atribuciones, según el planteo argentino, a que dio lugar la Cámara el mes pasado.

La oferta argentina

En esta nueva instancia el Gobierno vuelve a rechazar la demanda de esos fondos especulativos basado en tres ejes: el criterio de inequidad, el precedente para futuras reestructuraciones y la falta de jurisdicción de Griesa sobre los fondos depositados en el Banco de Nueva York, cuyo destino es el pago de compromisos con tenedores de bonos argentinos en Estados Unidos y Europa. El cronograma que dispuso la Cámara se inició con la presentación argentina.

El escrito del estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton deja abierta la posibilidad de una reapertura del canje, a partir de una nueva suspensión de la ley cerrojo, pero esta situación sólo se gatillará si la Cámara obliga a los fondos buitre a ingresar en la operación. “Lo que se ha planteado no es un nuevo canje sino el procedimiento que debería seguir la Argentina si la Cámara falla bajo el principio de equidad”, señaló este fin de semana el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. El principio de equidad al que hace referencia Cosentino tiene que ver con el hecho de que se privilegie a un grupo minorista por sobre el casi 93 por ciento del universo de bonistas de deuda argentina que aceptó un recorte en sus tenencias. Esto se relaciona con el mal precedente para futuros canjes, ya que no habría incentivos para ingresar.

El fallo esperado

La apuesta del gobierno argentino es que la Cámara reconozca que ofrecer las condiciones del canje de 2010 a los fondos buitre es una respuesta equitativa al pedido de una prorrata. “Una fórmula de pago a prorrata, que considere a los demandantes y otros en su misma situación, en los mismos términos que los participantes en el canje de la República Argentina de 2010, sería una solución consistente con un tratamiento igualitario y con las leyes y prácticas públicas de la República Argentina, que el Ejecutivo podría una vez más presentar al Congreso”, señala el escrito. De todos modos, esto requiere que la Cámara disponga que deban entrar, ya que los fondos buitre se caracterizan por no ingresar a canjes y litigar hasta las últimas consecuencias.

En caso de que la Cámara falle en favor de la Argentina, reconociendo que el canje soluciona el tema del pari passu, se prevé que los fondos demandantes apelen ante esta Corte, tal como lo hizo la Argentina en noviembre último, y en simultáneo, pedir una revisión del fallo –in banc– con los trece miembros de la Cámara de Apelaciones. De no obtener una sentencia en su favor, el último paso es la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El mismo recorrido podría transitar la Argentina si el fallo favorece a este grupo especulativo. De hecho, el Gobierno tiene en suspenso un pedido de in banc sobre el fallo de octubre, en donde se avala el argumento de pari passu.

Ese pedido es el que el gobierno de Estados Unidos respalda, a través de una presentación de amicus curiae –tercero no involucrado–, y que entusiasma al equipo económico que comanda el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. “Este apoyo tiene que ver con la situación de crisis internacional, donde el riesgo de cesación de pagos sobrevuela a varias economías. Es por eso que ante el accionar de estos fondos, el gobierno de Barack Obama no puede mirar para otro lado”, señalan en el entorno de Lorenzino. Las argumentaciones vertidas por Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y del Tesoro, se basan específicamente en el riesgo que implica un fallo contrario a la Argentina sobre futuras reestructuraciones de deuda y para Nueva York como centro financiero internacional.