La cesión de soberanía no sólo se expresa en la emisión de bonos bajo jurisdicción extranjera que les permite a los fondos buitre litigar en tribunales de Nueva York. La suscripción al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la firma de tratados bilaterales en la década del ’90 es otro talón de Aquiles que mantiene expuesto al Estado argentino. En este caso, ante empresas multinacionales de países desarrollados. Por ese motivo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evalúa retirarse del Ciadi e incluso denunciar los tratados.

El Ciadi es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que desde 1965 se dedica a resolver controversias entre países e inversores extranjeros. En los hechos, su función central es ofrecerles a las multinacionales que deciden invertir en los países periféricos una garantía frente a las “arbitrariedades” que puedan cometer los gobiernos de esas naciones. Eso es posible porque los dictámenes del Ciadi se llevan a cabo sin tener en cuenta el derecho local. Los análisis se circunscriben a las pautas establecidas entre los Estados y sus inversores extranjeros, con abstracción de cualquier otro principio jurídico de jerarquía superior.

Hasta la década del ’90, la intervención del Ciadi fue requerida de modo muy esporádico. En 1972 resolvió su primer caso, en 1974 intervino en cuatro ocasiones y luego hubo que esperar hasta 1997 para superar ese techo anual al registrarse diez casos. El incremento se explica por la firma de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones firmados en los ’90, que reconocen al Ciadi como tribunal arbitral ante cualquier diferendo. De hecho, más del 60 por ciento de las demandas presentadas ante el Ciadi se corresponden con esos tratados.

En el gobierno sostienen que el Ciadi funciona como un gendarme de los intereses de las multinacionales y no como un árbitro imparcial para dirimir diferencias sobre inversiones extranjeras. Para demostrarlo, focalizan en la disparidad existente en el origen de los demandantes y demandados. Por grandes áreas económicas, los países del Sur han sido objeto del 59 por ciento de las demandas presentadas ante el tribunal, las economías en transición de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética han recibido el 32 por ciento, mientras que el 9 por ciento ha recaído en los países del Norte. A su vez, remarcan que el 91 por ciento de los inversores extranjeros que reclaman indemnizaciones por violación de algún acuerdo internacional procede del Norte y apenas un 9 por ciento de economías en desarrollo.

Según un informe elaborado por el Gobierno, en el caso argentino, el origen de la mayoría de las denuncias fue a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Pública que dispuso el fin del régimen de Convertibilidad y la pesificación de las tarifas y las deudas. Esto obligó a los particulares a llegar a acuerdos equitativos y al Gobierno a renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos cuyas tarifas se encontraban expresadas en dólares. Para febrero de 2012, de los 48 casos iniciados contra la Argentina, el país había ganado, resuelto, suspendido u obtenido la anulación de 26 casos por un monto de 16 mil millones de dólares. El resto están pendientes y en conjunto alcanzan los 20 mil millones de dólares.

La persistente inclinación de los arbitrajes del Ciadi en favor de los inversores extranjeros y el aumento exponencial de casos, en los últimos años han llevado a que varios países de la región decidan retirarse oficialmente del Ciadi. Bolivia fue el primer Estado en presentar la denuncia de la convención del Ciadi (notificada en mayo del 2007 y efectiva en noviembre del 2007), seguida por Ecuador (notificada en julio del 2009 y efectiva en enero del 2010). Venezuela anunció oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, que resultó efectiva a partir de julio. En el Gobierno destacan además que Brasil nunca ingresó al Convenio del Ciadi.