“Se quedaron con 367 millones de pesos que les correspondían a los clientes”, protestó ayer Cristina Fernández de Kirchner en referencia a la investigación oficial sobre los acuerdos entre la asociación de consumidores Adecua y seis bancos y financieras privados. Página/12 reveló los puntos salientes de esos convenios en su edición de ayer. Fueron arreglos en sede judicial que interrumpieron juicios colectivos que había iniciado la propia entidad de usuarios contra esas empresas. El resultado de los acuerdos fue que el 99,1 por ciento de los clientes no pudo recuperar un peso de lo que les habían cobrado de más en cargos y seguros, los bancos se libraron de pagar indemnizaciones por 367 millones y los abogados de Adecua cobraron, pese a ello, 15,6 millones de pesos de honorarios, pagados por las entidades financieras. La Presidenta prometió que no dejará las cosas así. Sostuvo que el Gobierno “tomará cartas en el asunto” y anunció que promoverá una reforma en el Congreso de la Ley de Defensa del Consumidor para crear “protocolos” de cómo deben ser los acuerdos entre las asociaciones de usuarios y las empresas.

En un acto en Casa Rosada, donde anunció la estatización del ferrocarril Belgrano Cargas, un nuevo sistema de información para pasajeros del ramal Sarmiento (ver aparte), inauguró por teleconferencia una planta potabilizadora de agua en Formosa y mantuvo una charla con la granja Andar que atiende a personas discapacitadas, CFK dedicó la parte final de su discurso a un detallado repaso de los acuerdos entre Adecua y los bancos Santander Río, Galicia, Privado de Inversiones, la financiera GMAC, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja. Se detuvo en el rol de la Justicia en esos casos, que homologó los seis acuerdos que terminaron impidiendo que la gran mayoría de los clientes obtuviera una reparación económica por cobros indebidos.

“Un millón 700 mil usuarios fueron perjudicados por esos bancos y los abogados de una organización no gubernamental, que dicen defender a los consumidores, con un acuerdo homologado por un juez. Me gustaría saber el nombre de ese juez”, reflexionó la Presidenta. “El juez y el fiscal representan el interés público. Cosas como éstas me hacen insistir en la necesidad de democratizar la Justicia. Cuando se trata de condenar al Estado o juzgar a funcionarios hay una cola larga de jueces y fiscales que se pelean para hacer justicia, pero cuando se trata de bancos o empresas nunca se sabe quiénes son los magistrados. Esto lo conocemos porque a una mujer la estafaron por 2000 pesos y fue a hacer la denuncia”, relató, dando cuenta de cómo empezó la investigación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre las características de los acuerdos.

Los convenios establecieron que los usuarios debían hacer un trámite especial en cada una de esas entidades financieras, con un plazo acotado de entre 60 y 90 días. Pasado ese tiempo, no tenían más derecho a obtener la indemnización correspondiente. La información de los acuerdos se publicó en dos pequeños edictos en los diarios La Nación y Ambito Financiero, prácticamente invisibles para la inmensa mayoría de los damnificados. En definitiva, sobre más de 1,7 millón de clientes afectados, sólo hicieron el trámite exigido por los acuerdos y cobraron la reparación 15.672. El resto se quedó sin nada ante la invisibilidad de los convenios. Eso permitió que los bancos se libraran de pagar cifras abultadas: el Santander Río, 131 millones de pesos, el Galicia, 81 millones; la financiera GMAC, 73 millones; el Banco Privado de Inversiones, 65 millones; la tarjeta CMR de Falabella, 16 millones, y la Tarjeta Naranja, un monto aún no determinado, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Cristina Kirchner comparó esa situación con la respuesta del Estado cuando sancionó a las telefónicas. En ese caso, dijo, se ordenó que el pago de las indemnizaciones fuera automático y universal, sin que los clientes tuvieran que perder tiempo y esfuerzos en ningún trámite. De hecho, la Ley de Defensa del Consumidor establece que cuando una empresa efectúa algún cobro indebido, el mecanismo de devolución debe ser el mismo que utilizó para tomar el dinero de los usuarios. Es decir, si el cobro fue mediante un débito en caja de ahorro, el reintegro debe ser con un crédito en la misma cuenta. Sin embargo, Adecua y los bancos dejaron esa premisa de lado y con ello trabaron la posibilidad de que los clientes recuperaran lo suyo.

Para que esto no vuelva a ocurrir, la Presidenta reveló que el Gobierno promoverá en el Congreso una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor para establecer protocolos más precisos sobre cómo deben ser los acuerdos judiciales y extrajudiciales. Eso quitaría discrecionalidad a convenios como los que celebró Adecua con las entidades financieras. CFK les dio instrucciones a los diputados Wado De Pedro y Andrés Larroque y a la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María “Pimpi” Colombo, para que empiecen a trabajar en la modificación de la norma.

La investigación sobre el accionar de Adecua tendrá como próximo paso una reunión del consejo asesor sobre el comportamiento ético de las entidades de usuarios. Si bien sus dictámenes no son vinculantes, de allí podrían surgir recomendaciones para sancionar a la asociación que preside Sandra González. Por otra parte, la defensora adjunta de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, abrirá su propia investigación de oficio, según anunció ayer.