Con el fin de la feria judicial, las consecuencias del juicio por Marita Verón tomaron nuevos bríos. Ayer por la mañana, el abogado Carlos Garmendia presentó el recurso de casación contra el fallo que, en diciembre pasado, absolvió a los trece imputados por la desaparición de la joven. Además, se conoció el decreto por el cual el gobernador José Alperovich rechazó la renuncia anticipada del juez Emilio Herrera Molina, con lo que el magistrado no podrá sustraerse del pedido de juicio político que los abogados de la querella en el juicio por Marita presentaron contra él y sus dos colegas de la Sala II de la Cámara Penal.

En 116 páginas, el escrito que el abogado Garmendia presentó en nombre de Susana Trimarco critica duramente la sentencia por la cual Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano y Albero Piedrabuena consideraron que ninguno de los imputados merecía condena porque no se había probado acusación alguna contra ellos. “Hacemos una crítica de la sentencia desde un análisis minucioso de la interpretación de la prueba. La más importante tiene que ver con que los jueces han interpretado desde una manera muy particular la prueba de testigos, que es una de las más importantes que hay en la causa, porque se trata de las testigos de identidad reservada que ven a Marita Verón. Lo que decimos es que los jueces han destruido esa prueba metódicamente”, señaló Garmendia en diálogo con este diario.

Para la querella, en los fundamentos de la sentencia puede comprobarse que el tribunal “pone en boca de las testigos cosas que ni han dicho, e interpretan contradicciones donde no las hay”, explicó el abogado. El fallo, por ejemplo, “dice que hay tres testigos que ven a Marita Verón al mismo tiempo: Fátima, Lorena y Andrea”, pero “en realidad la única de ellas que da fecha exacta, cierta, es Fátima, aunque tampoco es que ella diga una fecha, sino que podemos deducirla de su relato”. Las otras dos testigos, en cambio, “no dan una fecha exacta”, sino que “Andrea dice haber visto llegar a Marita pero no da referencias; no dice si es verano, invierno, nada”, acotó Garmendia.

De acuerdo con el recurso de casación, los jueces Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano interpretaron las pruebas “desde un lugar de clase, machista” pasando por alto la contextualización para entender los testimonios en un contexto de “violencia de género”.

El recurso fue presentado ante la Sala II de la Cámara en lo Penal, el mismo tribunal que firmó la sentencia absolutoria en diciembre pasado. En un lapso máximo de tres días los jueces deberían señalar si la presentación supera el examen de admisibilidad formal. En caso de aprobarlo, el recurso de casación será enviado a la Corte Suprema provincial, que deberá dar aviso a las partes. Luego, todas las partes podrán presentar un memorial refiriendo los puntos del recurso. Finalmente, tras noventa días, el máximo tribunal provincial deberá resolver.

El recurso afirma que el del caso Verón fue un “fallo en favor de la Violencia de Género y la Discriminación”, señala que el tribunal procuró “destruir tres testimonios simultáneamente”, procedió a “la manipulación” de un testimonio, y erróneamente planteó una “pretendida falta de investigación” sobre asuntos y aspectos que sí habían sido investigados.

En cuanto a los imputados, ciertos nombres de la investigación y otros no investigados, el recurso de casación es también taxativo: acusa al tribunal de “proteger a (la imputada) María Jesús Rivero sin leer la prueba”, señala que “para la Sala II la culpa la tiene la policía, pero (el ex secretario de Seguridad, acusado por Trimarco de entorpecer la investigación, Ernesto) Baaclini no”. Para la querella, en la sentencia pueden encontrarse vicios que derivaron “en la exclusión material de los imputados” y también “en la valoración del material probatorio, que derivan en la errónea absolución de los imputados”.

Por su parte, el viernes, a poco de que los abogados de Susana Trimarco ratificaran el pedido de juicio político contra los jueces de la Sala II de la Cámara Penal, el gobernador Alperovich adelantó públicamente que no admitiría la renuncia anticipada de Emilio Herrera Molina, vocal en ese tribunal. Poco después, trascendió el decreto en el cual oficializó ese rechazo.

El decreto señala que el viernes por la mañana la Comisión de Juicio Político había preguntado al Poder Ejecutivo sobre el estado en que se encuentra el trámite de la renuncia presentada por el causante, en virtud de la denuncia presentada contra Herrera Molina. El magistrado había presentado su dimisión el 26 de diciembre pasado, a horas de que los abogados de Susana Trimarco pidieran el juicio político para la Sala II. Pero la respuesta del gobernador Alperovich al interrogante fue contundente. “Habiéndose presentado la dimisión presentada, y no contando con acto administrativo al respecto, el pedido de informes efectuado por la Legislatura hace que este Poder Ejecutivo estime necesario rechazar la dimisión, dado el carácter de renuncia condicionada”, estipuló. Todo indica que el juicio político se realizará y Herrera Molina, de 69 años, estará allí.

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