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Hace poco menos de un año exponía mi preocupación por el sostenido crecimiento del índice de homicidios en la ciudad de Rosario (en Rosario/12, “Violencia no casual”, 13/2/2012). Nada de lo que sucedía y sigue sucediendo era fruto de la casualidad. Una política de seguridad carente de información y naturalmente de objetivos materiales iba poco a poco mostrando las consecuencias del desmadre policial y la continua improvisación del gobierno. El primer mojón crítico de ese camino sin rumbo quedó al descubierto con el triple crimen de Villa Moreno. Tres militantes sociales asesinados y la puesta en escena de las oscuras relaciones entre la policía santafesina y los barras narcotraficantes con base en las barriadas populares rosarinas. Muchas palabras se dijeron, pero poco o nada cambió. La tasa de homicidios continuó en crecimiento y los números de fin año que rondaban las casi 200 muertes, colocaban a Rosario en la cúspide de las estadísticas de homicidios en el país, y por encima de la ciudad de Miami y muy pero muy cerca de Chicago.

De todos modos existían y existen elementos de juicio para alarmarse aún más. En primer lugar, la baja constante de la tasa de esclarecimiento y condena de los autores de los homicidios. En segundo lugar, la constante elaboración de tan pueriles como poco convincentes interpretaciones de la realidad criminal. Así, como intentando tapar el sol con una mano, el por entonces director de Análisis Criminal Andrés Ferrato proclamaba en mayo que “hoy por hoy los números nos indican que hay una tendencia a la baja”; en un vano intento de ataque al sentido común agregaba que “la inseguridad bajó porque son pocos los homicidios cometidos en ocasión de robo y además los suicidios son mucho más frecuentes que los homicidios”. De esta manera, y de otras más que no vale la pena puntualizar, la crisis en la política de seguridad continuaba forzando la negación literal, interpretativa e implicatoria de la situación. Por eso no fue una sorpresa que la crisis alcanzara uno de sus puntos más explosivos cuando el jefe de Policía de Santa Fe fue detenido por supuestos vínculos con narcotraficantes. No sólo la muerte creciente y los oscuros vínculos policiales con el narcotráfico entraban en escena sino que ponían de manifiesto que era difícil saber en qué momento el gobierno asumiría la existencia de un problema para abordarlo con pericia, inteligencia, voluntad, audacia y decisión, en lugar de continuar en la negación, permitiendo que el baño de sangre de jóvenes continúe en la periferia rosarina.

Quizá sirva para consuelo de los tontos afirmar que el crecimiento de la violencia urbana no es un fenómeno excluyente de Rosario. Bien podría afirmarse que algo parecido ocurrió el año pasado en otras ciudades de EE.UU. (Miami, Chicago, Los Angeles, Washington, etc.) y de Latinoamérica (San Pablo, Río de Janeiro, Medellín, Tegucigalpa, Salvador, Guatemala, Sinaloa), porque semejantes niveles de violencia se vinculan, en primer lugar, con la reconversión del capitalismo industrial. En segundo lugar, con el fuerte impacto que esas modificaciones tuvieron sobre la vida de las clases populares. En tercer lugar, que esa transformación también ha hecho crecer las economías delictivas. Por último, que la injusticia y la violencia de esa transformación tampoco se distribuyen equitativamente. Ambas territorializan en Rosario como en otros muchos centros urbanos del planeta en la periferia. Por este motivo, las barriadas populares rosarinas son el epicentro de economías delictivas, desigualdades y violencia. Dentro de este panorama predecible, los jóvenes son sus principales víctimas. Sus posibilidades de inserción social se ven limitadas espacial y culturalmente. Los golpea por igual tanto la violencia económica como la física.

Así las cosas, el crecimiento de los suicidios adolescentes y muertes violentas no por casualidad se concentra por lugar, género y generación. Sin embargo, en el caso de Rosario se suman otros factores. Las pruebas al canto del crecimiento de la tasa de homicidios: las jerarquías policiales denunciadas por su enriquecimiento y vínculos con el narcotráfico, las denuncias sobre participación de soldaditos de los narcos en los saqueos de diciembre, la muerte de Mercedes en Ludueña, las heridas sufridas por los militantes del Movimiento Evita, la fallida realización del clásico de fútbol de la ciudad demuestran con claridad que en el último año no sólo nada ha cambiado sino que todo sigue peor y el desmadre policial en ascenso. Desde febrero pasado al día de hoy, las muertes se multiplican, y esas ausencias que enrojecieron las calles, entristecen familias y amigos, son siete veces más. Muchas de sus anónimas historias perderán notoriedad tan rápido como la tinta se seque en las páginas policiales de los diarios, y su sangre, en la tierra o el barro de los barrios populares de Rosario. Ni siquiera sus nombres recordarán las autoridades responsables de prevenir y castigar la violencia. La mayoría de sus vidas serán consideradas descartables porque todos integran el grupo que Loïc Wacquant llama, parafraseando a Fanon, “los condenados de la ciudad”.

Vale la pena insistir con algunas preguntas que siguen sin respuestas. ¿Cuántos de estos crímenes aún se encuentran impunes porque no han sido encontrados sus autores materiales? ¿Cuáles son las agencias estatales (policías, jueces y fiscales) que han fracasado en la investigación y el castigo de los culpables? ¿Qué cambios han facilitado la transición regresiva del monopolio estatal de la violencia hacia la venganza sanguinaria o el mal llamado ajuste de cuentas? ¿Cuánta relación existe entre el fracaso del ejercicio de la punición estatal y el regreso de la cultura del duelo o de los códigos mafiosos de venganza personal? ¿Quién o quiénes pueden ocultar su responsabilidad, apelando a clasificaciones diferenciadas en un hecho que penalmente es un homicidio? Si tratándose, como se trata, de que en la mayoría de los casos víctima y victimario se conocen, comparten edades, dificultades de inserción social, vecindario y clase, ¿cuáles son las causas que viabilizan, facilitan la resolución violenta de sus disputas? Aunque la muerte no es más que la peor violencia que puede sufrir el hombre, la situación no excluye que como consecuencia de negligencias compartidas los hechos sigan revelando la humana finitud de la existencia.

* Profesor de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario. Defensor provincial de Santa Fe.