“Olivos. Lectura de diarios. Veo en P12 (Página/12) foto de varias antenas de transmisión. Dónde? Adivinen. Marte, Venus o Córdoba?... Acertaron. Córdoba. Ubicación Cerro Mogote, antenas Canal 10 (Universidad Nacional de Córdoba), TDA (Estado Nacional) and imagine... Antena de Cablevisión y Radio Mitre... a 70 mts de la de TDA clausurada a pedido de la gobernación provincial por MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL.” A través de su cuenta de Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, de clausurar cinco antenas de TDA. Además, se hizo eco de un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que determinó que las emisiones no ionizantes de las antenas de Cablevisión son cinco veces superiores a las antenas de TDA. “¿No hay un juez en Argentina que asegure la igualdad de todos ante la ley?”, twitteó la mandataria.

En una serie de entrevistas radiales, De la Sota insistió en que la clausura de las antenas obedeció a cuestiones ambientales y burocráticas. “En Córdoba hay leyes, hay un gobierno elegido por el pueblo, democrático, y llegó una banda de personas que instaló antenas por todos lados sin siquiera presentar un papelito con sellado solicitando la autorización”, sostuvo De la Sota. Sin embargo, como publicó este diario en su edición de ayer, el gobierno nacional había presentado la documentación correspondiente ante la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El 14 de diciembre de 2012, Arsat presentó la información requerida para la etapa “Aviso de Proyecto”. Las comunicaciones con la provincia habían comenzado antes, el 6 de diciembre. En esa fecha, la empresa estatal presentó datos ambientales y una autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), fechada incluso en octubre de 2011. Otro dato importante es la autorización de la Municipalidad de Leones para utilizar un predio de su propiedad para el proyecto de la TDA. La autorización corresponde a abril de 2011, mientras que en agosto de 2012, la municipalidad encargó los estudios de impacto ambiental, que fueron realizados por Arsat.

Según la resolución municipal 500/96, Leones tiene autonomía para la toma de decisiones vinculadas con el área de ambiente. Así lo confirmó la actual intendenta de Leones, Lorena Bussi, que en los próximos días presentará un amparo con este argumento.

“¿Qué creen, que es tierra arrasada, que pueden llegar y listo? Conmigo, de prepo, no”, insistió De la Sota ante una entrevista realizada por Oscar González Oro. En ningún momento el gobernador ni su interlocutor reconocieron la existencia del expediente difundido tanto por la CNC como por la Defensoría del Público. La decisión directa de De la Sota perjudicó, al menos, a 500.000 personas, pero con una potencialidad de alcanzar los 2,7 millones de habitantes. En contrapartida, el beneficiario directo fue Cablevisión, ya que no tendrá la competencia de la TDA (con más de veinte canales de aire gratuitos). La empresa del Grupo Clarín cuenta con 379.000 abonados en la provincia y 33 licencias. Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sólo podría tener 24 en todo el país.

“¿No hay amparo judicial x la violación de la libertad de prensa?... No hay protección para los derechos de usuarios y consumidores de elegir entre TV paga, TV gratis o lo que quieran?... Qué está pasando con la justicia en nuestro país?”, sostuvo en un tweet Fernández de Kirchner.

Además de que existe información presentada, con notas dirigidas al secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco, con el correspondiente sello de la mesa de entrada, que certifica que la documentación fue entregada formalmente, la CNC comprobó que las antenas de TDA presentan una radiación no ionizante 37 veces inferior a los máximos permitidos por la legislación local y la Organización Mundial de la Salud.

“Este no es un motivo técnico-ambiental, porque primero el Ministerio de Planificación y Arsat cumplieron absolutamente todos los requisitos. Hay una decisión del gobernador que básicamente es un acto de censura, un ataque a la libertad de expresión, es un ataque al derecho a la información y es más, es un ataque al desarrollo industrial científico y tecnológico de su propia provincia”, expresó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

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