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“El sistema bancario argentino no es de ninguna manera viable en este momento”, arremetió la subdirectora del FMI, Anne Krueger, como si estuviera ocurriendo la estampida de depósitos que terminó en el corralito. Su queja, en verdad, fue por la prórroga a la ley que impide las ejecuciones de los deudores morosos que, de acuerdo con su opinión, afecta sensiblemente el funcionamiento de los bancos. Después se molestó porque “la Argentina necesita avanzar más” rápidamente en la renegociación de la deuda. Y más tarde, enfatizó que en el Fondo “consideramos fundamental el retorno al respeto de la ley y los contratos” en Argentina. El inesperado endurecimiento en la posición de Krueger coincidió con el anuncio de que el director gerente del FMI, Horst Koehler, estará en Buenos Aires el 23 y 24 de este mes.
La presencia de la máxima autoridad del organismo de crédito estará lejos de despertar el fervor que provocaron las visitas de Fidel Castro y Hugo Chávez, pero durante un par de días concentrará igualmente las miradas. En lo simbólico, será el comienzo de una trabajosa relación del gobierno con el FMI. Ambas partes se preparan para iniciar formalmente las negociaciones de un nuevo acuerdo. Por ahora hay contactos y mensajes cruzados. Ayer hubo bastante de eso, con las declaraciones de Krueger y con el encuentro fuera de agenda entre el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, y Roberto Lavagna.
El ministro de Economía fue a un cónclave sobre el ALCA en la ciudad de Maryland, pero se quedó unas horas en Washington para responder a la invitación de Taylor. La reunión duró 50 minutos. Los temas de agenda son conocidos: cómo y cuándo se iniciará la reestructuración de la deuda, la política fiscal y monetaria, el aumento de tarifas para las privatizadas, la solución para las ejecuciones bancarias y, previamente a todo ello, si el próximo acuerdo será de corto o largo plazo.
Casi a la misma hora en que Lavagna hablaba con Taylor, Krueger marcaba la cancha en todos esos temas: exigió reformas en el sistema bancario, pidió que se apure la reestructuración de la deuda, hizo hincapié en la cuestión fiscal y se refirió a la suba de tarifas de las privatizadas. “Se necesita algo así como un marco fiscal de mediano plazo que permita al gobierno juntarse con sus acreedores y, en ese marco, resolver la reestructuración de la deuda”, sugirió. Al exponer frente a un comité del Departamento de Estado, también dijo que la Argentina necesita demostrar “un compromiso” ante la comunidad internacional sobre el cumplimiento de sus propias leyes. “Consideramos fundamental el retorno al respeto a la ley y los contratos”, subrayó.
Sus declaraciones anticipan la complejidad que tendrá la negociación con el FMI. Lo que dijo Krueger parece más adecuado para el final del gobierno de la Alianza que para el principio de esta gestión. En el Palacio de Hacienda prefirieron concentrarse en otras señales, como la convocatoria de Taylor y la próxima visita de Koehler, interpretadas como gestos de buena voluntad.
Hasta el momento en Economía venían sosteniendo que la relación con el FMI y con el Departamento del Tesoro era mejor a la que se dio cuando Duhalde estaba en el poder. Economistas argentinos radicados en Washington transmitieron a Página/12 la misma impresión. La explicación es que “el Fondo creía que Duhalde era un populista y que estaba asociado a la corrupción, mientras que las primeras medidas de Kirchner les parecieron sensatas”. En los organismos de crédito se empieza a emparentar a Kirchner con los presidentes de Chile, Ricardo Lagos, y de Brasil, Lula Da Silva. “No empezó nacionalizando las empresas sino preocupado por los derechos humanos, por la cuestión policial y trabajando para mejorar el funcionamiento institucional”, explicaron.
Frente a ese diagnóstico, poco tienen que ver las palabras de Krueger. La número dos del Fondo ya fue la que más trabas puso para llegar al acuerdo con el gobierno de Duhalde y está mostrando que será nuevamente una dura negociadora. Una primera cuestión sobre lo que habrá que ponersede acuerdo es el plazo que tendrá el nuevo entendimiento. Una posibilidad es acotarlo al lapso setiembre-diciembre. En ese caso, el gobierno tendría oxígeno para atravesar con menos presiones la etapa electoral, aunque debería soportar el desgaste de dos negociaciones. Lavagna sostuvo ayer que de aquí a fines de agosto, cuando vence el acuerdo vigente, hay tiempo suficiente para negociar un acuerdo de largo plazo. En ese caso, habrá que ver si previamente satisface las exigencias de Krueger, como disponer el aumento de tarifas de las privatizadas o si la convence para que cambie de opinión. Esta será una de las cuestiones que tratará Kirchner y el ministro de Economía con Koehler, cuando éste llegue al país dentro de diez días.