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Las empresas que más se beneficiaron durante la década del 90, en especial bancos y privatizadas, “tenían una clara preferencia por un candidato que no es el presidente Kirchner”, sostuvo el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en declaraciones publicadas ayer por el diario madrileño El País. También agregó que las prioridades del presidente Néstor Kirchner están en “viajar a las provincias para resolver problemas” y no en atender a los lobbistas de las grandes empresas. Ante la preocupación periodística por las demandas de las firmas españolas, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que no será posible aumentar tarifas hasta que el Congreso no habilite al Poder Ejecutivo para hacerlo.
“Tenemos que ser muy sinceros, dejar las hipocresías de lado. Claramente, las empresas que de alguna manera fueron los actores centrales del modelo de los noventa, todo el sector financiero en general y las grandes empresas privatizadas, tenían y seguramente tienen todavía, una clara preferencia por un candidato que no era el actual presidente Kirchner”, expresó Lavagna. Ese “otro candidato” no explícitamente nombrado, era y es Carlos Menem.
En la misma línea, el ministro sostuvo que en las prioridades del Poder Ejecutivo no está el atender a los lobbistas de las grandes empresas: “Si algún lobbista se pone nervioso, es problema del lobbista”, reafirmó. Además, explicó, que en este sentido el presidente Kirchner no hace más que seguir lo que prometió en la campaña, “algo a lo que muchos argentinos no están acostumbrados”, y entre esas promesas estaba “resolver problemas, y no necesariamente tener que ponerse a recibir banqueros”.
Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que algunos bancos desaparezcan, Lavagna pareció perder la paciencia y contestó que “no vale la pena comentar discursos vacíos de contenido que vienen del mismo lado” (...). “Del lado de la convertibilidad, de los que ganaron mucha plata en un modelo que no fue bueno para el país, porque lo endeudó, concentró la riqueza en pocas manos, porque produjo el record histórico de desempleo”, argumentó.
Con respecto a la demanda por ajustar las tarifas de los servicios públicos, el ministro sostuvo que “no existe marco legal para hacerlo”. Hablando de sus propios intentos explicó que “la administración anterior subió las tarifas en cuatro oportunidades, se emitieron decretos y la Justicia (en referencia al Poder Judicial) los bloqueó”. Por eso, la única vía posible para satisfacer las demandas empresarias es que el Congreso apruebe una nueva norma que anule la prohibición de indexar incluida en la Ley de Emergencia Económica. “Y ese es el primer paso, porque si no cualquier decisión que se tome va a ser anulada nuevamente por un juez”. No obstante, Lavagna aclaró que la voluntad del Gobierno es que, al menos por 90 días, no haya aumentos. Después, las prioridades serán las mismas que ya se intentaron, energía, gas “y después, quizás, aguas”.
Por último el titular del Palacio de Hacienda rechazó las sugerencias sobre la inacción en materia económica. “Hay un plan en marcha que tiene tres componentes fundamentales”, señaló. “La estabilización de precios permanente sin chalecos de fuerza, como era en la convertibilidad, lo cual para lograrlo tiene decisiones detrás de carácter fiscal y monetario; la expansión de la producción, que detrás tiene decisiones en materia de ocupación y de distribución del ingreso; y la regularización del mercado de nuestras relaciones con el mundo, sobre todo la regularización de las relaciones financieras”, enumeró. Para el ministro, “si esto no es un plan económico tengo la impresión de que habremos estudiado en universidades distintas; porque política fiscal, monetaria, de ingresos y política de financiamiento y de relación con el exterior son siempre las bases de un plan económico”, concluyó.