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Al cierre de esta edición, el Senado estaba a punto de darle media sanción al proyecto de reforma de la ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central. La sesión dio inicio a las 21.50. Tras el colapso del año pasado, la cuestión es central para el reordenamiento del sistema financiero. También alcanza a algunos temas polémicos, como el pedido de “protección legal” para los funcionarios del Banco Central, que sólo fue aceptado en forma parcial. La norma también habilita a que el Central emita hasta 10.000 millones de pesos para financiar al Gobierno.
Caída la convertibilidad, la nueva ley tiene como objetivo devolverle capacidad operativa al Banco Central. La emisión de dinero es una de ellas, y sobre este punto se había generado una ardua polémica entre Roberto Lavagna y el presidente del Central. Prat Gay quería fijar un límite lo más acotado posible para financiar al Tesoro nacional, para tener el mayor control sobre el total emitido y así erigirse como el garante de mantener a raya la inflación.
El Central no podrá darle al Tesoro más del 12 por ciento de la base monetaria (circulación de dinero más los depósitos de los bancos en el BC), unos 4500 millones de pesos. Pero además podrá otorgar el equivalente al 10 por ciento de la recaudación anual –en el Gobierno proyectan entre 5100 y 5500 millones– exclusivamente para cancelar deuda contraída con los organismos multilaterales de crédito. El plazo máximo para el reembolso de los adelantos es de 12 meses. Una fuente de la autoridad monetaria se mostró satisfecha con esta resolución ya que el impacto monetario y el riesgo inflacionario quedaron acotados. Un aspecto destacable es que la relación “recaudación-emisión monetaria-pago de la deuda” está en línea con la idea de Lavagna de atar la cancelación de compromisos con los acreedores al crecimiento de la economía.
El artículo 5 de la ley refiere a la indemnidad para los directivos del Central y de la Superintendencia. Los senadores aceptaron que “los actos adoptados (por los funcionarios) sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas”.
Sobre este punto, en el Central se mostraron conformes: “Mejora la situación anterior”, dijeron a este diario. La “protección legal” es un reclamo del Fondo Monetario que los senadores que quisieron darle la espalda. Pero lo cierto es que Prat Gay hubiese preferido un texto más explícito. “No hay ninguna garantía de que, ante cada medida polémica, los jueces dictaminen que fue tomada con arbitrariedad y culpen a los funcionarios”, razonaba ayer un director de la autoridad monetaria.
La norma también traba la posibilidad de que vuelva a repetirse el caso de las cuasimonedas. “El BCRA es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación”, expresa en el artículo 30. También considera acreedores privilegiados a aquellos ahorristas de hasta 50.000 pesos (o su equivalente en moneda extranjera), tomando a una sola persona por depósito.
El dictamen de mayoría aprobado en la Cámara alta, y que anoche quedaba aprobado, dejó afuera el polémico capítulo laboral. El proyecto original enviado por Economía recortaba algunos derechos de los trabajadores bancarios en caso de que una entidad financiera fuera absorbida por otra. La flexibilización laboral ideada por Lavagna fue objetada por los legisladores, que decidieron borrarla del proyecto, a pesar de la insistencia del secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur.