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Entre los oficiales del Ejército cuyo arresto ordenó el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky por su presunta participación en la masacre de Margarita Belén, hay tres coroneles en actividad: Horacio Losito, quien se desempeña como agregado militar en Italia; Ricardo Guillermo Reyes, con destino en la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor, y Germán Emilio Riquelme, que cumple funciones en el Hospital Militar Central. La orden de detención (por homicidios agravados por alevosía y por haber sido cometidos por el concurso premeditado de dos o más personas, y desaparición forzada de personas), incluye también a siete oficiales retirados: Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renes, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni y Aldo Héctor Martínez Segón. Luego de una reunión con el ministro de Defensa, José Pampuro, el jefe de Estado Mayor, general de división Roberto Bendini, comenzó a notificar a los diez oficiales que debían constituirse detenidos en unidades militares, desde las cuales serán trasladados a presencia del juez. Consultado por este diario, Pampuro dijo que había ordenado el cumplimiento de la orden judicial y que no formularía comentarios sobre su contenido. Por la noche, un brevísimo comunicado del Ministerio de Defensa explicó que “se cumplimentará lo dispuesto por el magistrado actuante”.
Ninguna fuente castrense aceptó referirse en forma oficial al episodio, lo cual hace presumir que medió alguna orden del Poder Ejecutivo en ese sentido. Bajo solicitud de anonimato, en cambio, dejaron saber un orden de jerarquía de inquietudes: en primer lugar, las extradiciones de militares para ser juzgados en otros países, como el caso del ex marino Ricardo Cavallo, cuyo envío a España fue ratificado ayer por el gobierno de Vicente Fox; luego, la detención de oficiales en actividad, como los tres coroneles; por último la de oficiales retirados. El caso de Losito es interesante, ya que pone en colisión la inquietud mayor y la inquietud media: si no se presentara al requerimiento judicial correría el riesgo de ser detenido en Italia. A fines de la década de 1980 participó en los alzamientos carapintada en protesta por los juicios por violaciones a los derechos humanos y en 1989 fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En 1998, cuando se pidió al Congreso su ascenso a coronel fue impugnado por los organismos de derechos humanos, pese a lo cual el Senado le dio el pase.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. Maniatados, encapuchados, sumergidos en una bañadera, fueron golpeados hasta atontarlos. Luego algunos fueron cargados en vehículos y transportados hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga durante un traslado.
El horrendo episodio constituyó el caso 678 en la causa 13, por el que la Cámara Federal de la Capital declaró responsable de homicidio agravado por alevosía al ex dictador Jorge Videla y lo condenó a la prisión perpetua de la que el ex presidente Carlos Menem lo rescató con un indulto en 1990. Ninguno de los tres oficiales en actividad había sido denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ni por la organización H.I.J.O.S. cuando pidieron la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, el 28 de mayo de 2001. Skidelsky obtuvo sus nombres del expediente militar labrado en el momento de los hechos. Todos los imputados formaron parte del convoy que salió de Resistencia con los detenidos, que nunca llegaron a Formosa. El juez declaró nulas las leyes de impunidad en marzo de este año. Cuando decidió avanzar en losprocesamientos pidió el expediente a la Cámara Federal de Rosario donde estaba en razón de que los hechos ocurrieron en jurisdicción del Cuerpo II de Ejército, con sede en esa ciudad.
Luego de varios reclamos, recibió el expediente el viernes 13. Luego del fin de semana largo, a primera hora del martes 17 transmitió al Escuadrón 51 de la Gendarmería la detención de los diez hombres. La Gendarmería lo comunicó al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, y éste a Pampuro quien, a su vez, citó a Bendini. Losito y Reyes pertenecen a la promoción 103 que egresó del Colegio Militar en diciembre de 1972 y Riquelme a la 104, que egresó en 1973. Es decir que en el momento de los hechos eran subtenientes, el grado más bajo del escalafón. Skidelsky deberá determinar ahora si tuvieron participación en el asesinato de los prisioneros, para lo cual serán decisivas las declaraciones que todos presten en la causa.
El informe oficial de Nicolaides dijo que la columna fue atacada en la ruta 11 cerca de Margarita Belén, donde tres de los que la jerga castrense llamaba delincuentes subversivos fueron abatidos y los restantes huyeron. Otras fuentes militares elevaron los muertos a ocho y los prófugos a cinco. Los militares informaron de un segundo enfrentamiento, el 17 de diciembre, en el que habría caído otro de aquellos presos, pero la autopsia reveló que no murió de bala sino de politraumatismo. Entre asesinados a tiros y muertos a palos, se identificaron trece cadáveres, que en varios casos el Ejército entregó a sus familiares en ataúdes sellados, con prohibición de abrirlos y con custodia armada hasta su sepultura, pero un parapolicial, asesinado en 1985 por la policía chaqueña para que no continuara hablando, dijo que murieron allí diecisiete hombres y cuatro mujeres.
Los cuerpos identificados en Margarita Belén fueron los de Patricio Blas Tierno, Manuel Parodi Ocampo, Luis Alberto Díaz, Carlos Alberto Duarte, Carlos Alberto Zamudio, Guillermo Mendoza, Néstor Carlos Salas, Arturo Fransen, Luis Barco y Fernando Piérola. En junio de 2001 el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, Ricardo Brinzoni, dijo “hoy también yo creo que lo de Margarita Belén no fue un enfrentamiento. Me cuesta decirlo, pero aquello fue un fusilamiento encubierto de detenidos que estaban en la U.7. Yo creí durante mucho tiempo en la versión oficial del enfrentamiento”, hasta que en 1980, ya en la Escuela de Guerra, “comencé a averiguar e investigar por mi cuenta y llegué a la triste conclusión de que jamás hubo enfrentamiento alguno”. Brinzoni era en aquel momento secretario general de la intervención militar en el Chaco y podría ser citado a indagatoria cuando el juez pase de los ejecutores inmediatos a los instigadores y autores mediatos.
En un extenso artículo sobre la Argentina publicado ayer en el diario estadounidense New York Times, su corresponsal para América latina, Larry Rother, encomió al presidente Néstor Kirchner por su posición contraria a la impunidad. El artículo se titula “La más sucia de las guerras no será olvidada”.