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Atrapado en la encrucijada de Correo Argentino por los incumplimientos de Franco Macri y sus socios, que desde 1999 dejaron virtualmente de pagar el canon comprometido al adjudicarse el servicio postal, sin existir perspectiva alguna de que reinicien los pagos ni salden lo adeudado, en el Gobierno se evalúa una fórmula original para poner fin a la concesión sin rescindirla. Esa fórmula se llama cram-down, figura incorporada a la ley de Quiebras, por la que un acreedor puede mejorar la oferta que el deudor concursado le efectúa al conjunto de los acreedores y, en caso de lograr el acuerdo de éstos y la aprobación del juez del concurso, se hace cargo de la compañía. CASA (Correo Argentino SA) se presentó en convocatoria de acreedores en septiembre de 2001, previéndose el concordato para octubre próximo. Se supone que la oferta de Macri será suficientemente baja, como para que el Estado pueda mejorarla sin asumir una deuda excesiva. Parte de esta pérdida patrimonial podría recuperarla con una eventual reprivatización. De todas formas, la mencionada salida genera grandes dudas porque ofrece, para el interés público, tanto ventajas como desventajas. Constituiría, por otro lado, una novedad absoluta: el Estado sería el primero en valerse de este mecanismo, hasta ahora virgen en la Argentina. Ningún concurso privado se resolvió de este modo.
El cram-down aseguraría la continuidad de la empresa CASA y de los servicios que presta, incluyendo los puestos de sus doce mil empleados, que sólo cambiarían de patrón. El Estado se convertiría en el nuevo accionista controlante, designando tras ello una nueva conducción. El gerenciamiento podría confiarse a un correo oficial de otro país o algún operador de prestigio, a cambio de una retribución. La situación resultaría de todas formas bastante curiosa: el concedente transformado simultáneamente en concesionario. ¿Qué haría en adelante el Estado: se pagaría el canon a sí mismo?
En principio, para el Estado parece un negocio chino, y quizás efectivamente lo sea. Al capitalizar su acreencia (por el canon que le adeuda CASA) y apropiarse de la empresa del buzón carmín, se haría dueño de su principal y casi único activo: la concesión. Pero el propietario de ésta es en última instancia el propio Estado, aunque se la haya cedido a Macri por 30 años, a cambio de un precio (el canon) que el empresario dejó de abonar dos años después del debut. Obviamente, si Correo fuera a la quiebra y dejara de operar, aunque sólo fuese temporariamente, perdería su porción de mercado a manos a Oca, Andreani y otros prestadores, y la concesión como activo valdría cero.
Con la rescisión pasaría probablemente lo mismo: CASA quedaría vaciada al perder la concesión, pero el Estado, que la recuperaría, difícilmente pudiera recomenzar de inmediato la prestación del servicio postal, aunque recuperase sin demora los edificios, dados en comodato, y tomara a todo el personal. Por empezar, debería crear una nueva empresa, o revitalizar la Encotesa residual, que se encuentra en parsimoniosa liquidación. En los hechos, es probable que Macri trabase el mecanismo mediante el pedido de una medida cautelar interpuesto ante la Justicia, con lo que al Gobierno se le derretiría el valor de la concesión como un helado bajo el sol.
Pero, además de ese activo (la concesión, no el helado), también pasarían al Estado las deudas de Correo Argentino, aunque obviamente con las quitas y el estiramiento de plazos que los demás acreedores aceptaran. Aun así, el asunto es irritante porque el Estado asumiría como suya una deuda que no contrajo –otros importantes acreedores son los bancos Galicia (también socio), Citi y BID, más la Corporación Financiera Internacional (también socia)–. Más enojoso todavía es saber que el actual concesionario saldrá limpio, quitándose de encima el problema, después de haber protagonizado una de las privatizaciones más absurdas.
El Gobierno, por su parte, tratará de salvar la cara mostrando que echó a Macri del correo. Pero siempre le costará explicar la decisión dehacerse cargo de una empresa con un activo de propiedad estatal y un pasivo en el que incurrió el concesionario privado.
Como se ve, el cram-down abre espacio para una negociación entre Franco y el Poder Ejecutivo, en la que éste se librará de la pesadilla de doce mil trabajadores postales lanzándose a protestar, tipo LAPA. Por otro lado, si optase por dar por caída la concesión o intervenir la empresa, se arriesgaría a que Macri le plantee reclamos millonarios por lucro cesante y daño emergente ante la Justicia, cuyos fallos son siempre inciertos. Sería el peligroso modelo Siemens. No se puede desconocer que algunos manejos de Correo fueron convalidados por la Justicia, como muestran los cuatro sobreseimientos dictados en favor de German Kammerath, el secretario de Comunicaciones del menemismo que aceptó los retiros voluntarios pagados por Macri para desprenderse de seis mil empleados como si con ellos hubiese cubierto cuatro años de inversiones comprometidas.
El Gobierno se halla en esa aciaga situación del ajedrez conocida como Zugzwang, u obligación de mover. Como actor actual en esta mala privatización realizada en 1997 le convendría no hacer nada, pero esa posibilidad no le es dada, porque implicaría convalidar indefinidamente el incumplimiento de una privatizada. Tampoco puede renegociar el contrato con CASA porque el postal es un mercado en competencia, y cualquier modificación en las condiciones afectaría al resto de los jugadores. Hay que tener en cuenta, por lo demás, que este servicio se privatizó sin que se aprobara un marco regulatorio para la actividad, aunque suene increíble.