El Gobierno lanzó un plan de facilidades de pago para las deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social que presentan más de 1.700.000 contribuyentes morosos con la AFIP. Esos pasivos podrán ser refinanciados en hasta 120 cuotas mensuales a una tasa de interés de 1,35 por ciento mensual, que equivale a un 17,5 por ciento anual, un costo financiero bastante más bajo que el de un crédito bancario y también menor a la inflación que surge de diversas mediciones alternativas a la oficial. A diferencia de iniciativas similares lanzadas años anteriores, la medida anunciada ayer en conferencia de prensa por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no incluye la condonación de una parte de la deuda, ni exige un pago a cuenta. Entre los casos que pueden ser beneficiados se incluyen aquellos que fueron objeto de inspección por parte del organismo recaudador y los que están en discusión judicial. Se excluye a los contribuyentes denunciados penalmente y a las cerealeras, entre otros.

Del universo de contribuyentes que abarca el plan, el 99,8 por ciento adeuda hasta un millón de pesos, informó la AFIP, para destacar que se trata de pequeñas y medianas empresas. En efecto, el gobierno busca aliviar la situación de algunas de esas firmas que venden al mercado interno y que salieron golpeadas de un 2012 difícil en materia económica.

Echegaray dijo que la medida es anticíclica, para sostener el empleo, y que no tiene un fin recaudatorio, al no haber pago a cuenta. En el equipo económico estiman que hasta fin de año el Fisco reciba entre 400 y 500 millones de pesos adicionales, una cifra que no mueve el amperímetro de las cuentas públicas. El anuncio se dio luego de una serie de operativos de amplia difusión mediática por parte de la AFIP sobre contribuyentes que solicitaron moneda extranjera para viajar al exterior y luego no salieron del país, y los casos del comediante Matías Alé y del árbitro Pablo Lunati. Eso siembra la percepción de un organismo activo y vuelve más atractiva la regularización fiscal.

Las deudas susceptibles de ser refinanciadas deben tener vencimiento hasta el 28 de febrero de 2013, detalla la Resolución General 3451, publicada ayer en el Boletín Oficial y que remarca el carácter de “excepción” de la medida. En el caso de las deudas impositivas, queda excluido el Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2012, ya que vence para personas físicas en abril y en el caso de personas jurídicas en mayo, ni Bienes Personales para ese período, cuyo vencimiento también es el mes que viene. No alcanza a las retenciones a las exportaciones, que se pagan de antemano. En el caso de la seguridad social, son empleadores que no depositan el importe retenido a su empleado. El plazo para ingresar al plan cierra el 31 de julio y las cuotas, anticipó la AFIP, vencerán los días 16, con una segunda oportunidad de pago los 26.

El grado de morosidad, según estudios especializados, se mueve en forma inversa al ciclo económico. Crece la mora cuando la economía entra en una fase de estancamiento o recesión. El año pasado fue difícil para varios sectores de la economía nacional, lo que afectó el cumplimiento en el pago de impuestos. Para las pymes morosas, acceder al plan supone regularizarse frente al Fisco, mejorar su condición crediticia y emprolijar la situación patrimonial.

El plazo máximo de repago es de 10 años (120 cuotas iguales de un mínimo de 150 pesos), a una tasa de 1,35 por ciento mensual y sin quita ni pago a cuenta. Luciana Díaz Frers, del Cippec, explicó a este diario que “el plan no es un regalo, ofrece condiciones de financiamiento más atractivas que las del mercado. Como no hay quita de la deuda, no se puede decir que genera un incentivo al incumplimiento”.

La AFIP aclaró que los contribuyentes adheridos a planes de facilidad de pago anteriores pueden reformular el convenio y adecuarse al nuevo esquema. No podrán hacerlo aquellos que, habiendo ingresado a algún plan previo, han dejado de pagar las cuotas. Tampoco los que formen parte del “Acuerdo Fiscal” de 2009, cuando hubo quita de deuda. Los contribuyentes con deudas en instancias administrativas, contencioso-administrativo o judicial podrán adherirse siempre que reconozcan el incumplimiento, la pretensión del Fisco y renuncien a reclamo posterior.

Alejandro Otero, experto en temas fiscales y dirigente del Frente Grande, consideró que “hay un conjunto de empresas, en general pequeñas y medianas, que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones, y esta medida ofrece condiciones favorables para mejorar su situación”. Una de las principales críticas a este tipo de medidas es que incentiva el incumplimiento, porque de algún modo “premia” a los morosos. Por eso se recomienda utilizarlas en situaciones muy especiales. La última moratoria del Gobierno fue en 2009, en paralelo al plan de blanqueo de capitales.

La AFIP aclaró que “contribuyentes que han gozado de otros beneficios como el de tener medidas cautelares por más de 10 años”, en referencia a una deuda de 280 millones de pesos de la Nación con el organismo, y aquellos que fueron denunciados penalmente no pueden ingresar al plan. Resaltó el caso del HSBC, “que tiene una deuda de 244 millones de pesos, que es lo que debe por impuestos, evasión tributaria y lavado de dinero”. Tampoco podrán ingresar las cerealeras con deuda hacia el fisco y están acusadas de preanotar exportaciones para evitar pago de retenciones. Cargill, con 228 millones de dólares, Bunge (126 millones), LDC (142 millones), Molinos (198 millones) y Nidera (133 millones), lideran ese ranking. También hay exclusiones entre las que se destacan los aportes a las obras sociales, las cuotas a la ART y aportes y contribuciones a la Seguridad Social para el servicio doméstico.