La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó la solicitud argentina para que el pleno del tribunal revea la sentencia de octubre del año pasado, sobre supuesta discriminación del país con los fondos buitre, que obliga a pagarles por sus tenencias en bonos defaulteados. La decisión del tribunal se conoció ayer, días antes de que el Ministerio de Economía presente las condiciones para una posible tercera reapertura del canje, a la que apuesta el Gobierno como forma de terminar con el reclamo de los fondos especulativos. La postura argentina sostiene que una nueva oferta de canje es la única opción equitativa para el 93 por ciento de los acreedores que ingresó entre las reestructuraciones de 2005 y 2010, invitación que sistemáticamente los fondos buitre rechazaron. El pedido para revisión del plenario –que en la jerga financiera se denomina en banc– fue solicitado en simultáneo con la apelación sobre la primera sentencia de la Cámara que daba a lugar al fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, para que se abone la supuesta deuda en efectivo.

La sentencia de la Cámara del 26 de octubre obligaba al país a reconocer la deuda con estos fondos buitre, a partir de dar a lugar a la interpretación de los demandantes sobre la cláusula de pari passu, que se refiere a un tratamiento igualitario entre los acreedores. La argumentación de los fondos especulativos es que son discriminados debido a que, mientras se les paga a los bonistas que ingresaron en el canje, no se les abona sus tenencias en papeles defaulteados. Pese a lo controvertido de esta interpretación, la Cámara dio a lugar a este reclamo previamente avalado por Griesa, con lo que obliga al país a hacer una oferta a los buitres. El magistrado neoyorquino exigió un pago en efectivo por el total de 1330 millones de dólares que reclaman los fondos especulativos. También solicitó la conformación de un depósito de ese monto que sirva de garantía en caso de incumplimiento.

El estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al país, apeló la decisión de un pago cash –que fue otorgada–, mientras que solicitó la revisión en banc del fallo con el tema del fondo: si existe discriminación y corresponde pagarles a estos fondos especulativos. El fallo había sido dictado por tres jueces, mientras que el tribunal está conformado por trece magistrados. “La apelante República de Argentina presentó un pedido para una revisión por el Tribunal en pleno (en banc). Los miembros activos del tribunal han considerado el pedido de revisión. Se ordena que la petición sea rechazada”, indica un escueto documento dado a conocer por la Justicia federal estadounidense. El comunicado lleva sólo la firma de la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe.

La medida despeja la posibilidad de una revisión de la cuestión de fondo –al menos en este tribunal– con lo que la apuesta argentina es tratar de convencer a los magistrados del riesgo sistémico que implica reconocer condiciones más favorables a los fondos buitre que al resto. La estimación oficial es que el pago en efectivo de 1330 millones de dólares a estos especuladores gatillará reclamos de igual tratamiento contra el Estado argentino de parte de bonistas que ingresaron, lo que elevaría esta deuda a 43.000 millones de dólares. También se juega la carta de pésimo precedente que implica para futuras reestructuraciones de deuda en el mundo y el daño que causa a la imagen del Bank of New York, agente de pago de los papeles de muchos países.

Dentro del cronograma que dispuso esa Cámara de Apelaciones para que las partes hagan sus exposiciones, sorprendió el pedido de aclaración al gobierno argentino sobre su propuesta de canje, lo que fue interpretado como una señal positiva. Fue después de la audiencia en la que se enfrentaron los abogados de los fondos buitre y de la Argentina. En el escrito que enviarán en las próximas horas, se sostiene que el hecho de que no puede darse un tratamiento diferenciado y más favorable que al resto de los acreedores que participaron del proceso de reestructuración de la deuda. Si bien no adelantaron la propuesta, será una fórmula similar a la de 2010, lo que implica una quita cercana al 70 por ciento, reducir los intereses, extender los vencimientos hasta 2038 y no reconocer pagos del Cupón PIB correspondientes a años anteriores.