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La UIA, cuna del actual ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, reclama un plan de emergencia para suspender y despedir personal. Según explicó ayer la entidad fabril, su propuesta consiste en un régimen de excepción al que las empresas pueden adherirse voluntariamente y por el cual se permita suspender al personal por el término máximo de doce meses, pagándole en ese lapso la mitad de la remuneración. Si al cabo de este período el empleador decidiera concretar el despido, podrá abonar la indemnización correspondiente en doce cuotas mensuales, ajustadas según una tasa de interés. Durante el primer desalentador año, el empleado conservaría su obra social. En el segundo, percibiría también el subsidio de desempleo oficial. Todo para ofrecer a muchas empresas “una oportunidad antes de cerrar sus puertas”.