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No faltó nadie. Cecilia Bolocco y Carlos Menem se abrazaban. Raúl Alfonsín, Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa –todos con uniforme de presos, salvo la chilena, que estaba con un vestido amarillo– saludaban a la multitud. De traje, el presidente norteamericano George W. Bush sostenía un cartel en el que pedía “Freedom for muy good boys” (traducido del otro lado como libertad para mis buenos muchachos). El octavo cacerolazo contra la Corte Suprema se caracterizó por la irrupción de las máscaras de los políticos en la protesta. Todos los personajes estaban interpretados por los jubilados que la semana pasada encarnaron a los ministros del máximo tribunal.
En la escalera del Palacio de Tribunales Bush se tapaba los oídos para no escuchar el ruido de la cacerola que golpeaba una viejita medio encorvada que tenía como vincha una bandera argentina. De fondo acompañaba el tradicional grito de los caceroleros: “Que se vayan todos”. El grupo de arte callejero Etcétera enarbolaba su dibujo de un tablero de ajedrez con la leyenda “Jaque al rey y su corte. Todo el poder a los peones”.
Los miembros de la junta promotora para la remoción de la Corte Suprema –integrada entre otros por la Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación Americana de Juristas, Central de Trabajadores Argentinos y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora– repartían un volante en el que se definían las razones por las que los jueces deberían irse. Era una respuesta a “quienes invocando las garantías del debido proceso” intentan salvar a algunos o todos los miembros del tribunal. La junta afirmó que se trata de un juicio político, no ordinario, y está basado en el “mal desempeño” de los jueces. Con cita a Joaquín V. González explicó que “pueden los actos de un funcionario no ser delitos o crímenes calificados por la ley común pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución y entonces son resortes del juicio político”. Finalmente la junta explicó que “por acción u omisión estos ‘cortesanos’ son los principales responsables de que la sociedad argentina no crea en la Justicia”.
Ese sentimiento era fácilmente constatable en el cacerolazo. “La Corte se tiene que ir porque no hay Justicia”, dijo Graciela, una docente que llevaba en una caña en la que tenía ahorcados, con las misma soga, a unos muñecos de gomaespuma de Menem, Alfonsín y Eduardo Duhalde. “¿Lo peor que hizo? La libertad de Menem”. Para Pablo, un estudiante de diseño industrial que llegó a la protesta en bicicleta, lo peor que hizo la Corte fue “la impunidad”, encarnada en “la libertad de Menem y la pelea de poder al derogar el corralito, porque no creo que a ellos les importe”. “La Embajada de Israel, el corralito, dar marcha atrás en todos los juicios sobre el genocidio”, enumeró Agustín secretario de derechos humanos de la FUBA y miembro del MST, como lo “peor” del Máximo Tribunal. “Nos demuestran que las leyes no funcionan”, fue la razón que esgrimió Delia, una señora que cuida ancianos que cargaba en sus brazos a Sami, un gato siamés que no le tiene miedo al ruido de las cacerolas.
La protesta se dirigió desde Tribunales al Congreso, que estaba fuertemente custodiado por efectivos de la Policía Federal. Allí, exigieron que se realice sin demora el juicio político contra todos los integrantes de la Corte. Antes de retirarse, algunos manifestantes se cruzaron con los diputados María América González y Eduardo Macaluse que fueron agredidos por los caceroleros. En vano, los legisladores trataron de explicar que ellos los apoyaban.