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La Mesa del Diálogo Argentino emitió ayer un comunicado para proponer “ampliar urgentemente los programas de subsidio a los desempleados”, integrando esto con la ayuda alimentaria y solicitar que tales iniciativas se financien con “contribuciones excepcionales de los grupos o sectores más beneficiados e inmediatas reducciones de los gastos del aparato público nacional y provincial”. De esta manera los participantes del Diálogo están apuntando directamente no sólo a la recomendación de acciones, sino indicando de dónde pueden provenir los fondos para la implementación de esas medidas.
En fuentes cercanas a la Mesa del Diálogo y a los obispos que allí están trabajando se cree que la suma adicional que se necesita para atender la emergencia ronda entre los 2000 y los 2500 millones de pesos, y que esos recursos podrían obtenerse, de acuerdo a las consultas técnicas realizadas, de la aplicación de gravámenes excepcionales a las empresas que se han visto favorecidas por la licuación de sus deudas pesificadas o a los exportadores que se beneficiaron con la devaluación. Sin embargo, consideran, esto no sería políticamente factible si desde el propio Estado no se generan gestos de austeridad en consonancia con ello.
El documento de la Mesa del Diálogo afirma que “las contribuciones se legislarán sobre la base de principios de equidad en la distribución de los costos de la crisis”, porque el “objetivo central de la reconstrucción ha de ser el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo y el combate a la pobreza mediante políticas económicas y sociales permanentes”.
El pronunciamiento de la Mesa del Diálogo se encadena con otras declaraciones a través de las cuales tanto la mesa coordinadora como los obispos vienen planteando, cada vez con mayor urgencia, la necesidad de adoptar medidas inmediatas que atiendan a las demandas más urgentes de la gente y, como lo señalan, “afianzar la transición hacia un tiempo nuevo con la participación de todos”.
Mientras las comisiones de trabajo intersectorial siguen funcionando en el colegio Jesús María de la capital, los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Staffolani, junto con los representantes del Gobierno en la Mesa, Juan Pablo Cafiero, Antonio Cafiero y José María Díaz Bancalari, mantienen contactos con Eduardo Duhalde, con otros miembros del Poder Ejecutivo y con legisladores de todos los partidos con la finalidad de impulsar medidas concretas y leyes que apuntalen los pedidos que se formulan en el ámbito del Diálogo. Todas las conversaciones son seguidas de cerca por el representante del PNUD en la Argentina, el embajador Carmelo Angulo. Hoy por la mañana el propio presidente Eduardo Duhalde estará presente en un encuentro dedicado a los temas de salud.
En la Mesa del Diálogo existe coincidencia en el sentido de que para lograr “recuperar la credibilidad en nosotros y la de la comunidad internacional en nuestra capacidad para construir una sociedad justa, armónica y sustentable, pasa por mostrar, que en un primer momento, sobre la base de la austeridad y el esfuerzo, somos capaces de cubrir la brecha social”.
Según se afirma en el comunicado difundido ayer “la Mesa del Diálogo trabaja para concretar coincidencias inmediatas sobre la base de esos criterios (que incluyen recuperar el sentido del bien común y privilegiar a los más pobres) cuenta con el compromiso del Gobierno y de las autoridades parlamentarias de convertirlos en decisiones inmediatas”.