La política económica del gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla marcó un quiebre en la historia argentina. Permitió que los militares, aliados a la oligarquía terrateniente, el gran capital transnacional y la banca internacional y sus socios locales, den por concluida la etapa de la industrialización que forjó la alianza de clase entre los trabajadores y la burguesía local. Para implementar esa estrategia, el terrorismo de Estado a una escala nunca vista en el país fue el único medio posible. Desindustrialización, especulación financiera, endeudamiento y fuga de capitales son conceptos claves de la etapa, signada por una intensa intervención estatal que discriminó la manufactura local a través de la valorización financiera. La economía de la dictadura explica en buena medida la bancarrota de la década de los ’80, que sirvió para justificar la avanzada neoliberal en los ’90.

Cinco días después del golpe del 24 de marzo, Videla nombró como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. Miembro de la oligarquía terrateniente, con estrechos vínculos con la banca extranjera, en particular con el Chase Manhattan Bank y amigo de su director, David Rockefeller, apenas asumió devaluó un 80 por ciento el peso y redujo a la mitad las retenciones agropecuarias. Liberó los precios, congeló los salarios y suspendió el derecho a huelga. El resultado fue un cambio violento en los precios relativos, en favor de la actividad agropecuaria y en contra de los sectores populares. La participación del salario en el PBI entre 1975 y 1977, se redujo del 43 al 25 por ciento, y creció el desempleo.

“El salario real ha llegado a un nivel excesivamente alto en relación con la productividad de la economía”, afirmaba el ministro. En esa línea, hay economistas que plantean que la dictadura se enfrentó a un modelo de industrialización ya agotado. Eduardo Basualdo, de Flacso, refuta esa postura y recuerda que desde mediados de los ’60 la economía registró un crecimiento sostenido, a partir de una mejor disponibilidad de divisas por las exportaciones no tradicionales y el endeudamiento externo.

Frente a un desempeño macroeconómico aceptable hasta 1975, la economía de la dictadura mostró en forma ininterrumpida una caída de la ocupación obrera. De “punta a punta” el PBI subió sólo 2,3 por ciento, la manufactura cayó el 12,4 y el sector financiero subió 10,1. La deuda externa se incrementó en forma exponencial, bajo una inflación altísima.

La legislación económica en la etapa fue vasta y perduró muchos años. En algunos casos, sigue vigente. En agosto del ’76 Videla sancionó la Ley de Inversiones Extranjeras, que desreguló los controles sobre ese flujo, y a fin de año Martínez de Hoz unificó el tipo de cambio y aplicó una baja de aranceles a la importación. En el plano monetario, en línea con el enfoque ortodoxo, el plan comenzó con una severa contracción. Hasta ese momento, se trataba de un programa liberal relativamente tradicional, con particular énfasis en contra de la industria y a favor del agro.

La Reforma Financiera, de junio de 1977, fue el eje del nuevo modelo de acumulación. Eliminó la férrea regulación del crédito, liberalizó la tasa de interés y los flujos de capitales. Según un trabajo del economista Mario Rapoport, entre 1978 y 1979 se abrieron 1197 sucursales bancarias y financieras, mientras el PBI per cápita estaba estancado.

La economía internacional en esa etapa buscaba recuperarse de la crisis del petróleo de 1973, que hizo emerger dificultades para la realización de ganancias por parte de capitalistas en los países desarrollados. Eso motivó un viraje hacia la ortodoxia, liderada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos. La crisis global dejó una enorme masa de dinero en busca de ser valorizado, que se canalizó en forma de préstamos hacia países como Brasil, México y la Argentina.

La reforma del sector financiero motivó un incremento de las tasas de interés, a partir de la mayor demanda de crédito por parte del Estado y las empresas y los intentos oficiales de contraer la oferta monetaria. En el nuevo contexto de liberalización financiera, el alza en la tasa de interés motivó el ingreso de capitales con la intención de valorizarse en territorio nacional. A la vez, esta suba del costo de fondeo para las empresas impulsó la inflación en un contexto de marcada recesión. Videla y Martínez de Hoz entonces decidieron aplicar una nueva reducción de aranceles para abrir la economía a la competencia importadora y poner un techo a los precios. El esquema se completó con la famosa “tablita” de Martínez de Hoz, en enero de 1979, que introdujo un tipo de cambio con una devaluación nominal decreciente pautada de antemano en el tiempo.

El esquema cambiario preestablecido, la liberalización financiera y la alta tasa de interés local dispararon la fiebre especulativa de la “bicicleta financiera”. Este mecanismo consistía en el creciente endeudamiento externo del sector privado, que valorizaba el capital en el sistema financiero local y luego lo fugaba al exterior. Ese nuevo depósito permitía tomar más crédito y retomar el círculo. Para solventar la fuga de capitales, que en términos netos debía ser mayor que el ingreso de deuda porque incluía las ganancias privadas, el Estado acumuló una enorme deuda externa que condicionaría fuertemente la política económica en los ’80, especialmente después de la estatización de la deuda privada en 1982.

La dictadura también sobreendeudó a empresas estatales como YPF, Segba, ENTel, Aerolíneas Argentinas, Agua y Energía Eléctrica y Gas del Estado. El neoliberalismo utilizaría el argumento de la “ineficiencia” de estas empresas para justificar su privatización.

La inflación superó la previsión de la tablita. Eso generó una fuerte apreciación cambiaria y el “déme dos” de la época de la “plata dulce”, que la clase media aprovechó y que afectó severamente a la industria nacional y en particular a la clase obrera. Esa situación quedó retratada en Plata dulce, película dirigida por Fernando Ayala. La famosísima frase de Federico Luppi bien se la pueden dedicar los trabajadores argentinos, en lugar de al financista Arteche, a Videla y Martínez de Hoz.