Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas de 1985 y en el juicio por fusilamientos en Córdoba, en 2010.
Imagen: DYN & Pablo Piovano.

El dictador Jorge Rafael Videla murió con tres condenas, de las cuales sólo una está firme. En 1985, la Cámara Federal porteña lo condenó a perpetua durante el Juicio a las Juntas de Comandantes. Carlos Menem lo indultó en 1990. En 1998, quedó detenido por el robo de bebés, la única figura legal que quedó fuera del cerco de impunidad que abrieron las leyes de obediencia debida y de punto final. Con la reapertura de los juicios, en 2010 recibió la segunda condena a perpetua, por el fusilamiento de 31 presos de la Unidad Penal 1 de Córdoba y el año pasado fue condenado a 50 años de prisión por 20 robos de niños por el plan sistemático de robo de bebés. Videla era juzgado por estos días por su rol en la coordinación del Plan Cóndor: tras su muerte, 44 de esas víctimas quedan sin juicio. Uno de los datos que dan cuenta de la dimensión del dictador en la arquitectura de la oscuridad represiva surge al mismo tiempo del mapa de juicios de lesa humanidad que avanzan lentamente en todo el país: murió a las puertas de otros seis juicios orales, entre ellos una megacausa de más de 550 víctimas en el área del I Cuerpo del Ejército, en la que era el único imputado. Por otra parte, su nombre se repite entre los procesados de una veintena de causas que se extienden desde Comodoro Rivadavia hasta Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y La Rioja.

En la causa 13/84, que probó la existencia del plan criminal, Videla fue condenado a reclusión perpetua por “66 homicidios doblemente calificados por alevosía e intervención de tres o más personas, cuatro tormentos seguidos de muerte, 93 tormentos, 306 privaciones ilegales de libertad calificadas por violencia y amenazas y 26 robos”. Esos datos leídos hoy parecen “escandalosamente pocos”, como recordó anoche una de las testigos. El contexto era otro. Videla fue absuelto por ejemplo en cinco de los seis casos de robo de niños del juicio, porque las víctimas no habían aparecido y los jueces no dieron por probados los hechos. La Justicia esperó hasta 2012 para replantearlo.

La siguiente condena la recibió el 22 de agosto de 2010. El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba lo condenó a perpetua por el fusilamiento de 31 presos de la Unidad Penal y ordenó la detención en cárcel común. Los jueces condenaron además a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores. Durante el juicio, Videla habló en cuatro oportunidades. En la última se situó en el lugar de los perseguidos políticos, la lógica de la “guerra” que volvió a plantear en cada una de sus intervenciones en los juicios. “Los enemigos de ayer están hoy en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos”, dijo entonces.

En julio de 2012, el Tribunal Oral Federal 6 porteño lo condenó a 50 años de prisión por 20 apropiaciones de menores. La sentencia planteó por primera vez el robo de niños como “una práctica sistemática y generalizada”. Al contrario de lo que había dicho la Cámara en 1985, los jueces “sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desaparición del niño”, explicó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta. Para entonces, la reforma del Código Procesal permitió a Abuelas de Plaza de Mayo impulsar el pedido a 50 años de prisión por diez menores que continuaron desaparecidos después de ese año. Videla además fue condenado por los casos de niños aún no aparecidos, lo que marcó otra diferencia con el ’85. El tribunal dijo que “esos niños nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la madre, que se los sacaron enseguida, o sea el niño nació vivo y el niño está. Punto”, explicó en ese contexto la jueza. Videla pronunció ahí también unas últimas palabras, e integró a los niños a lógica de la “guerra”: “Muchas parturientas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes”, tronó.

En la actualidad, el dictador era juzgado por el plan de coordinación represiva de los países del Cono Sur. En un comunicado, el CELS explicó uno de los efectos de su muerte: “De los 106 casos que comprenden esta causa, 44 no podrán ser juzgados por ser Videla el único imputado”. Entre esos casos, están los de Brasil y unas diez víctimas de Bolivia y de Perú.

Entre las causas ya elevadas a juicio está la llamada “causa Videla”: reúne a más de 550 víctimas del I Cuerpo del Ejército. El juicio estaba en manos del Tribunal Oral Federal 3, y la fiscalía de Martín Niklison. Las víctimas ya habían sido motivo de otras causas, como jefes de Aérea y el centro clandestino de El Vesubio, pero Videla no había sido juzgado. Un problema que generó el atraso de la Justicia se ve en este expediente por partida doble. Una gran parte de las víctimas eran a la vez “casos” imputados al jefe del Batallón 601, el general Carlos Martínez, detenido y procesado recién el año pasado por 1200 hechos. Martínez murió el 7 de abril, era el arquitecto del exterminio, el hombre que tenía en sus manos los datos que surgían de la Inteligencia del país.

Otro juicio pendiente es el del Operativo Independencia, en Tucumán. Videla allí estaba procesado y el juicio aún no tenía elevación a oral. Una característica es que la imputación a Videla arranca antes de la fecha del golpe y marca de esa manera una continuidad en la política represiva entre ambos momentos. También está la causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. Videla está procesado y la causa fue elevada a juicio oral el 6 de diciembre de 2012.