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La distribución progresiva del ingreso no es un suceso mágico, ni una bendición divina. Es un espacio de disputa y ruptura con sujetos económicos de intereses antagónicos en el cual el Estado, a través de diversas medidas, orienta el modo de reparto de la riqueza. Existe la convención política de postular la aspiración colectiva de mejorar la distribución del ingreso. La expresan representantes sociales y políticos diversos, y es un anhelo manifestado por sectores acomodados de clase media y alta. En diálogos habituales en ambientes fraternos, en análisis periodísticos o en discursos variados aparece la preocupación por los niveles de pobreza y las condiciones materiales de grupos sociales vulnerables. Este acuerdo global en el mundo de los deseos de igualdad, como en un cuento infantil de buenas intenciones, empieza a crujir cuando se enfrenta a la cuestión terrenal de concretar en hechos la mejora en la distribución de la riqueza. Para avanzar en ese sentido, sectores socioeconómicos ubicados en rangos medios y elevados de ingresos deben aportar más (impuestos) o recibir proporcionalmente menos (diferentes mecanismos de transferencias monetarias directas e indirectas el Estado) en comparación con la población que ocupa la base de esa pirámide. Aquí es donde emergen las tensiones porque empiezan a colisionar las frases políticamente correctas de querer un país con menos pobres, de mayor inclusión social, con la realidad de quienes deben disminuir un poco sus privilegios en términos relativos para poder alcanzar el objetivo redistributivo. En esa instancia aparece la reacción defensiva, protestando por la elevada presión tributaria, la observación negativa a la moratoria previsional porque beneficia a personas que no hicieron la totalidad de los aportes correspondientes, el cuestionamiento a la política de favorecer en una primera etapa el aumento de las jubilaciones mínimas en comparación con el resto, el incentivo de las paritarias con negociaciones que mejoraron el salario en términos reales y otras medidas en esa dirección hasta, finalmente, la crítica a la Asignación Universal por Hijo porque no fomenta la cultura del trabajo y, con más furia, la descalificación que dice que quienes la reciben no son merecedores.

Varias de las tensiones que se están registrando en la economía se originan en la puja sobre cómo se reparte la riqueza. Es lo habitual en sociedades que tienen vitalidad. Una diferencia sustancial con respecto a ciclos políticos anteriores con piquetes y movilización masiva de trabajadores y desocupados es que en éste la resistencia proviene de grupos socioeconómicos de ingresos medios y altos. Como se sabe, sólo afectando algunos privilegios, lo que no implica que no sigan gozando de muchos (por caso, la renta financiera está exenta del pago del Impuesto a las Ganancias), se puede avanzar en mejorar la distribución del ingreso.

La Asignación Universal por Hijo es una de las herramientas más potentes de redistribución progresiva del ingreso, de achicamiento de la brecha entre los que más y menos ganan. El último aumento, elevando de 270 a 340 pesos y otras mejoras en el resto de las asignaciones, implicó una expansión de los recursos destinados al gasto social con un impacto redistributivo notable: en 2012, el 10 por ciento de los hogares más rico ganaba 12,6 veces más que el 10 por ciento más pobre. Con los incrementos anunciados de la AUH, asignaciones familiares y otras transferencias por 16.803 millones de pesos adicionales, la brecha disminuirá a 10,7 veces, estimó la Anses.

El especialista en Mercado de Trabajo y Protección Social de la OIT, Fabio Bertranou, coordinó el documento “Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina. El caso de las asignaciones familiares”, con la colaboración de Roxana Maurizio, Evelyn Vezza y Claudia Giacometti. Una de las conclusiones de esa investigación es que el sistema de asignaciones familiares (régimen general y AUH) ha tenido una importante influencia en la reducción de la indigencia y la pobreza de niños, niñas y adolescentes en 77 y 29 por ciento, respectivamente. La relevancia de la AUH queda en evidencia porque con su incorporación al sistema de asignaciones familiares la indigencia y la pobreza se reducen en un 65 y 18 por ciento frente a la situación previa. “El programa consiste en un aporte importante para la construcción de un piso de protección social”, afirman, para agregar que “sin lugar a dudas, actualmente el país cuenta con una protección social desarrollada que ha contribuido en forma sustancial al bienestar de la población”. El sistema de asignaciones familiares tiene un alcance amplio (AUH, aporte directo a trabajadores formalizados hasta un tope de ingresos y desgravación en el pago de Impuesto a las Ganancias para salarios altos). Un informe de la Anses precisa que el total de personas menores de 18 años es de 12.460.000, y el 82 por ciento tiene cobertura de asignaciones familiares. El resto (2.2390.000) no está alcanzado porque integran familias de autónomos y monotributistas, son hijos de titulares de pensiones asistenciales y otros casos, como sexto hijo de familia numerosa, extranjeros con menos de tres años de residencia, argentinos residentes en el extranjero.

La AUH involucra el 0,6 por ciento del PIB, consolidando varios programas de transferencias que funcionaban con escasa coordinación. En comparación con los programas de transferencias condicionadas en otros países de la región, Argentina es el país que más recursos destina en relación con su PIB. Ese 0,6 por ciento deja en segundo lugar a Uruguay, con el 0,5 por ciento, y luego se ubica Brasil, con el 0,4 por ciento. México invierte 0,2, Perú 0,1 y Chile 0,06 por ciento de sus respectivos PBI en ese tipo de cobertura social a sectores vulnerables.

El informe de la OIT menciona que la profundización de la protección social en la Argentina se logró debido a que se establecieron incompatibilidades en la percepción de más de una prestación, concentrándose en la AUH por brindar un mayor ingreso monetario. Destaca que la AUH significa la expansión de derechos para la niñez a los hijos de desempleados, a los trabajadores del servicio doméstico formal y a los trabajadores de la economía informal. La investigación de la OIT destaca que la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares constituyen un componente esencial de la base del sistema de protección social, precisando los principales programas:

- AUH (3,3 millones de niños, niñas y adolescentes; 1,7 millón de familias titulares de derecho).

- Asignaciones familiares (4,1 millones de niños, niñas y adolescentes).

- Seguro de Capacitación y Empleo (120 mil personas).

- Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo (40 mil).

- Plan de Empleo Comunitario (300 mil).

- Seguro de Desempleo (143.500).

- Programa Repro (el Estado abona parte del salario del trabajador de empresas en crisis).

- Pensiones no contributivas y asistenciales (1,1 millón).

- Jubilaciones por moratoria (2,5 millones).

- Jubilaciones y pensiones (3,4 millones).

- Pensiones no contributivas asistenciales por vejez (65.900).

- Otras iniciativas de apoyo para la generación de ingresos (Plan Nacional “Manos a la Obra y Plan Argentina Trabaja).

Desde mayo de 2011 se dispuso la ampliación de derechos a mujeres embarazadas para la protección social, sumando en febrero de este año casi 61 mil.

“Argentina ha ido aumentando, en el tiempo, las capacidades fiscales para incrementar el gasto público, particularmente el gasto público social. Tan es así que para el contexto de América latina, junto con Brasil y Uruguay, el país presenta los mayores indicadores en relación con su PBI”, subraya Bertranou. Ese aumento tuvo su origen en la eliminación del negocio financiero especulativo de las AFJP y la recuperación del sistema previsional a manos del Estado, que permitieron una mejora sustancial del financiamiento de la seguridad social.

El documento de la OIT concluye con la necesidad de construir una mayor institucionalidad en la protección social, por ejemplo con una ley de la AUH, para que los programas sean una política de Estado. De esa manera, la protección social no sólo atenderá los objetivos de corto plazo (reducir la pobreza y la indigencia) sino que institucionalizará el objetivo de largo de la inclusión, rompiendo con la transmisión intergeneracional de la pobreza.

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