La Corte Suprema de Estados Unidos comenzará a definir el futuro de la disputa que el Gobierno mantiene con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Luego del receso de verano, el máximo tribunal de ese país mantendrá hoy una reunión privada donde decidirá qué expedientes analiza de los que llegaron a esa instancia. El listado incluye la apelación del gobierno al fallo del juez Thomas Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones, que obliga al Estado argentino a cancelar una deuda de unos 1300 millones de dólares con un grupo de holdouts en un solo pago y sin quita, con el argumento de que Argentina violó la cláusula pari passu al no pagarles a los buitres, pero sí cancelar los vencimientos de los bonos emitidos tras el canje. En el Gobierno confían en que no habrá una desestimación in limine, aunque eso no implica necesariamente que la Corte vaya a tomar el caso. También tiene la opción de girar el expediente al procurador general o esperar a que se resuelvan las apelaciones surgidas luego del fallo de Cámara del pasado 23 de agosto, como sugirió Argentina. De hecho, lo que tendría que resolver la Corte ahora es un pedido de apelación del primer fallo de la Cámara, previo a su última resolución. Como el caso argentino se trata junto con muchos otros, puede que los magistrados no lleguen a tomar una decisión hoy y que incluso la posterguen hasta la semana próxima.

La estrategia defensiva argentina tuvo hasta ahora el siguiente recorrido. La representación legal del país en Estados Unidos presentó el 23 de junio último un recurso de apelación ante la Corte Suprema rechazando el primer fallo de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre de 2012, que ratificó el embargo de Griesa sobre los pagos que Argentina realiza a los bonistas que entraron al canje a través del Bank of New York (BONY). Este recurso fue anterior al último fallo de la misma Cámara de Apelaciones, del 23 de agosto pasado, donde resolvió la legalidad del reclamo de los fondos buitre por el ciento por ciento del valor original de los bonos en default en su poder.

La decisión de la Corte Suprema de considerar el caso argentino está referida a la apelación del 23 de junio, para decidir si acepta o rechaza ese recurso. Si lo acepta, tomaría el caso y, por tanto, le correspondería decidir si es legítimo el reclamo de los fondos buitre o si, por el contrario, es válida la argumentación argentina que, por igualdad de derechos con la mayoría de acreedores que aceptaron el canje (93 por ciento hasta el momento), correspondería que los buitres recibieran igual tratamiento, en quita y plazos de pago. También está la opción de que lo rechace in limine o que pida otras opiniones. Lo que comenzará a hacer el tribunal a partir de hoy es reunirse a puertas cerradas con sus asesores para considerar el caso argentino y otros que ingresaron con pedido de tratamiento en esa instancia, hasta alcanzar una definición en cada uno.

Los abogados argentinos remarcan que la decisión de la Corte no modifica la vigencia del no innovar (stay) que le permite a la Argentina no tener que cumplir con la sentencia de Griesa. Esto es porque ese stay es parte de la orden que la Cámara dictó el pasado 23 de agosto, y no el 26 de octubre de 2012. Por lo tanto, se mantendrá vigente hasta que Argentina complete todas las instancias de apelación correspondientes a esa segunda resolución. Entre los pasos se incluye el pedido de revisión del plenario (en banc) y si la Cámara decidiera rechazarlo, medida que se conocerá en octubre, Argentina tiene 90 días más para presentar un pedido de “certioraris” a la Corte Suprema vinculado ya con esta segunda causa del 23 de agosto y no con la del 26 de octubre de 2012 que el máximo tribunal está analizando ahora. Es decir, Argentina tiene al menos hasta enero para presentarse a la Corte y desde ese momento corren tiempos para realizar presentaciones y respuestas de los demandantes.

Igual la decisión que tome la Corte Suprema ahora es relevante porque empezará a dar algunos indicios sobre su posición frente a esta disputa. Si acepta el caso en esta instancia –algo poco probable– el gobierno argentino lo tomará como un triunfo, porque la última palabra ya no sería la de la Cámara que falló contra el país. Si rechaza el pedido, la disputa seguiría abierta, pero es muy difícil esperar que cuando le llegue la segunda apelación resuelva diferente. En cambio, si posterga una definición el suspenso sobre la postura de la Corte se extenderá hasta el año próximo, cuando tenga que resolver de manera definitiva.

La disputa que se está saldando en los tribunales de Nueva York es la que iniciaron los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel. Ellos reclaman unos 1330 millones de dólares, pero el problema no es sólo el monto. Si la Argentina les paga a esos acreedores el ciento por ciento de lo reclamado, todos los que ingresaron al canje estarán en condiciones de reclamar lo mismo. Entonces la reestructuración que negoció el entonces presidente Néstor Kirchner a partir de 2003 se habrá caído.

Desde que la Cámara ratificó el fallo de Griesa el pasado 23 de agosto, el Gobierno tomó una serie de medidas para demostrar voluntad de pago y al mismo tiempo prepararse para un eventual fallo definitivo en contra. El oficialismo aprobó la apertura del canje de deuda por tercera vez para que el siete por ciento de los bonistas que nunca ingresó vuelva a tener las mismas posibilidades que el resto. Además, le ofreció al 93 por ciento que entró a los canjes anteriores la posibilidad de reemplazar sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires para dar una garantía adicional.

De este modo, el Gobierno deja en claro que no les pagará a los fondos buitre el ciento por ciento de lo que reclaman y busca evitar que la reestructuración de la deuda se caiga en caso de que quede firme el fallo del juez Griesa. Ambas medidas fueron a su vez un mensaje para la Corte Suprema de Estados Unidos. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro el pasado 26 de agosto la relevancia que tendrá la decisión de la Corte de ese país cuando anunció la reapertura del canje y la opción de reemplazar los títulos surgidos de los canjes anteriores por otros con legislación nacional: “La decisión que hemos tomado es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos porque estaríamos ante un caso que no sólo tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”, aseguró.