El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, acusó a la Justicia de frenar las causas que vinculan al narcotráfico con el lavado de activos. En una entrevista concedida a Página/12, el funcionario aseguró que todo lo actuado por esa dependencia “se choca con un esquema judicial de la Nación proclive a la dilatación de las causas”. En cuatro años de funcionamiento, en los que la UIF actuó como querellante en numerosas causas –muchas de impacto internacional– sólo hubo dos sentencias firmes por narcotráfico. “Lo que molesta es que desde esa estructura judicial, de jueces del norte argentino y desde la misma Corte Suprema, salen posiciones que dicen que el Estado debería actuar. Cuando la posibilidad de actuar está limitada por la visión judicial de estos temas”, señala Sbattella. El funcionario apuntó también a la asociación de concesionarios de automóviles (Acara), que presentó una cautelar para no estar obligada a informar sobre operaciones sospechosas en caso de venta de autos de alta gama. Respecto del actual blanqueo, aseguró que se presentaron datos al Grupo de Acción Financiera (GAFI) de operaciones sospechosas informadas por los bancos.

–Es una muestra de la complicidad que existe del sector privado con el narcotráfico indirecta o directamente. En realidad, sólo les importa el negocio, lo que además se ve favorecido por el dólar blue, ya que pueden vender un auto de 50.000 dólares en 35.000 que compran en el paralelo. La excusa del incremento en los costos de averiguar el origen de los fondos y del comprador, que sostienen estas concesionarias, es mentira. En pocos minutos se hace el perfil del cliente para saber si se puede o no vender el auto.

–Mendoza es una jurisdicción bastante compleja en lo que es el control del lavado de activos, porque la Cámara de Segunda Instancia dio cautelares a distintos sujetos obligados para quitarles esa responsabilidad. En este caso se presentaron dos concesionarias y Acara acompañó la presentación. La Justicia de Primera Instancia de Mendoza le dice que no, pero la Cámara lo acepta y, además, no sólo la hace regir en la provincia, sino para todos los asociados de Acara, todos los concesionarios.

–Esta cautelar se dictó en el marco de la vieja resolución que se dispuso el año pasado. La semana pasada dictamos una nueva para la venta de autos de alta gama, como objeto para la presentación de datos para identificar a los compradores. Nosotros entendemos que esta cautelar no alcanza a la nueva resolución. De todos modos, hay concesionarios grandes que dan respuesta a los requerimientos de la UIF. El antecedente lo tenemos en Rosario, donde en el marco de una de las causas penales, una agencia de autos de alta gama era de un narcotraficante. Todo el barrio se manejaba en Mini Coopers.

–Tenemos competencia para supervisar las concesionarias y en base a eso ver si cumplen con las normas de prevención. Si no lo hacen, veremos la sanción que se aplica, y lo resolverá la Justicia. Nosotros entendemos que la cautelar no abarca la nueva ley, por eso vamos a actuar en consecuencia.

–Tenemos una gran cantidad de casos relevados para conseguir efectividad de la legislación, que chocan con un esquema judicial de la Nación proclive a la dilatación de las causas, ya sea por inutilidad o complicidad. ¿Cómo puede ser que las causas de narcotráfico de nivel internacional en el país no lleguen a tener efectividad en función de todos los trámites judiciales que se requieren? La situación aparece como una despreocupación por el destino del dinero. Hay una subestimación del poder económico de las organizaciones que crean los narcotraficantes que son detenidos.

–Los jueces sólo se interesan por el tema del narcotráfico y el contrabando del narcotráfico, pero no avanzan en la investigación paralela por el lavado de activos y origen de los fondos. Esto deriva en casos paradigmáticos, como el de la familia Juliá. Como no vendió la droga, el juez Cattáneo consideró que fue un intento de contrabando, y no contrabando, con 32 millones de euros que se colocaron en España. España puso una multa de 100 millones de dólares y una condena por 14 años y le sacaron el avión. Lo mismo Uruguay y Estados Unidos. Nosotros no pudimos siquiera entrar en la casa.

–Tenemos pedidos de embargos, decomisos y congelamientos en casi todas las causas y nos encontramos con una resistencia tremenda del Poder Judicial. Si no tiene correlato por el lado de la Justicia, la efectividad y lucha del lavado de activos que encaramos desde la UIF termina siendo muy baja. En cuatro años sólo tenemos dos sentencias por lavado de activos y narcotráfico, con siete presos. También hay procesadas unas treinta personas y ninguna presa. La mayoría de las causas son procesales, pero los jueces se terminan declarando incompetentes.

–No tenemos para mostrar multas y presos. Estuvimos dos años discutiendo la competencia para aplicar las multas, si era de primera o segunda instancia, hasta que llegamos a la Corte. Tenemos una estructura de multas de bancos que han pagado sanciones en todas partes del mundo, menos en la Argentina. Acá pagaron casinos, galerías de arte y joyerías, que reconocieron la atribución, pero no los bancos. Se acumulan en los últimos años 50 millones de dólares de multas a bancos, que no pagaron, mientras que sí lo hicieron en Estados Unidos.

–La lista gris en la Argentina es un caso especial. No se puede decir que no se cumple la ley, sino la sintonía fina, como son las multas y la efectividad de las sanciones. No corremos riesgo de que nos corran del GAFI o el G-20. No obstante, nos complica porque viene la cuarta ronda de evaluaciones, con nuevas 40 recomendaciones, las cuales tendríamos que estar discutiendo, pero estamos en la discusión de las viejas recomendaciones. Las actuales se basan en análisis de riesgo. Estamos en paralelo preparando un sistema de análisis de riesgo, para cuantificar posibles amenazas.

–Tuvimos reportes. Son secretos. Nos permitió mostrarle al GAFI en octubre las estadísticas y que había reportes, con lo que el sistema preventivo funcionaba bien. También nos pidieron datos de lo decomisado hasta el momento.

–La información de lo decomisado se lo guarda la Justicia. Hay una acordada de los jueces que prohíbe dar ese dato al Ministerio de Justicia. Eso lo terminan administrando los jueces: móviles, dinero, inmuebles, aviones y cosechas enteras. Tienen un veedor que mandan los jueces y ellos lo administran. Eso debería ir al Estado a las distintas dependencias. Por ejemplo, en el caso de narcotráfico a los planes sociales y lo de lavado a la UIF.