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Mañana arranca formalmente la negociación de un nuevo programa con el FMI. Para el Gobierno la instancia que se abre es determinante, pues el acuerdo abarca los próximos tres años y los compromisos que allí asuma condicionarán la mayor parte de su gestión. El director gerente del FMI, Horst Köhler, hizo la primera movida al reclamar anteayer una serie de “reformas estructurales” y al advertir que será necesario aumentar el superávit fiscal, tanto a nivel nacional como provincial. Si así lo hiciera, el Gobierno estaría poniendo en riesgo la recuperación económica. También estaría convalidando un superajuste, que Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna terminaron aceptando para este año, según recordó, en diálogo con este diario, la economista Mercedes Marcó del Pont.
La directora de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) elaboró un estudio en el que compara la asignación del gasto a valores constantes en 1998 y en el presupuesto actual. Una primera conclusión es que el gasto social se redujo este año un 10 por ciento, a pesar de que la desocupación era entonces del 12 por ciento y ahora ronda el 16, la pobreza afectaba al 26 por ciento de la población y ahora al 55, y la indigencia ascendía al 7 por ciento y en este momento es del 25.
Marcó del Pont explicó a Página/12 que tomó como referencia el año ‘98 porque fue el último con relativa estabilidad. La inversión pública es ahora un 33 por ciento inferior a la de entonces, mientras que los recursos asignados al pago de intereses de la deuda son un 60 por ciento mayores. En este punto, sin embargo, corresponde una aclaración, porque los fondos presupuestados fueron 13.974 millones de pesos, pero finalmente se destinarían cerca de 11.000 millones. En ese caso, se gastaría un 26 por ciento más en el pago de la deuda que hace cinco años.
Otro dato revelador es que en la década del ‘90 se obtuvo un superávit primario promedio del 0,5 por ciento del PIB, contra el 2,1 por ciento que se pactó para este año a nivel nacional (además, las provincias deben lograr un superávit equivalente al 0,4 por ciento del PIB). En resumen, el acuerdo actual contuvo una fuerte exigencia fiscal, con menos recursos para atender la emergencia social y reanimar la economía cuando ésta atravesaba una crisis inédita.
Köhler, de todos modos, sigue pidiendo más. Marcó del Pont advirtió que acceder a una demanda semejante tendría dos consecuencias: en primer lugar, se estaría cristalizando una asignación del gasto sumamente regresiva, que condenaría a seguir en la pobreza a más de la mitad de los argentinos. En segundo lugar, el Gobierno comprometería la recuperación económica al quedarse sin herramientas esenciales, como disponer de recursos para activar con fuerza la inversión pública y los salarios.
Miguel Bein, ex secretario de Programación Económica, coincidió en que “el Gobierno debe fijarse como objetivo prioritario que la economía siga creciendo”. Y para ello, “tiene que contar con fondos para impulsar la demanda, aumentando el gasto público”. “Mientras más dinero quede acá, sobre todo el año que viene, mejor”, insistió. En contrapartida, el superávit sería inferior y se les pagaría menos a los acreedores. Bein también remarcó que “el Gobierno debe insistir en mejorar los ingresos. Hay que lograr que el salario real promedio de la economía suba entre 4 y 5 por ciento por año durante un lustro”. Para eso, otra vez, hace falta gastar más, en lugar de incrementar el superávit y destinar esos recursos a la cancelación de intereses de la deuda.
“El nivel de superávit que Argentina comprometa es decisivo”, volvió a subrayar Marcó del Pont. “Si no hay una política de gasto muy expansiva, con fuerte inversión pública y redistribución de la riqueza, el crecimiento se va a asfixiar”, pronosticó. En su opinión, el motor de la economía en este momento no puede ser el sector privado, por lo que ese rol le queda al Estado. Al igual que Bein, sostuvo que hay que minimizar el superávit fiscal en los próximos años hasta que se alcance unasituación sostenible. Esos años son los que abarcan el acuerdo en discusión.
Un elemento que juega a favor del Gobierno es que “Brasil sobreactuó el ajuste fiscal y le fue mal”, indicó Bein. Eso le da espacio a Kirchner y a Lavagna para sostener una posición más firme. Además, el directorio del FMI mostraría más voluntad de acordar que el año pasado, acotando el espacio de presión para el staff del organismo. Si efectivamente es así o no, se sabrá a partir de mañana, cuando empiece a escribirse otro capítulo de esta historia que parece interminable con el FMI.