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Pueden considerarse afortunados. Por denunciar ante la Justicia ciertas maniobras en las que sospecharon el vaciamiento de una compañía de seguros bajo la aparente vista gorda del organismo de (sedicente) contralor, y contando ellos, los denunciantes, con el explícito y enfático respaldo de la Oficina Anticorrupción, los abogados Pablo Guevara y Silvia Nora León, pertenecientes a la Superintendencia de Seguros de la Nación, han sido sancionados con diez días de suspensión, luego de haber corrido serio peligro de quedar exonerados. La sanción les fue impuesta por Claudio Moroni, titular de la SSN, puesto en ese cargo en marzo de 2002 por iniciativa de Lisandro Barry y que, contra todos los pronósticos, aún no fue removido. La grave falta que se les imputa a los suspendidos consiste en haber señalado en negro sobre blanco la responsabilidad de la Superintendencia, por controlar mal o nada, en el hundimiento de la aseguradora La Confianza, que representa apenas uno entre muchísimos casos. Además, León y Guevara, como liquidadores oficiales, entendieron, tras investigar el caso, que esa compañía fue en realidad vaciada en beneficio de otra, llamada Paraná, a la que se le habrían transferido inmuebles tras ventas simuladas y cedido cartera y hasta empleados de la fallida. Estos presuntos hechos se desarrollaron entre 1997 y 1999, bajo el paraguas protector del menemismo, según sospechan los ahora sancionados. Datos sugestivos no faltan. Uno pintoresco es que Silvia Cristina Majdalani, presidenta de Paraná Seguros, encabezó la Agrupación Nacional El Aguante, que se batió por la candidatura presidencial de Carlos Menem.
Majdalani fue colocada en su alto cargo empresario por Marcos Balabanián, principal accionista de La Confianza, y su hijo Gustavo Marcos B., cuando éstos compraron Paraná. En La Confianza, Balabanián padre tenía como socia a la sociedad Comunidad Económica, que era de él mismo y de su hijo. Ambos poseían además dos empresas vinculadas al negocio –una de remolques y otra de turismo, Sunset Viajes–, en yunta con el hijo de Aldo Elías, dueño del hotel Presidente, que sirvió de bunker a Menem y, según fuentes, de habitual cobijo al Balabanián progenitor. Majdalani querelló a Guevara y León por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y tentativa de estafa, pero la causa fue desestimada.
Como recompensa a su actitud de denuncia, estos abogados, que eran (y son) liquidadores al servicio de la SSN, fueron puestos en la congeladora en septiembre de 2000, y allí permanecen, adscriptos a la Gerencia de Estudios, donde no pueden molestar a nadie. Página/12 narró su caso el 30 de mayo de 2002, cuando aún se les sustanciaba el sumario por deslealtad. Esto a pesar de que la Sigen, en agosto de 2001, cuando la conducía el actual canciller Rafael Bielsa, había fustigado la inoperancia de la Superintendencia en términos parecidos a los utilizados por León y Guevara.
Dado que la inmensa mayoría de las aseguradoras que caen en liquidación judicial tienen activos ínfimos en relación a sus pasivos, la responsabilidad de la SSN es clamorosa por permitirles llegar a ese estado de absoluta insolvencia. Pero si algo no les está permitido a los liquidadores es señalar este hecho evidente. La idea es que, al hacerlo, facilitan que los damnificados, al comprobar que las aseguradoras son cáscaras huecas, accionen contra la Superintendencia. Y lo cierto es que ésta ya ha sido condenada por la Cámara Federal de Mar del Plata a resarcir a asegurados. La reacción obvia y virtuosa, que sería fiscalizar el negocio asegurador como corresponde, no entra en consideración.
Desde enero de 2001, después del disgusto que le causaron estos letrados díscolos, la SSN impuso la censura previa sobre los informes que los liquidadores deben rendir: tres días antes de llegar a manos del juez comercial que supervisa cada liquidación, los escritos deben ser sometidosa la Superintendencia, por si es menester efectuarles “correcciones”. Ya se sabe: hay que tener mucho cuidado en cómo se explican las abismales diferencias que emergen entre el verdadero estado patrimonial de las compañías y lo que consignan sus balances trimestrales, que recepta y convalida la SSN.