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“El chileno, por causas de herencias y por temperamento, es quizás el peor de los maridos. De su compañera, que la ley le da, él hace una esclava; pues unido a la esposa por lazos indisolubles, nada puede temer.” Con este discurso, el 28 de noviembre de 1914, un diputado liberal chileno intentó abrir el debate parlamentario para instaurar en su país el divorcio vincular. Casi 90 años después la discusión continúa. Pero Chile está cada vez más cerca de dejar de ser el único país de Occidente que se niega a aceptar que la gente se separe cuando quiere y que pueda volver a casarse legalmente. Hoy, el Senado tiene previsto empezar a tratar un proyecto de ley –con media sanción– que prevé esa posibilidad. La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Ricardo Lagos, pero es fuertemente resistida por la Iglesia Católica: en un manotazo de ahogado, el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, propuso incorporar una modificación que permita que las parejas, en el momento de casarse, puedan optar si lo hacen “con o sin” el principio de la indisolubilidad matrimonial.
Según una encuesta realizada por el diario El Mercurio y difundida el domingo, el 73,3 por ciento de los chilenos está de acuerdo con una ley de divorcio.
El trámite parlamentario no será sencillo. En principio, el Senado debe aprobar si acepta tratar el tema y aunque se descarta que sí lo hará, se espera que el proceso dure al menos tres sesiones, ya que cada parlamentario dispondrá de 15 minutos para exponer sus argumentos. Después se abrirá un plazo de un mes para presentar observaciones al texto. Se estima que la votación final llegará hacia fin de año. Luego, si se introducen cambios, deberá volver a Diputados.
El proyecto pretende modificar la ley de matrimonio civil vigente desde 1884. Se basa en una iniciativa presentada en 1995 por diputados de distintas bancadas –incluida la Democracia Cristiana, cercana a la Iglesia–, que recibió media sanción en 1997. La propuesta plantea que el matrimonio civil puede finalizar mediante nulidad, separación o divorcio. Sólo en este último caso –que demandaría, en principio, un trámite de cuatro años– los cónyuges quedan separados ante la ley. El Ejecutivo promueve que se incorpore una “indemnización compensatoria por desequilibrio patrimonial” para el cónyuge que se haya dedicado al cuidado de los hijos y la familia.
Actualmente en Chile existe el divorcio, pero sin disolución del vínculo, es decir, sólo suspende oficialmente la vida en común, pero no produce la disolución del vínculo matrimonial, y por ende, no habilita para contraer nuevas nupcias a ninguno de los cónyuges divorciados. Los efectos prácticos de este divorcio se refieren sólo a aspectos patrimoniales, ya que la mujer recupera sus bienes (que cuando estaban casados administraba el marido) y puede disponer de las ganancias de la sociedad conyugal tal como si hubiera enviudado. Lo más frecuente en Chile es que los matrimonios se anulen sobre la base de un fraude legal tácitamente aceptado. Para que el casamiento tenga validez debe celebrarse ante el oficial civil competente del lugar donde estuviera domiciliado alguno de los cónyuges. Pero en la práctica el cumplimiento de ese requisito es muy fácil de impugnar, y eso es lo que sucede: bastan dos testigos que declaren que ninguno de los contrayentes vivía en la comuna que le correspondía al oficial civil.
Por primera vez en la historia chilena la discusión en torno del divorcio cuenta con la opinión clara del Ejecutivo: Lagos es el primer presidente que se pronunció abiertamente a favor de la ley. Separado y unido nuevamente, incluyó en su campaña el impulso de la ley de divorcio. El tema divide a los católicos. Mientras un grupo de parlamentarios identificados con la Iglesia es partidario del divorcio, la jerarquía eclesiástica ha expresado su férrea oposición y está haciendo lobby entre los senadores para que modifiquen el texto de modo tal que las parejas, enel momento de casarse, puedan optar si lo hacen “con o sin” el principio de la indisolubilidad matrimonial. El planteo, rechazado por varios senadores, incluso de la Democracia Cristiana, ha desatado una virtual guerra santa. Los líderes de las iglesias protestantes, que apoyan el divorcio, acusaron al cardenal de Santiago de efectuar “presiones indebidas” sobre los legisladores. “Nos parece inoficioso que promueva un matrimonio indisoluble, perfecto, y otro tipo de matrimonio para otros credos, divorciable, de segunda clase. Es claramente discriminatorio”, advirtió el presidente del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana de Santiago, Emiliano Soto.