El Gobierno apelará hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo del juez Thomas Griesa que obliga al país a pagarle a un grupo de fondos buitre la deuda que reclaman sin quita y en efectivo.

El objetivo oficial es que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y revise la decisión de tener que abonar unos 1330 millones de dólares por tenencia de títulos defaulteados en 2001 para que la reestructuración de la deuda iniciada en 2005 no corra riesgo.

En febrero de 2012, el juez Thomas Griesa emitió un fallo donde le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló y el 26 de octubre de ese año la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la demanda por la supuesta discriminación. Esa demanda fue apelada ante la Corte Suprema y el máximo tribunal decidió no tomar el caso. Una de las especulaciones fue que el máximo tribunal de los Estados Unidos eligió mantener el stand by hasta tanto llegue a su estrado la segunda porción del juicio.

En esta otra etapa se define el monto y la forma en que la Argentina debe pagarles a los acreedores. Tanto el juez Thomas Griesa como un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York fallaron que el pago debe ser por 1330 millones de dólares, en una vez y en efectivo. Ante este revés, la Argentina pidió que el fallo lo estudien los trece magistrados de la Corte de Apelaciones, acto que fue denegado el 18 de noviembre de 2013 y favorece en forma directa a los fondos Elliot y NML Capital. Por tanto, la última instancia es la apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La estrategia oficial se centra en intentar demostrar la falta de equidad que supone privilegiar a los holdouts con respecto al 93 por ciento de los bonistas que sí ingresaron al canje. Para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas, el Gobierno ofertó la reapertura del canje que ya está aprobada por el Congreso y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.

El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien lidera el proceso con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, buffet que históricamente defendió a la Argentina en esta causa. Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el record de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años. No obstante, y más allá de la experiencia de Clement, las posibilidades de la Argentina son acotadas porque la jurisprudencia indica que la Corte estadounidense toma muy pocos casos por año.

El máximo tribunal estadounidense dio una señal positiva el pasado 10 de enero, cuando informó que analizará el fallo que permite a los fondos especulativos buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior como parte de su estrategia para trabar embargos contra el país. El fallo fue otorgado por el Juzgado del Segundo Distrito (Manhattan) de Nueva York y convalidado por la Cámara de Apelaciones. En ese caso conexo, las posibilidades se incrementaron con el respaldo que recibió el pedido argentino de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque ni el apoyo de la administración Obama ni la aceptación de la Corte por ahora se extienden a la causa principal entre la Argentina y los buitres en el juicio donde los tenedores de bonos especulativos exigen 1330 millones de dólares en efectivo. De todos modos, es un antecedente relevante a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitre. El elemento más alentador para la posición argentina se encuentra en la primera nota al pie del texto puesto en el amicus curiae de Estados Unidos, que, en sintonía con la argumentación que viene realizando el país, recuerda que también fueron ignoradas sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos”, y agrega “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de las crisis de deuda soberana”.