Un día después de lo previsto, el Gobierno presentará hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido de revisión del fallo firmado por el juez Thomas Griesa que convalidó el reclamo de los fondos buitre. El objetivo del equipo económico es que el máximo tribunal estadounidense acepte analizar el caso y que revise la decisión que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares en efectivo a los fondos NML, Aurelius y Blue Angel, entre otros demandantes. El writ a certioriari representa la última instancia legal en la disputa con los buitres que no participaron de los dos canjes de deuda. Las chances para que el caso sea discutido por los supremos norteamericanos son bajas. En octubre, ya rechazaron un pedido de revisión presentado por Argentina que contaba con el respaldo del gobierno francés y el FMI. Los condimentos geopolíticos de la disputa y las consecuencias de un fallo adverso sobre futuras reestructuraciones de deuda ofrecerían razones para que la disputa sea analizada. La posición que asuma la administración de Barack Obama podría ser determinante.

El secretario de Finanzas, Pablo López, trabajó junto con la Unidad de Reestructuración de la Deuda, que encabeza Hernán Lorenzino, y el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton en la elaboración del documento que será presentado hoy en papel a la Corte Suprema. Había trascendido que la fecha de presentación era ayer, pero el tercer lunes de febrero en Estados Unidos es feriado en conmemoración del nacimiento del presidente George Washington, también conocido como Día del Presidente.

La posición oficial sostiene que el fallo de Griesa violenta la inmunidad soberana del Estado argentino consagrada por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FISA, por sus siglas en inglés). Los abogados volverán a señalarle a la Cámara que los fondos que se utilizarán para pagarles los vencimientos a los acreedores son inmunes bajo la FISA. Esa posición ya recibió el respaldo del Departamento del Tesoro en otros casos. Para reforzar la argumentación en relación con las violaciones a la FISA, el Gobierno incorporó a su equipo legal al abogado Paul Clement. El ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown logró que el máximo tribunal de su país acepte 41 casos suyos, un record atractivo, entre los cuales figuran una reciente defensa contra el matrimonio igualitario.

Desde la visión del equipo económico, la aplicación del fallo de Griesa supone privilegiar a los holdouts con respecto al 93 por ciento de los bonistas, que ingresaron al canje. Para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas, el Gobierno ofertó la reapertura del canje que ya está aprobada por el Congreso y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.